El portavoz del PSOE, Rubén Martínez. Foto:PEPE OLIVARES.BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha dado un paso más en el eterno debate que sobrevuela en la ciudad sobre la desigualdad en la tasa de basura. Así, en el pleno celebrado este martes el Consistorio aprobó por unanimidad, a propuesta del PSOE, la modificación de la ordenanza fiscal número 17 que regula la tasa por prestación del servicio de recogida, transporte, valorización y eliminación de residuos sólidos urbanos. El último cambio en la misma fue en 2013, con los socialistas en el gobierno local.
La propuesta contó con el voto favorable de toda la corporación, a la que se le añadió una enmienda de los populares para que se cree además una comisión de estudio para abordar esta revisión y en la que estarán representados los grupos políticos, técnicos municipales de diferentes áreas, así como las asociaciones empresariales afectadas y el Consejo Vecinal.
La misma moción del PSOE criticaba que la distribución de las cargas impositivas no sean equitativas. Y supeditó la revisión de la tasa a cambio de que el referido a las viviendas no incremente.
Según los datos aportados por los proponentes de la moción, para los hogares, la tasa anual es de 112,746 euros, mientras que el de hoteles, hostales, pensiones, residencias turísticas, casas rurales y otros establecimientos similares pagan 39,896 euros por habitación. Así como 76,203 euros por apartamento en el caso de los aparthoteles o apartamentos turísticos.
Otras de las diferencias está en los establecimientos de restauración. En el caso de los restaurantes, bares, cafeterías, heladerías, horchaterías y otros, que sean de hasta 100 metros cuadrados, pagan 803,604 euros anuales. Mientras que los que superan esta medida, llegan a los 1.136,612 euros. Por el contrario, el comedor de un establecimiento hotelero, sin tener en cuenta lo que ocupa ese espacio, paga 379,018 euros anuales. Una diferencia clara con respecto a los locales de restauración que quieren evitar. Por último, los establecimientos comerciales e industriales abonan 304,091 euros anuales.
El pleno, que había transcurrido con la habitual tensión entre el equipo de gobierno y el PSOE y Liberales, se acrecentó con una cuestión un tanto más lúdica: el contrato del Low Festival. La moción de Ciudadanos (C's) pedía su revisión para estudiar "posibles irregularidades" así como rebajar el coste para el Ayuntamiento. Una moción que terminó con el apoyo de la mayoría de la corporación.
Cabe recordar que en la actualidad abonan la cantidad pedida por la SGAE, de más de 40.000 euros, y ceden las instalaciones así como algunos servicios municipales. Por ello, el portavoz de la formación naranja, Rafael Gasent, manifestó que lo primero que quiere saber es cuánto le cuesta al Ayuntamiento el festival, y aseguró estar a favor de que se mantenga en la ciudad.
Todo ello supuso un revuelo entre los socialistas, por el miedo a que los organizadores del evento salgan huyendo de la ciudad para instalarlo en otro lugar como Alicante, de donde partió tras su primera edición, y que según Agustín Navarro, estarían encantados de acoger en la capital de la provincia. Y más que nada por los antecedentes más cercanos, como el SOS 4.8.
Receso para estudiar las enmiendas del PSOE y Compromís-Los Verdes sobre el Low. Foto: A. M. Durante el debate, muchas fueron las acusaciones al anterior equipo de gobierno, que fue el que firmó el contrato con los organizadores en 2014. El anterior alcalde, Agustín Navarro, animó a los que dudan sobre el contrato a que lo denuncien porque él "está orgulloso" de cómo se hizo. Entre las cuestiones mostradas, Ciudadanos criticó que la empresa que lo gestionara no demostrara tres años de solvencia, lo que no se podía constatar puesto que se creó unos meses antes, tal y como recordaba Gasent. A lo que después aclaró Navarro que esto se debe a que lo tenía en exclusiva, y si no lo hacían ellos, desaparecía. "A ver si esa charlita va a ser contraproducente", zanjó el socialista Rubén Martínez.
El pleno contaba con 21 puntos a debatir, entre los que estaba la adjudicación de la gestión de las playas. El megacontrato que ha dado varias vueltas en los últimos meses, al final se aprobó este martes su adjudicación a la actual concesionaria por separado. Eso sí, la edil de Hacienda y Contratación, Lourdes Caselles, indicó a este diario que aún no saben cómo calcularán el gasto del mes de diciembre, puesto que el contrato que finalizaba en noviembre se prorrogó a falta de la adjudicación.
Entre las numerosas propuestas, también estaba la contratación de 20 agentes locales para suplir las actuales vacantes, a propuesta del concejal de Personal, Jesús Carrobles. A pesar de que todos los grupos coincidían en la importancia de este acuerdo, reseñaron tanto PSOE, como Liberales y Compromís-Los Verdes que aún no se haya aprobado el Plan de Necesidades de la Policía Local, que se acordó hace más de un año.
Muchas fueron las voces críticas en este sentido, y apuntaron a la falta de equipación de los agentes, en cuanto a vehículos, armamento, chalecos antibalas, guantes, PDAs, como así enumeró el portavoz de Ciudadanos por Benidorm, Arturo Cabrillo. Un asunto que trató de clarificar el portavoz del gobierno local, José Ramón González de Zárate, indicando que los coches no eran deficitarios debido a que están bajo el renting y el leasing, por lo que se van renovando cuando es preciso. Además, admitió que algunos están funcionando con armas personales, por falta de dotación pública, para lo que aprovechó para lanzar al PSOE que no se reemplazan desde 2008.
Otro de los puntos importantes en el orden del día fue el relativo a la gestión del agua. A propuesta del concejal de Aguas, José Ramón González de Zárate, se aprobó la creación de una comisión para el estudio de la gestión integral del agua. Contó con el voto favorable de PP, PSOE y Ciudadanos por Benidorm, mientras que se abstuvieron el resto de grupos. Éstos le recordaron a los partidos tradicionales que estaban denunciados por ellos ante Fiscalía por la prórroga de 10 años a la actual concesionaria, sin sacarla a concurso público.
Además, criticaron que se aprobase a finales del mes de diciembre, cuando en verano aprobaron que fuera antes de este mes. Por su parte, el concejal de Compromís, Josep Bigorra, defendió la incoherencia de esta propuesta ya que se valorarán informes y sacarán conclusiones una vez ya se ha aprobado la prórroga.
