Gerard Fulla y Josep Bigorra, antes de ampliar la denuncia. Foto: AP.BENIDORM. El plazo legal para la entrega de los expedientes de contratación vinculados a las facturas de Benidorm que Compromís ha entregado este lunes al fiscal hace ya una semana. Habiendo agotado todos los plazos y después de un último intento fallido el jueves de la semana pasada, Compromís ha llevado las informaciones sobre las cantidades facturadas como prueba y ha solicitado que se requiera la documentación que el Ayuntamiento benidormí se niega a entregar en el plazo marcado por la ley, como ya adelantara Alicante Plaza. En total, Compromís solicita expedientes de contratación de facturas valoradas en 1,6 millones de euros. El objetivo es comprobar si el modus operandi ya denunciado en Torrevieja y la Diputación de Alicante coincide con el de Benidorm.
“Hemos acudido a Fiscalía para que solicite toda la documentación sobre los contratos que el gobierno local del PP no nos ha dado todavía, a pesar de que hace más de un mes que la pedimos. Y además, hemos aportado las facturas del Ayuntamiento de Benidorm a la causa ya abierta por Compromís en la Diputación puesto que presentan muchos elementos en común, como por ejemplo que quién fue diputado del patronato de Turismo, Sebastian Fernández, sea hoy el actual asesor del alcalde. Esperamos que el gobierno del PP haga más caso a la petición de Fiscalía y entrego los contratos de los stands contratados en Benidorm”, ha destacado el portavoz de Compromís en Benidorm, Josep Bigorra que ha acudido acompañado del portavoz en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana.
Compromís ha acompañado el incumplimiento de entrega de documentación con nuevo material vinculado a la denuncia presentada el último 20 de febrero, un listado de facturas donde se evidencia el "alarmante trato a dichos empresarios", dice la coalición en un comunicado. Fullana ha destacado que “nos pueden amenazar, difamar o el que crean pero desde el primer día los tres ejes de Compromís en la institución provincial los estamos llevando a cabo: acabar con el clientelismo en las subvenciones, denunciar y fiscalizar casos de corrupción política y privilegios para que el dinero sea devuelto a las personas y nuevas propuestas frescas para poner los pueblos en el centro de atención”.
Compromís ha acreditado más de 6 millones de euros en diferentes instituciones gobernadas por el Partido Popular. El presunto fraude detectado incorpora pruebas de manipulación de adjudicaciones en consonancia con el modus operandi del caso Gurtel en Valencia. El caso salpica también en Torrevieja, donde Compromís sigue estudiando la presentación de la denuncia a fiscalía y donde se aprobaban contratos con las empresas vascas con el actual vicepresidente de la Diputación Eduardo Dolón como regidor y alcalde.
