La edil no adscrita, Nerea Belmonte, en un pleno. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE (EP / AP). La concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Alicante, Nerea Belmonte, da finalmente el paso que había anunciado en una entrevista concedida a Alicante Plaza y reclama que se le concedan los mismos derechos de participación política que al resto de concejales de la oposición, además de una retribución económica por desarrollar esa labor. La exconcejal de Guanyar, expulsada del equipo de Gobierno en marzo de 2016 por dar contratos a una empresa de comunicación representada por afines a su formación política (Podemos), ha presentado por Registro una propuesta para modificar el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), de modo que los ediles no adscritos puedan tener los elementos materiales y técnicos para el desarrollo de su trabajo, así como derecho a percibir una remuneración. Se elevará al pleno de diciembre.
En la propuesta elevada a pleno, Belmonte asegura que se ve "absolutamente impedida" para ejercer su función por un reglamento "injusto e inconstitucional". Además, alega que es la única concejal en situación de "desamparo". Por ello, solicita el trámite "urgente" y "prioritario" al pleno de diciembre para acortar los plazos por "vulneración" de su derecho "a la igualdad de condiciones para ejercer mi labor como representante política electa de la ciudad de Alicante (artículos 14 y 23 CE)".
Advierte que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) impide tener derechos "políticos o económicos superiores" a los que se tenía antes de ser no adscritos, pero "no prohíbe" que tengan "los mismos derechos" que el resto de ediles. Y agrega que el Tribunal Constitucional (TC) "deja muy claro" que en el control del gobierno municipal "se incluyen" las mociones y los escritos y la participación en Comisiones Informativas "con voz y voto".
"Sin embargo, el ROP de Alicante vulnera mis derechos constitucionales porque sólo permite presentar mociones y declaraciones institucionales a los portavoces de los grupos municipales", plantea Belmonte, que subraya para el caso de las comisiones no permanentes de pleno que "no se prohíbe" la participación de los no adscritos, a pesar de que "el gobierno de Alicante me impide participar".
Con todo, Belmonte propone modificar los artículos 20.2, 53, 54.1, 55, 87.1, 91.2, 91.3 y 107; de manera, que los no adscritos puedan tener los mismos derechos que el resto de concejales, en materia política (mociones, declaraciones institucionales, enmiendas, entre otros), económica y de acceso a medios materiales del Ayuntamiento. Su propuesta se registra días después de que todos los partidos políticos con representación municipal aprobasen la nueva distribución de retribuciones para los concejales de la corporación tras el abandono de Guanyar y Compromís del equipo de Gobierno. Como adelantó Alicante Plaza, ese acuerdo confirmaba la concesión de sueldos para todos los concejales en reconocimiento a su labor política, salvo para los no adscritos. Durante el debate, el alcalde, Gabriel Echávarri, llegó a animarla a acudir al Tribunal Constitucional (TC) en busca de amparo.
Belmonte, por otra parte, también ha registrado una pregunta por escrito a la nueva edil de Urbanismo, la socialista Eva Montesinos, si el Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento el registro de solares, la herramienta "más importante" para luchar contra "la especulación urbanística" y "reactivar la construcción y la creación de empleo".
En la pregunta, que deberá contestarse en el pleno de diciembre, Belmonte recalca "la importancia" del registro de solares como "instrumento fundamental" para evitar la "retención especulativa" y para que los propietarios de suelo "cumplan su deber de edificar, lo que a su vez contribuye a la reactivación de la construcción y a completar el desarrollo urbanístico de la ciudad".
Así, ha expuesto que es una figura que recoge la Ley del suelo de 1992 y ha lamentado que "35 años después este Ayuntamiento sigue sin tener un registro de solares". "Me parece como concejala absolutamente increíble e intolerable que una ciudad como Alicante, con un volumen de construcción con la importancia que ha tenido estos 35 años y con un centro histórico que tiene todavía solares vallados y abandonados durante años, siga sin tener desarrollada e implantada la figura de máxima protección contra la especulación que debe tener cualquier ciudad análoga", ha alegado.
A su juicio, el registro "dinamizaría" la promoción y la construcción "y por tanto el empleo, en un sector tan dañado en los últimos 10 años por la crisis". Y ha argumentado: "El suelo de Alicante, fruto de estos años de crisis, de las circunstancias históricas de los planes de urbanismo, de la inmovilidad actual del sector y de la falta de este registro, ha quedado bloqueado en manos de unos pocos".
Un registro de solares impulsaría "a las pequeñas y medianas promotoras, que se encontrarán, si los propietarios actuales no movilizan los suelos, con suelos disponibles a precios moderados, fuera de la especulación, para poder generar proyectos, nuevas promociones y por tanto generar empleo".
Finalmente, critica como "inaudito" que el anterior concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), no haya impulsado esa medida, que a su modo de ver ha "quedado relegada, o bien por su inoperancia o por su dejadez".
