El comité ejecutivo de Coepa celebrado el pasado jueves. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Alicante (Coepa) estudiará si puede personarse en el concurso de acreedores que ha instado la patronal autonómica, Cierval, y compensar de esta manera parte de la deuda que mantiene a su vez con la organización regional. Así lo han explicado a Alicante Plaza fuentes de la patronal alicantina, que señalan que si bien el proceso de liquidación abierto en Cierval no extingue el crédito de Coepa, ésta podría considerarse a su vez acreedor de la primera.
Coepa tiene que pagar a Cierval unos 40.000 euros de deuda, una vez aprobado por sentencia judicial el convenio de acreedores que contemplaba una quita del 95% del crédito ordinario. Entre los ordinarios, el principal acreedor de Coepa era precisamente Cierval, a la que se adeudaban unos 500.000 euros en cuotas impagadas de los últimos años. Aplicada la quita, la patronal alicantina tiene seis meses para satisfacer la deuda pendiente. No obstante, la entrada en concurso de la patronal autonómica abre un escenario diferente. Porque en Alicante entienden que Cierval, antes de declararse en concurso, había generado también un crédito a favor de Coepa.
En concreto, la parte que corresponde a la patronal alicantina de las ayudas por la Ley de Participación Institucional. Estos fondos llegan directamente del Consell a Cierval, pero la patronal autonómica tiene luego que repartirlos proporcionalmente a las patronales provinciales. De esta forma, Coepa podría rebajar la cantidad que debe abonar a Cierval al restarle la que cantidad que debería haber percibido de la citada Ley de Participación Institucional. Las fuentes consultadas señalan que esa deuda no está aún estimada, pero en cualquier caso la patronal alicantina valora personarse en el expediente del concurso de acreedores de la patronal autonómica una vez que se abra el plazo, para estudiar si puede reclamar alguna cantidad y compensar así su propia deuda.
Justo lo contrario de lo que, a juicio de los empresarios alicantinos, pretendía hacer el presidente de Cierval, José Vicente González, antes de que Coepa entrase en concurso. Como publicó Alicante Plaza, Coepa avisó en enero de 2015 de que no podía pagar las cuotas por su pertenencia a Cierval porque su importe coincidía con lo recaudado a sus propios socios (200.000 euros al año). Coepa, presidida entonces por Moisés Jiménez, propuso ajustar el pago a 30.000 euros anuales para poder seguir pagando, pero González rechazó la propuesta. A jucio de los empresarios alicantinos, esa maniobra perseguía expulsar a Coepa de la Ley de Participación Institucional, al compensar con los impagos de cuotas la cantidad correspondiente de las ayudas públicas.
Mientras, el cumplimiento del plan de viabilidad de la patronal alicantina sigue adelante con un sorprendente 'obstáculo': los oídos sordos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) al ofrecimiento de tomar posesión ya del Centro de Oficios, adjudicado por el juez del concurso para satisfacer la deuda hipotecaria de 3,2 millones de euros, pese a que Coepa le ha enviado ya dos notificaciones oficiales a su director general, Manuel Illueca. La primera, el 12 de enero, mediante una carta certificada. Y la segunda, un mes después, el 8 de febrero, con un burofax.
La patronal alicantina tiene cierta urgencia por desprenderse del inmueble, no solo para dar por cumplida la sentencia del convenio de acreedores y eliminar la deuda de 3,23 millones de euros de su balance, sino porque el mantenimiento del edificio (pese a estar cerrado) sigue pesando en su funcionamiento ordinario: el Centro de Oficios, según se exponía en el burofax, ocasiona unos gastos estimados por la patronal en unos 2.000 euros al mes, derivados del mantenimiento del suministro eléctrico (aunque no se encienda la luz, se paga por la potencia contratada), el resto de suministros y la parte proporcional de las revisiones legales periódicas, tributos y seguros.
Según las fuentes consultadas, el IVF no ha respondido a ninguno de los dos requerimientos, pese a que Coepa ya ha advertido en el segundo que la "inacción en el derecho a cobro" puede derivar en el nacimiento de la "mora del acreedor" (esto es, que el acreedor pone dificultades para que el deudor satisfaga el pago), lo que podría facultar a los alicantinos para reclamar judicialmente el resarcimiento de los gastos de conservación y custodia que se ocasionen desde la fecha del requerimiento. La inacción del banco del Consell en el cumplimiento de la sentencia del concurso de la patronal constrasta con la diligencia con la que el organismo que dirige Illueca está actuando en el caso del Rico Pérez, en el que incluso acudió a la subasta judicial del estadio y realizó la mejor puja.
