BENIDORM. El pleno de este lunes sirvió para poco más que generar numerosas dudas sobre la expropiación que se está ejecutando al empresario Enrique Ortiz en la partida El Moralet, como por ejemplo, si están generando intereses de demora en este procedimiento. Entre los 20 puntos del orden del día estaba la ratificación del acta de pago y ocupación de los terrenos, éste terminó retirándose a petición del alcalde, Toni Pérez, que no dio ningún motivo para ello. Eso sí, diversas fuentes explicaron que se debía a que faltaba el informe del interventor, como luego tuvo que explicar el propio técnico en el salón de plenos.
Y tuvo que intervenir porque PSOE, Liberales, Ciudadanos y Compromís-Los Verdes firmaron una moción de urgencia para pedir al gobierno local que paralizara el procedimiento de expropiación ante la falta de informes y "para evitar perjuicios futuros" con el pago de intereses. Para defender la moción tomó la palabra el portavoz del PSOE, Rubén Martínez, quien aseguró que si pasaban seis meses desde que se firmara el acta mencionado, se empezarían a generar intereses. Pero también terminó siendo retirada por sus firmantes tras la explicación del secretario municipal y el interventor.
Éste último aclaró que requerían de su informe fiscalizador puesto que se adentra en el área económica. Por su parte, el secretario expuso las tres formas en las que se podría generar intereses. En referencia al caso de El Moralet, empezarían dos años después de que se iniciara el procedimiento de expropiación, que sería con el plan de necesidades por el que se quiere obtener la parcela, y no por tanto, antes del acta que se llevaba a pleno.
Asimismo, explicaron que se podría paralizar la generación de intereses si el Ayuntamiento hubiera consignado en los juzgados la partida correspondiente a lo que tasó en su momento el justiprecio, es decir, 5,9 millones de euros. En este caso, esta tarea correspondería a la época del gobierno del PSOE-Liberales. Y aquí la duda fue mayúscula. El secretario manifestó que no se habría realizado esta consignación, el alcalde decía que él creía que esto ya estaba hecho, y el portavoz actual del PSOE afirmaba que se había "reservado y presupuestado", pero no era capaz de asegurar que se había consignado en los juzgados.
Como consecuencia de todo ello, el alcalde de Benidorm dijo que ahora tratará de poner luz a este asunto, primero, para saber si se llegó a consignar este dinero en el juzgado. E incluso llegó a ofrecer al grupo municipal Ciudadanos que uno de sus concejales fuera delegado en esta labor después de que el portavoz de Cs, Rafael Gasent, les acusara de actuar "de forma opaca".
Los terrenos eran de la empresa participada por Enrique Ortiz y Antonio Sola, Iniciativas Comerciales de Benidorm (Incobe). La mercantil inició los trámites para la expropiación en 2011, por lo que de tener en cuenta estas fechas, los dos años habrían pasado holgadamente. Es más, en 2013 ya había sentencias en las que el Ayuntamiento tenía que pagarles el precio que habían consensuado a la espera de que se resolvieran los recursos para la tasación de los terrenos.
Cabe destacar que la dos partes están a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia ya que no había consenso en la valoración de esta parcelas. En su momento, el consistorio cifró el terreno en 72.000 euros, que ya se le pagaron al empresario alicantino tras la sentencia del 2013 mencionada. Pero éste no estaba de acuerdo, llegó incluso a reclamar 47 millones de euros. El Jurado Provincial de Expropiación se pronunció, dejando el suelo en 5,9 millones de euros.
Técnicamente, con el pago de los 72.000 abonados en 2014 euros el solar habría pasado a manos del Ayuntamiento. Pero la compra forzosa no se llegó a concluir porque no firmaron el acta de pago y ocupación, que era precisamente lo que se firmó en marzo de este año y que llevaban a pleno de este lunes aunque no fuera tarea de este órgano pronunciarse sobre él.
Hasta ahora, el IBI de estos terrenos los estaba pagando la mercantil, pero otra de las dudas las generó la edil de Liberales, Ángela Berna, que preguntó sobre este impuesto. Ante esto, los técnicos explicaron que una vez se firma este acta, sería el ayuntamiento el que tendría que abonar este impuesto "que no se va a pagar a sí mismo".
