La edil de Memoria Histórica, María José Espuch, ante las placas retiradas. Foto: AP ALICANTE. El auto que suspende la actualización del callejero de Alicante y ordena la reposición de unos 40 rótulos antiguos -suprimidos de la nomenclatura oficial por el tripartito en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica-, continuó generando múltiples reacciones e intrepretaciones 24 horas después de que se hiciese público. La primera fue la manifestada por el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, quien confirmó la intención del equipo de Gobierno de recurrir la resolución judicial con la intención de frenar la reposición de las placas retiradas. Dijo que ese recurso se fundamentaría en una contradicción fundamental: la juez suspende la sustitución de las placas antiguas por las nuevas pero mantiene el acuerdo de Junta de Gobierno por el que se aprobó el cambio de nombres que, dijo, sigue teniendo validez y continúa siendo el oficial.
A esa contradicción se añade una segunda que suscita dudas sobre la legalidad de la reposición de esos rótulos. Tanto los portavoces de Guanyar y Compromís, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido, como la edil de Memoria Histórica, María José Espuch (Compromís), apuntaron que el auto expone al equipo de Gobierno a incumplir la Ley de Memoria Histórica: "¿En qué ayuntamiento se atrevería alguien a colocar una placa con una referencia al Franquismo cuando la ley ordena todo lo contrario?", se preguntaron. Espuch incluso llegó a sostener en declaraciones a Radio Alicante que ella, personalmente, no se veía colocando esas placas por lo que apuntó que invitaría a los concejales del PP a ser ellos quienes las colocasen.
De ahí que los representantes de Guanyar y Compromís anunciasen, tras elevar una consulta a los servicios jurídicos municipales, que se presentaría un incidente de aclaración -al margen del recurso en sí mismo- para que la juez aclarase cómo debían llevar a efecto ese auto, ya que "se nos está pidiendo que cometamos una ilegalidad", apuntaron. Se trataría, según las mismas fuentes, de un acto teóricamente irregular, como el que la propia juez ya reprocha al equipo de Gobierno, por haber llevado a cabo las sustituciones de placas sin esperar a que ella estudiase la petición del PP y concediese o no su beneplácito (derecho a la tutela judicial efectiva).
Por lo pronto, el ayuntamiento hizo acopio este viernes de las placas retiradas, depositadas en uno de los almacenes del complejo de Las Cigarreras. Según fuentes municipales, ni se colocaron placas nuevas pendientes (unos siete rótulos) ni se retiraron las ya colocadas. Compás de espera hasta que se concreten instrucciones.
Pero, además, el auto también siguió dando pie a todo tipo de interpretaciones en clave política. Las obvias fueron la reproducción de críticas y reproches entre el tripartito y la oposición. Por un lado, el portavoz del PP, Luis Barcala, presentó por registro un escrito en el que conminó al equipo de Gobierno a cumplir cuanto antes las medidas establecidas en la resolución judicial, ya que, el recurso anunciado por Echávari no puede conllevar efectos suspensivos.
Por otro, la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, señaló que el alcalde les había dado "la razón al admitir la chapuza que se ha hecho en todo el procedimiento, y que se ha constatado con la decisión judicial de rehacer todo; una cuestión tan sensible hay que llevarla a cabo de forma sosegada y con el máximo consenso posible", añadió.
Las placas antiguas retiradas a lo largo del mes de diciembre. Foto: EFEY Guanyar, en un duro comunicado, mostró su apoyo, sin fisuras, a la gestión de las Concejalías de Memoria Histórica y de Estadística y a sus responsables, María José Espuch y Daniel Simón, tras asegurar que "están siendo atacadas injustificadamente y de una manera torticera por los amigos del franquismo, representados en el Ayuntamiento de Alicante por el portavoz del grupo municipal Popular, Luis Barcala, y sus compañeros de partido".
El respaldo explícito a los dos concejales resultaba pertinente después de que el PP solicitase, el jueves, su dimisión voluntaria o cese por parte del alcalde, y de que éste se limitase a descartarlo al menos temporalmente. Al ser preguntado sobre la cuestión, Echávarri respondió que no se planteaba retirarles las competencias -aunque sí se había desmarcado de su forma de proceder tras subrayar que debía de haberse suspendido la sustitución hasta que la juez concediese autorización- sobre todo porque el fondo del recurso no se había resuelto. No aclaró que pasaría si la juez falla finalmente a favor del PP y acaba anulando el acuerdo de Junta de Gobierno por el que se revisó la lista con los nuevos nombres de calles.
Como publicó este diario, ese recurso se basa en la falta de motivación para llevar a cabo el cambio de esos nombres y su sustitución por otros, igualmente -en su opinión- no justificados, y en la vulneración del proceso administrativo que obligaba a aprobar los cambios en pleno (la decisión se adoptó en Junta de Gobierno). Aunque para el tripartito, esos argumentos son solo una excusa para ocultar el rechazo del PP a que se retirasen las denominaciones franquistas. "Ellos pudieron haberlas retirado desde el año 2007 y no movieron un dedo por mucho que digan que sí están a favor de que se aplique la Ley de Memoria Histórica", señalaron las fuentes consultadas.
La cuestión es que el debate sobre la corrección del proceso seguido -con crítica de Echávarri incluida- ha llevado a parte del tripartito a reflexionar sobre el papel desempeñado por los servicios jurídicos municipales. Guanyar y Compromís reiteraron este viernes que, cuando se conoció el recurso del PP y que se había solicitado la suspensión del acuerdo como medida cautelar, se elevó la pertinente consulta a los letrados del ayuntamiento y no alertaron de ningún impedimento para continuar con la sustitución. El área jurídica municipal depende orgánicamente de Alcaldía que, según fuentes de Guanyar y Compromís, tampoco puso ningún reparo a que se continuasen sustituyendo placas. Y, por último, las mismas fuentes señalan que los servicios jurídicos municipales mantienen la misma estructura con la que funcionaban durante los pasados mandatos, bajo el Gobierno del PP. "Nadie ha hecho nada para modificar esa composición, aunque sí se ha trasladado de área a otros funcionarios", indicaron. Y subrayaron que, durante la negociación del acuerdo de gobierno, sí se acordó la contratación de un abogado externo para que representase al ayuntamiento en la pieza de Brugal sobre el supuesto amaño del Plan General.
