ALICANTE. Tres de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante, PSOE, Guanyar y Compromís, cumplieron su advertencia y acudieron este jueves a la Fiscalía Provincial para denunciar la contratación (y posterior despido) de un supuesto colaborador de la edil no adscrita, Nerea Belmonte, como cargo de confianza del PP. Como manifestaron sus tres portavoces, Eva Montesinos, Natxo Bellido y Miguel Ángel Pavón, su iniciativa trata de que se dilucide si la contratación de ese asesor pudo tener relación con la posición política que la regidora (expulsada de Guanyar y de Podemos) mantuvo en el pleno en el que el popular Luis Barcala fue investido alcalde como candidato de la lista más votada en las municipales de 2015, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri por su doble procesamiento en los llamados caso Comercio y caso despido.
Ese objetivo común, no obstante, se sustanció de dos formas distintas. Por un lado, PSOE y Compromís aportaron sendos escritos de denuncia independientes con el propósito de que la Fiscalía abriese diligencias de investigación por esos nuevos hechos conocidos ahora, al margen de las indagaciones que ya se instruyen sobre la supuesta oferta de un sueldo de 3.500 euros y la posibilidad de ir en las próximas listas electorales que Belmonte dijo haber recibido para condicionar el sentido de su voto en el pleno de elección de nuevo alcalde. Guanyar, por su parte, optó por aportar información adicional a esas mismas diligencias (una ampliación), abiertas a instancia de la denuncia presentada por José Luis Valdés y Francisco García: dos activistas vecinales, a su vez, militantes de Podemos, a partir de las manifestaciones formuladas por Belmonte en el pleno ordinario de abril.
La única diferencia entre los dos caminos seguidos es la de considerar que podrían tratarse de hechos inconexos en los que podrían tener participación distintos protagonistas. Hasta ahora ha trascendido que las diligencias en curso se focalizan en torno a las negociaciones entabladas por las tres fuerzas progresistas que compartieron responsabilidades de gobierno hasta el pasado noviembre (PSOE, Guanyar y Compromís) para tratar de sumar el respaldo de Belmonte a la investidura de Montesinos.
En esa investigación, el fiscal Anticorrupción ya ha llamado a declarar en calidad de testigos a la propia Belmonte, a su amiga personal Elsa Martínez, y a los portavoces municipales de Guanyar y Compromís. Todo parece indicar que, igualmente, podría solicitar la comparecencia de Montesinos y del exsenador socialista Ángel Franco, a quien, al parecer, Belmonte y Martínez pudieron haber señalado como responsable del supuesto ofrecimiento del sueldo, cuando prestaron testimonio.
Los tres ediles de Compromís, al presentar la denuncia.
Sin embargo, socialistas y valencianistas consideran que la contratación del asesor supuestamente vinculado a Belmonte afecta al PP, por lo que estimaron que existen indicios suficientes como para que se abra una segunda línea de investigación. Guanyar, no obstante, interpretó que en realidad todo confluye en la posibilidad de que alguien pudiese haber influido en la posición política de Belmonte, por lo que consideró que los nuevos hechos conocidos ahora estarían relacionados.
El grupo municipal de Ciudadanos (Cs), por su parte, confirmó también este jueves que presentaría su propia denuncia independiente en relación a la contratación de Redondo, aunque después la Fiscalía pudiese decidir fusionar todas las denuncias presentadas.
Los ediles del PSOE, al presentar la denuncia.
