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Cinco días y un mínimo de 18 millones de razones

Foto: Pepe Olivares
19/06/2017 - 

ALICANTE. Cinco días, ese sería el tiempo que restaría de presidencia a Juan Carlos Ramírez si este cumple su ya tercera amenaza de dimisión en un mes, ante el aparente silencio de la Agencia Tributaria, no ya respecto a su "última oferta" (la realidad es que el martes pasado ya le dieron una contestación negativa), también en lo que se refiere a su petición de mantener una reunión (buena prueba de que ya sabe que no se acepta su oferta, es que trata de hacer cambiar de opinión a los responsables del fisco en una encuentro con ellos).

Pocas cosas pueden sorprender a estas alturas en relación con el Hércules pero alguna hay; por ejemplo que para algunos constituya un drama una posible marcha de Ramírez, como si el empresario vasco no fuera socio declarado de Enrique Ortiz y no llevase ya tres años en el club sin que el equipo haya logrado salir del pozo: en este último curso ni siquiera se ha disputado el 'play-off', después de que el equipo no se reforzase como requería en el mercado de invierno, algo de lo que es directamente responsable el hoy presidente que una semana después de negarse a rescindir contrato a Franck Omgba y apostar por la contratación de un delantero ofrecía junto a Ortiz, en la subasta de los bienes y derechos de Aligestión, nada menos que 3.550.000 euros por el estadio José Rico Pérez.

Subasta del control del club y decisión de recuperación

Sumando 800.000 euros a esa cantidad que Ortiz y Ramírez pusieron sobre la mesa a primeros de febrero se podría cancelar en el acto la deuda del Hércules con la Agencia Tributaria (la que tiene naturaleza de crédito privilegiado), pero el fisco no exige exclusivamente lo anterior, concede una alternativa al club que no obliga a pagarle nada de inmediato: presentar un aval bancario a primer requerimiento por el importe total de la deuda y acceder al pago fraccionado de la misma, de acuerdo con un calendario que ya está pactado (el Hércules, por boca del propio Ramírez, ha hablado en más de una ocasión de sus bondades) y en el que las cuotas mensuales tendrían la mitad de importe que las del convenio suscrito en 2013 y cancelado hace tres meses por el fisco por los incumplimientos reiterados del club. El pago de dichas cuotas (ya le gustaría al Elche, sin ir más lejos, tener que pagar solo 40.000 euros al mes al fisco por la deuda privilegiada que mantiene con él) correría por cuenta del Hércules una vez más, por lo que Ramírez y Ortiz seguirían contando con liquidez (el primero, además, esquivaría la responsabilidad subsidiaria de la deuda tributaria) para pujar con fuerza (está por ver el precio de salida) en la subasta del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que todo apunta a que se convocará también a lo largo de esta semana e incluso, después de ver como se negociaba desembolsar hasta ocho millones de euros por el Lorca FC, poder parar el golpe de Bruselas: evitar el impago de los 6,9 millones de euros que reclama la Comisión Europea, como el Tribunal General desestime la solicitud de suspensión cautelar de dicha obligación, algo que irremediablemente conllevaría la liquidación.

Inyección de 18 millones de euros en 2010

No deja de ser irónico que los 6,9 (con los intereses la cifra final será aún mayor) se le reclamen al Hércules tras declararse ayuda de Estado ilegal el aval de 18 millones de euros que el gobierno de Francisco Camps concedió en 2010 a la Fundación, una suma con la que esta obtuvo un préstamo de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo de igual importe que le permitió adquirir 18 millones de euros en acciones del club. Fueron concretamente 17.900.000 los euros que entraron en el Hércules en ese momento con el objetivo de poner a cero su deuda con la Agencia Tributaria... Pero lo anterior no ocurrió, prueba de ello es que hoy se le adeuden exactamente 4.230.000 euros. 

El club blanquiazul, a peguntas de Alicante Plaza en varias ocasiones, ha cifrado en siete millones la cifra que con cargo a la citada inyección millonaria de capital se pagó al fisco, mientras que el resto del dinero sirvió para cumplir con otras obligaciones que van desde rescisiones de contratos al pago de la prima por el ascenso a Primera División.

El que no se destinase todo el dinero al objeto para el que se había pedido tanto el aval como la financiación, pudo justificar perfectamente que se exigiera responsabilidades al Hércules, pero ni el banco (el Sabadell se limitó a ejecutar el aval de dinero público tiempo después) ni la Generalitat hicieron nada entonces.

Y hoy estamos así. Con los responsables de que una entidad de 96 años de historia esté arruinada económica y deportivamente, exigiendo más esfuerzos a las arcas públicas mientras ellos demuestran tener una capacidad económica millonaria para comprar a la carta un sustituto, operación que exigiría también la demolición controlada del Hércules. 

Oye, pues no. Que arreglen el desaguisado que han cocinado a fuego lento durante tantos años poniendo la tela aquí de una puñetera vez que ya está bien de querer tomarle el pelo a la gente ¡Macho Hércules!

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