La postura de fuerza de las dos patronales provinciales, que suma mayoría en la asamblea, podría forzar a Cierval a aceptar la quita del 95% en la deuda de Coepa
ALICANTE. La patronal alicantina, Coepa, y su homóloga castellonense, CEC, intentarán llegar a la asamblea de Cierval (que aún no tiene fecha) con una postura común de rechazo a los nuevos estatutos que pretende aprobar el presidente de la patronal autonómica, José Vicente González, y que en la práctica supone limitar la representatividad de las patronales provinciales en la autonómica.
Según han confirmado a Alicante Plaza fuentes conocedoras de los contactos, el presidente de Coepa, Francisco Gómez, y el presidente de la gestora de la CEC, Néstor Pascual (la patronal castellonense está descabezada y dirigida por una gestora desde que su cúpula tuvo que dimitir este verano, imputada por fraude en el cobro de subvenciones este verano), se han citado para una reunión previa a la asamblea de Cierval en la que intentarán cerrar una postura común de rechazo al cambio de estatutos.
Las dos patronales provinciales atraviesan sus horas más bajas. La CEC, con su histórico presidente José Roca y su exsecretario general Rafael Montero imputados por el presunto fraude, ha quedado en manos de una gestora que tiene que lidiar con un importante volumen de deuda y que podría tener que acudir a un concurso voluntario de acreedores. En cuanto a Coepa, que ya dio el paso de solicitar el concurso, acaba de ser denunciada por el Servef por un presunto fraude en la tramitación de las subvenciones que recibió para construir el centro de oficios, sobre el que pesa una deuda de 3,9 millones de euros con el IVF, principal acreedor de la patronal.
Según ha podido saber este diario, Coepa valora pactar una postura de fuerza con la CEC para forzar también a Cierval a aceptar la quita del 95% que la patronal alicantina ha propuesto a los acreedores ordinarios para poder superar el concurso. La patronal autonómica es el acreedor ordinario al que se adeuda una mayor cantidad, cercana a los 500.000 euros (por cuotas atrasadas). Una estrategia que podría resumirse en "estatutos por quita".
La citada reunión aún no tiene fecha. La CEC está ahora centrada en terminar la auditoría a sus cuentas para conocer el estado real de la confederación, y no adoptará decisiones estratégicas hasta que reciba el documento (la fecha límite es el 31 de octubre). Entre esas decisiones podría estar, de hecho, la de entrar en concurso. En cualquier caso, la asamblea de Cierval ni siquiera está convocada, aunque tradicionalmente se celebra en julio. Eso sí, la patronal autonómica está obligada a celebrar una asamblea anual, por lo que González tiene tres meses por delante para llegar a un acuerdo con las provinciales o bien celebrar la asamblea sabiendo de antemano que tumbarán su propuesta.
Tanto Coepa como la CEC son partidarias de mantener los estatutos de Cierval en sus actuales términos, al contrario que González y el presidente de la patronal provincial de Valencia (CEV), Salvador Navarro, que apuestan por permitir la afiliación directa de organizaciones sectoriales sin pasar por la estructura provincial. Un cambio que permitiría a patronales sectoriales tan potentes como Hosbec (turismo) o Fempa (metal) asociarse directamente a Cierval sin pasar por Coepa. Obviamente, la patronal provincial también perdería su actual cuota de representatividad en la asamblea (el 32,3%), ya que el peso de cada organización se redistribuiría en función de las nuevas entradas. En la práctica, el cambio estatutario supone "vaciar" las organizaciones provinciales.
Según las fuentes consultadas por Alicante Plaza, los homólogos castellonenses de Coepa comparten el rechazo a la modificación estatutaria de los alicantinos. Los dirigentes de ambas patronales provinciales ya han mantenido varios contactos al respecto en las últimas semanas (la mayoría telefónicos), y está pendiente de cerrarse la fecha para la reunión en la que consensuarán su postura común. Entre las dos suman el 59% de la asamblea de Cierval, por lo que la "pinza" entre Alicante y Castellón echaría por tierra los planes de González de obtener nuevas vías de liquidez para la patronal autonómica.