Compromís cree que la investigación del Fitur de Alicante se retrasó para que prescribieran facturas

ALICANTE. Más allá de las irregularidades de las facturas del patronato de Turismo Costa Blanca de la Diputación de Alicante, bajo el mandato de José Joaquín Ripoll, Compromís tiene más sospechas: entre ellas, que la comisión de investigación -que ha permitido sacar a la luz todas éstas supuestas anomalías por valor de 3,2 millones- se retrasó durante unos meses para hacer correr el tiempo y que algunas de esas irregularidades quedaran prescritas, según ha desvelado este martes el portavoz, Gerard Fullana.

Y cómo ejemplo, Fullana ha citado una factura de 655.000 euros por la contratación de un stand que sólo se usó una sola vez y que fue construido por una de las dos empresas bajo sospecha: Exporigging y Equipamientos Integrales de Stands Molinos SL, ambas en manos de un matrimonio. Se trata de dos mercantiles radicadas en el País Vasco y que ya están siendo investigadas en una causa en los juzgados de Orihuela junto a la expresidenta del PP local, Pepa Ferrando, según Compromís. En esa causa, Fiscalía les imputa el fraccionamiento de los contratos para la instalación del 'stand' de Orihuela en Fitur entre 2008 y 2011 y les acusa de ser cooperadores necesarios en cuatro delitos de prevaricación administrativa y cuatro delitos de fraude.

Según los expertos consultados, los delitos penales prescriben a los 10 años. La factura en cuestión es de marzo de 2006, en concreto de marzo de ese año. La comisión de investigación sobre la gestión del PP al frente de la Diputación de Alicante, desde 2003 a 2015, se crea en mayo de 2016, pero no arranca definitivamente hasta el mes de septiembre. En medio, según ha recordado Fullana, estuvo el episodio del tránsfuga de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, que enmendó la creación de esa comisión para que se hiciera una auditoría externa hasta que la secretaria de la corporación desveló que eso era legal. "Se perdió un tiempo precioso para investigar", ha insistido Fullana. En esa situación, de posible prescripción, habría alguna factura más que sobrepasa los 300.000 euros, pues la mayoría, como ha comentado Fullana, no sobrepasan los 12.000 euros, de ahí que denuncie el fraccionamiento de contratos.

Pero al margen de ello, Compromís se reafirma en las irregularidades y anuncia que este miércoles presentará toda la documentación en la Fiscalía Provincial de Alicante al considerar que "hay indicios de los delitos de fraude en la contratación y prevaricación administrativa".

Compromís ha explicado que se buscaba no superar los 12.000 euros -era el límite que establecía la ley para adjudicaciones directas- en las adjudicaciones de los contratos y que todo se desarrolló, a su entender, a través de tres modus operandi en función del tipo de adjudicación abierto o cerrado.

"Si sumamos indicios de fraccionamiento, indicios de manipulación abierta, cerrada y todo con más de 20 expedientes de contratación que lo determinan y con el precedente de Gürtel de Fitur Valencia, que es el mismo modus operandi, y con la agravante de que estas empresas, no es que estén imputadas sino acusadas en el caso Fitur Orihuela, que alguien explique por qué el gobierno de César Sánchez dijo el miércoles -cuando se cerró la Comisión de investigación-, que todo se hizo correctamente", ha cuestionado Gerard Fullana.

En cuanto al modo de proceder, Compromís ve indicios de manipulación en los contratos abiertos por urgencia. Fullana ha relatado que se daban "sin justificar la urgencia" y a los que se "presentaba una sola empresa". "Traemos muchísimas pruebas de esta manipulación de contratos abiertos", ha asegurado el portavoz de Compromís, que ha relatado que se hacía "por urgencia, sin justificarla, y en épocas de vacaciones y de forma repetida". "Es una prueba flagrante. Si estamos en un día señalado de fiesta, sacas una adjudicación exprés con dos o tres días festivos y un fin de semana, pasaba lo que pasaba, que solo se presentaba una empresa", ha continuado.

Además, en los contratos cerrados, Fullana entiende que se dan cuenta de que con las cantidades con las que trabajan "no hay suficiente" y "quieren hacer facturas más elevadas". "Lo que hacen es invitar a tres empresas, pero lo que ocurre es que dos eran del mismo propietario, una estaba a nombre del hombre y otra al de la mujer, y una tercera empresa, que siempre es la misma y que siempre antes del inicio del proceso declina sistemáticamente participar", ha agregado.

Como ejemplo, ha indicado que en uno de los casos se remitió la invitación por fax desde la Diputación a las 13.43 horas y antes de las 14.00 horas, cuando cierra el registro, "en el mismo día, esta empresa firma una propuesta respondiendo a esa invitación con todo redactado y la propuesta hecha. En unos minutos eran capaces de redactar un pliego de condiciones. Es increíble y difícil".

Finalmente, Gerard Fullana ha explicado que el tercer modus operandi se sitúa en los contratos abiertos a partir de 2007, "cuando cambia la ley". "Es un agravante y ya no se permitía hacer por urgencia en siete días y no se puede evitar que participen más empresas. De modo que es cambiar la ley y lo que hacen es manipular el criterio de selección de empresas: hoy en día el precio es el 100%, de modo que la más barata se quedará la adjudicación; en aquel momento, el precio solo contaba el 10% y era el último factor". "Así, la oferta más cara, sistemáticamente, se queda el contrato", ha lamentado Fullana.

Y han detallado que la ley decía que con criterios subjetivos era preciso el visto bueno de una comisión de técnicos, con tres profesionales independientes, que acreditara la subjetividad, "no consta, es muy grave. Hay la firma de una persona, pero eso no es una comisión técnica, faltan dos más".