Concejal de Urbanisno, Lourdes Caselles. FOTO: Pepe Olivares.BENIDORM. El Ayuntamiento ha perdido una de las tantas batallas que mantiene con el nuevo mercadillo que irá ubicado al lado de la ITV. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Alicante ha fallado en favor de la empresa promotora, Outlet Market. Según el escrito judicial al que ha tenido acceso este diario, el magistrado no adoptará las medidas cautelares pedidas por el Consistorio. No obstante, cabe recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y no les condena a las costas del juicio.
El auto, con fecha de 4 de noviembre, indica que no acepta las medidas cautelares referentes a la suspensión de los efectos de las licencias Ambiental y de Obras. Así, entienden que se tramitaron conforme a la legalidad. Unas licencias para obras y usos provisionales por un plazo máximo de 10 años, siendo la actividad a desarrollar "la implantación de mercado de venta no sedentaria".
Tal y como recoge el escrito, supone que las obras a ejecutar resultan esencialmente desmontables, ya que serán en su mayoría módulos prefabricados, según detalla el proyecto básico. Todo ello salvo el pavimento de la parcela, que consistiría en "acondicionar un entorno con el correspondiente desbroce, limpieza, explanación y pavimentado de la zona", lo que para el magistrado terminaría siendo "un beneficio para el interés público".
En cuanto al eventual "incremento de los daños indemnizables" que esgrime el Ayuntamiento, el auto señala que "tampoco constituye un argumento de peso". Por un lado, porque el importe del presupuesto de ejecución material se vería "amortizado en breve plazo con el proyecto en rendimiento económico planteado" por la empresa. Como consecuencia, la indemnización de daños se "vería minorada, o incluso superada, por el lucro cesante". Por otro lado, las medidas cautelares podrían suponer que el Ayuntamiento terminara pagando un coste indemnizatorio a la mercantil. Ésta está asumiendo unos gastos, como el arrendamiento de la parcela, con una renta mensual de 3.500 euros al mes, o por beneficios dejados de percibir. Todo ello, "podría llegar a superar, con mucho, el daño indemnizable que alega" el Consistorio en el caso de que no se aceptara la suspensión.
Un hecho que calificó la líder de los Liberales, Gema Amor, como un "nuevo varapalo para el gobierno del PP por su desastrosa gestión con el outlet, que ataca directamente al comercio local".
Cabe recordar que fue el mismo Ayuntamiento el que le concedió las licencias que ahora pide que no tengan efecto. La primera concedida fue la Ambiental, que se aprobó el 21 de septiembre de 2015. La de Obras se obtuvo por silencio administrativo positivo, reconocida en sesión plenaria una semana después que la Ambiental. Este mismo año se comenzó a tramitar el expediente de lesividad para parar el nuevo negocio.
Lo que parecía que sería la inminente apertura de un nuevo rastro a las afuera de Benidorm, terminó siendo un lío judicial liderado por la Asociación Independiente de Comerciantes, Aico. Éstos han sido los más beligerantes en contra del nuevo proyecto que ellos creen se convertirá en un "mercadillo" más. Motivo por el cual están en contra del mismo, así como por el trámite de las licencias, del que creen que hay lagunas.
A principios de este mismo año había una sentencia parecida, en este caso por el TSJCV contra la asociación mencionada. Éstos pedían que se dejara sin efecto un acuerdo de 2014 por el que se le concedía autorización a la empresa para implantar el rastro. En ese momento el juez también falló en contra de las medidas cautelares.
