Pla, Zapatero y Etelvina Andreu, en un mitin de 2007. Foto: EFE/Manuel LorenzoVALÈNCIA/ALICANTE. Cuatro juzgados, uno de Benidorm, otro de Gandia y dos de Madrid capital, investigan si el PSPV utilizó en 2007 la empresa de comunicación de Gandia Crespo Gomar como canalizadora para que diversas empresas constructoras le pagasen parte de la campaña electoral a cambio de adjudicaciones. Entre esas adjudicaciones estarían las que está bajo la lupa de los juzgados madrileños, por más de dos millones de euros, que recibió la empresa Crespo Gomar de los ministerios de Sanidad y Vivienda tras las elecciones de 2007, cuando Etelvina Andreu, excandidata socialista a la alcaldía de Alicante, fue nombrada directora general de Consumo en el Ministerio de Sanidad.
Similares hechos, con constructoras y empresas de servicios locales, se investigan respecto al Bloc, principal integrante de la coalición Compromís, formada años más tarde.
El asunto no es nuevo, al menos en lo que respecta al PSPV. Hace nueve años que el periódico El Mundo señaló públicamente dichas adjudicaciones, pero no fue hasta hace poco mas de un año, en diciembre de 2016, que el juzgado de Instrucción número 21 de València abrió una investigación, lo que ha supuesto que el posible delito electoral que se pudiera haber cometido haya prescrito. No así otros delitos, como la malversación de caudales públicos, la falsedad documental o la prevaricación.
Además, este juzgado se declaró el pasado mes de enero no competente para proseguir con la investigación tras descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia. La instructora se inhibió entonces en favor de los juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, donde prosigue la investigación de unos hechos denunciados inicialmente por el PP.
Este supuesto nuevo caso de corrupción se asemeja, en su modus operandi, al de la trama Gürtel en Valencia durante la época de Francisco Camps como presidente de la Generalitat y del PPCV, causa que ahora está siendo juzgada en la Audiencia Nacional: un partido gasta en la campaña electoral mucho más dinero de lo declarado y parte de las empresas proveedoras facturan no al partido sino a empresas beneficiarias de contratos con la administración. La única diferencia es que en este nuevo caso sí se podría demostrar el pago de determinadas cantidades de dinero de empresas adjudicatarias a cambio de favores (cohecho), algo que dentro de la Gürtel no se pudo demostrar. Así, estaríamos ante una Gürtel socialista desarrollada durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y Joan Ignasi Pla como líder socialista valenciano.
Según fuentes cercanas a la investigación, al igual que en el caso del PP, en este la Policía cuenta con diversos correos electrónicos en los que se habla de cómo facturar, a quién y qué cantidades, algo que facilita enormemente la investigación tanto policial como judicial.
En cuanto a la investigación que se sigue en Madrid, se centra en las diferentes adjudicaciones que la empresa Crespo Gomar recibió de dos ministerios. Entre esas adjudicaciones hay una que se le dio directamente desde el departamento que dependía de Etelvina Andreu para promover un consumo responsable, seguro y solidario en las compras de Navidad y de rebajas. La relación entre Andreu y Crespo Gomar venía de las elecciones de 2007, cuando la empresa gandiense pagó la factura de 7.830 euros de una carpa que la socialista utilizó durante la campaña, además de varias jaimas, 50 metros de moqueta y un motor de luz para los actos electorales.
La relación entre Etelvina Andreu y la empresa comenzó en 2007 pero fue en 2008, cuando el ministro alicantino Bernat Soria repitió en el cargo tras las Elecciones generales, que Andreu fue fichada por el Ministerio de Sanidad y comenzaron las adjudicaciones a esta empresa. Además de la anteriormente mencionada para concienciar durante las compras navideñas y de rebajas, en diciembre de 2008 Crespo Gomar fue la adjudicataria de otra campaña, aunque esta vez desde el Ministerio de Vivienda.
Desde Vivienda recibió la campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de la Vivienda 2009-2012 por un montante de 348.378 euros, de los que 126.208 fueron para Crespo Gomar y el resto para otra de las empresas del grupo, Thinking Foward Spain.
No solo Sanidad y Vivienda dieron adjudicaciones a la empresa Crespo Gomar. Por parte de Acuamed (perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente) se le concedió la campaña de publicidad de la desalinizadora de Torrevieja. Además, Aguas del Júcar le adjudicó el diseño, la producción y el plan de comunicación de las actuaciones de las infraestructuras hidráulicas por un total de 234.700 euros.
También empresas cercanas al grupo Crespo Gomar consiguieron dinero público vía adjudicaciones. Entre ellos, uno de los proyectos del segundo Plan E, el proyecto «sistema TIC de comunicación» para la instalación de 19 aparatos electrónicos que servían para cotejar la opinión de la ciudadanía sobre el estado de la ciudad, se lo llevó Opino Media SL, vinculada a Crespo Gomar, por un importe de 223.880 euros. Esta empresa se encargó de uno de los congresos del PSPV.
En lo que respecta al Bloc, la documentación en poder de la Policía incluye, según adelantó El Mundo este miércoles, un documento con la referencia 'estados de cuentas de Bloc'. La documentación la almacenaba Crespo Gomar e incluye una tabla con conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se repite la palabra 'concepto' con una serie de empresas.
La investigación busca determinar si estas empresas fueron las que asumieron las facturas de la campaña del Bloc en 2007, que dirigía el ahora presidente de Les Corts, Enric Morera, y conocer el por qué aparecen en su cuenta.
Según publica el mismo periódico, la investigación partió tras aportar el PPCV documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.
El presidente de esta empresa de Gandía, ya extinguida, es Alberto Gomar, hijo del que fue teniente de alcalde y miembro de la Comisión municipal informativa de territorio, sostenibilidad y vivienda del Ayuntamiento de Gandia Antoni Gomar bajo la alcaldía de José Manuel Orengo. La empresa fundada por Alberto Gomar y Pepe Crespo era la agencia de publicidad de cabecera del PSOE en la Comunitat Valenciana en aquella época.
En la empresa trabajaron otros nombres históricos del socialismo valenciano, como José Ramón Tiller, José Manuel Orengo y Pepa Frau, que entró en la empresa cuando dejó el Ayuntamiento de Gandia, del que fue alcaldesa. Fue con su llegada cuando la empresa empieza a trabajar de forma continuada para el equipo de Gobierno de la ciudad. Triller además fue uno de los miembros de la candidatura del PSPV de Castellón en los años noventa. La empresa entró en concurso de acreedores en 2011 y se liquidó y extinguió en 2014.
