X AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar Más información

revisión del catálogo por los monumentos con referencias franquistas

Belmonte quiere reabrir el melón para corregir las bases del PGOU y ajustarlas a la Ley de Memoria

12/07/2017 - 

ALICANTE. Nueva vuelta de tuerca al catálogo de protecciones de Alicante: el documento que sentará las bases del futuro Plan General estructural de la ciudad, al servir como documento inspirador o punto de partida. Y de nuevo, por otro movimiento impulsado por la exconcejal de Guanyar, Nerea Belmonte (expulsada del equipo de Gobierno por conceder contratos menores a afines), quien pretendería reabrir el melón sobre los elementos que deberían ser susceptibles de protección en base a las determinaciones de la Ley de Memoria Histórica. 

La edil no adscrita ya condicionó su voto a favor del documento a la emisión de informes técnicos y jurídicos sobre el riesgo al que se expondría al Ayuntamiento -y a los concejales a título personal- en el caso de que cualquier empresa o propietario que se considerase perjudicado presentase una reclamación de responsabilidad patrimonial por la aprobación del catálogo. Tanto los servicios jurídicos de la Concejalía de Urbanismo como la asesoría jurídica municipal ya han emitido dos dictámenes en los que relativizan las posibilidades de éxito de una hipotética reclamación y en los que descartan posibles responsabilidades a título personal.   

Con esos informes en la mano, Belmonte todavía no ha despejado cuál puede ser el sentido de su voto cuando la propuesta vuelva a debatirse en el pleno ordinario de este mes (aunque en un principio se había barajado incluirlo en la sesión extraordinaria prevista para este viernes). Su posible voto a favor permitiría que el tripartito en situación de minoría (con 14 concejales en una corporación de 29) lograse su aprobación.

El edil de Urbanismo sostiene que él no tiene ningún interés personal en que se proteja la Cruz de los Caídos o el Monumento a los Caídos de la Vega Baja y cree que se podría revisar su inclusión en el catálogo

No obstante, sí ha trascendido la intención de la concejal no adscrita de retomar los contactos con la Concejalía de Urbanismo para solventar dudas sobre la contradicción que puede suponer la incorporación de dos monumentos asociados a la dictadura franquista como elementos a proteger cuando se trata de eliminar esas referencias del callejero de la ciudad, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Esos dos monumentos son la Cruz de los Caídos, situado en la plaza de Calvo Sotelo, o el Monumento a los Caídos de la Vega Baja, en Aguamarga. A juicio de Belmonte, su incorporación al catálogo como elementos a preservar en el apartado de patrimonio cultural debería ser revisada, por lo que prevé mantener una entrevista con el edil del área, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), en esa dirección.

En principio, según fuentes municipales, esos dos monumentos se incorporaron al catálogo a propuesta de los técnicos municipales tras atender estrictamente a su interés cultural y arquitectónico. Representantes del equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) añadieron que hasta la fecha no se ha planteado ninguna propuesta sobre su posible retirada, traslado o desmontaje porque "no es una cuestión que esté en el debate público". Además, señalaron que, al menos por lo que respecta a la Cruz de los Caídos, se ha eliminado su simbolismo original (un homenaje a los que perdieron la vida en el bando que protagonizó el alzamiento militar que dio lugar a la Guerra Civil) para pasar a representar a todas las víctimas del conflicto. Así consta, además, en la inscripción que se añadió al propio monumento bajo el mandato del socialista José Luis Lassaletta.

No obstante, lo cierto es que el planteamiento de Belmonte sí podría abrir ese debate. El edil de Urbanismo sí apuntó este martes, a consulta de Alicante Plaza, que él no tenía "ningún interés personal en que esos elementos se protejan y que, llegado el caso, se podría revisar su protección". En esta línea, señaló que una hipotética modificación del catálogo no tendría por qué suponer un retraso adicional en su tramitación, ya que "no sería necesario" que se volviese a exponer al público.  

Noticias relacionadas

next