De Gea, Díez y Echávarri, a su entrada al Palacio de Justicia de Benalúa. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los 25 encargos bajo sospecha, explicados con todo lujo de detalles. Las diligencias sobre el supuesto fraccionamiento de contratos que se siguen contra el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, en el llamado caso Comercio incorporan un informe firmado por el asesor delegado de ese departamento municipal, Pedro de Gea (también investigado), en el que se facilita todo tipo de información sobre las facturas de la polémica para tratar de negar la existencia de irregularidades.
Fuentes próximas a la investigación precisaron a Alicante Plaza que ese informe se remitió directamente a la Fiscalía, después de que el grupo municipal del Partido Popular (PP) presentase su primera denuncia sobre los hechos y de que se abriesen las primeras averiguaciones. Sin embargo, el documento no llegó a quedar físicamente en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 hasta el pasado viernes, 6 de octubre, cuando se produjo la primera (y hasta ahora única) ronda de declaraciones, con la comparecencia de los tres investigados (el primer edil; del jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y del propio De Gea) y de otros cinco testigos (el edil de Contratación, Natxo Bellido; dos letrados de los servicios jurídicos municipales; el interventor municipal y el exjefe técnico de la Concejalía de Comercio).
Como informó este diario, los tres investigados (la figura que sustituye a la imputación, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) defendieron ante la jueza que no había existido fraccionamiento de contratos y, en consecuencia, tampoco el delito de prevaricación administrativa del que se les acusa en la denuncia del PP. No obstante, a la vista de todos los testimonios, la jueza descartó el archivo de la investigación y avanzó su intención de solicitar nuevas pruebas.
Entre ellas, según las mismas fuentes, ya figuraría el citado informe: un documento muy preciso en el que se deja constancia de manera pormenorizada, caso por caso, de la fecha, finalidad, precio y proveedor de cada uno de los servicios contratados para tratar de aportar la máxima claridad sobre los encargos puestos en duda por el exjefe técnico de Comercio y por el interventor municipal.
El documento fue remitido a Fiscalía después de que el PP presentase la denuncia inicial, pero no quedó físicamente en manos del juzgado hasta las testificales del pasado viernes
Todos esos encargos se concertaron entre noviembre y diciembre de 2016 como contratos menores, de menos de 18.000 euros, pero por un importe global de 189.000 euros. Se trata de diversas campañas de publicidad para promocionar el comercio local que compartían el claim "Alicante está de moda"; la instalación de nueva señalética en varios mercados municipales y la organización de la XXIII Gala de Entrega de Premios al comercio.
En principio, las mismas fuentes precisaron que la jueza habría asumido ese informe como parte de la causa, aunque a lo largo de la instrucción podría llegar a debatirse sobre si realmente tiene algún valor probatorio, puesto que no queda claro si se trata de un documento de carácter oficial, elaborado por personal técnico de la concejalía.
Por lo pronto, al término de las testificales del pasado viernes, la jueza si deslizó su intención de solicitar más documentación al Ayuntamiento, como el expediente seguido para la organización de la Gala de Entrega de Premios al Comercio en su edición de 2015 con el objetivo de poder comparar el proceso con el seguido un año después: el que está siendo objeto de la investigación.
La citación del alcalde en calidad de investigado propició una contundente respuesta de los socios de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante. Las direcciones políticas de Guanyar y Compromís solicitaron la dimisión del primer edil y anunciaron que, en caso contrario, darían por roto el acuerdo político de mayo de 2015 y renunciarían a sus competencias de gobierno. Las dos formaciones vienen esgrimiendo desde entonces que el problema no es sólo la imputación de Echávarri en relación al caso Comercio, ni tampoco su hipotética segunda imputación (sobre la que la Fiscalía no se había pronunciado hasta el miércoles) por el despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, una trabajadora interina adscrita a la Concejalía de Cultura, cesada después de que los populares presentasen en Fiscalía la primera denuncia sobre los contratos de Comercio. Para los aliados del PSOE, esas dos circunstancias han colmado una situación que consideran insostenible tras varios episodios de desencuentros o de toma de decisiones acordadas por Echávarri de manera unilateral.
La crisis de gobernabilidad desatada desde entonces se ha ido agravando mediante el cruce de declaraciones públicas o de mensajes lanzados en el transcurso de actos institucionales, sin que hasta la fecha se haya promovido una reunión de seguimiento del pacto de gobierno y sin que se haya producido ningún contacto con avances significativos entre las direcciones regionales de PSPV y Compromís, también aliados en el Consell. Por lo pronto, tanto la ejecutiva local del PSPV, como el entorno de Echávarri y su grupo de concejales vienen insistiendo en que están dispuestos a gobernar en solitario (con seis concejales) en el caso de que sus aliados decidan renunciar a sus competencias. Fuentes del PSPV consultadas garantizaron que Echávarri no tiene intención de dimitir y que se aguarda a la celebración de las asambleas de Guanyar y Compromís para conocer si realmente están dispuestos a abandonar el equipo de Gobierno.
