El nuevo alcalde de Alicante, Luis Barcala, al tomar la vara de mando, en el pleno de investidura. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante estrena nueva etapa con nuevo alcalde, aunque no necesariamente con nuevos proyectos. El equipo de Gobierno que desde este jueves preside el popular Luis Barcala sólo tiene un año por delante para gestionar en la segunda ciudad de la Comunitat y ya cuenta con una hoja de ruta trazada para sacar el máximo rédito posible a esa oportunidad, antes de que el electorado deba volver a introducir de nuevo la papeleta, en junio de 2019. No es ningún secreto: el objetivo es aprovechar ese año para llegar a la próxima cita con las urnas con el mejor expediente posible, de modo que el Gobierno que ahora llega casi caído del cielo (al margen del papel que pudo jugar la denuncia presentada por el presunto fraccionamiento de contratos del caso Comercio) como consecuencia del fracaso de la izquierda para sumar 15 votos para que la socialista Eva Montesinos se convirtiese en el relevo natural de Gabriel Echávarri (forzado a dimitir el 9 de abril tras quedar expuesto a juicio por los contratos de Comercio y por el despido supuestamente irregular de una trabajadora interina, cuñada de Barcala).
Ese año de gracia se basará en propuestas "ejecutables, realistas y con los pies en la tierra", según apuntaron fuentes del PP consultadas por Alicante Plaza. Este es, a grandes rasgos, el proyecto político que el nuevo Gobierno del PP pretende impulsar a partir de ahora.
Primer punto. Como adelantó el propio Barcala en su discurso de toma de posesión, en el plano puramente político, su intención es potenciar la Junta de Portavoces (el órgano que agrupa a los líderes de las cinco formaciones representadas en la corporación) como espacio para tratar de concertar acuerdos en materias que requieren consenso. Dijo que se convocarían con carácter semanal, en lugar de una vez cada mes como ocurre ahora, para preparar el desarrollo de las sesiones plenarias, en lo que cabe interpretar como un gesto de mano tendida con el resto de fuerzas políticas.
Segundo punto. Como también subrayó el nuevo alcalde, lo cierto es que "no hay tiempo para grandes proyectos". Lo que sí hay es trabajo planificado y los recursos económicos necesarios para que se pueda materializar. Así que, en primer lugar, la prioridad es poner en marcha los proyectos financiados con cargo al remanente del presupuesto de 2016 que todavía no se ha podido ejecutar: las denominadas inversiones financieramente sostenibles aprobadas en 2017. En su conjunto, suman alrededor de 23 millones. El nuevo primer edil recordó este jueves, tras el el pleno de investidura, que existen 26 proyectos pendientes de adjudicación de ese paquete de obras que se deben llevar a término, aunque no sean los que hubiese planificado el PP. Además, se deben impulsar las inversiones ordinarias contempladas en el presupuesto municipal de 2018, ya aprobado de manera definitiva, por un importe de 10 millones de euros.
"En la medida de lo posible vamos a respetar el máximo de lo presupuestado y el máximo de lo proyectado porque tenemos un año y si empezamos a quitar y a modificar vamos a tener aún más paralizada la ciudad", explicó Barcala. Además, la previsión es comenzar a diseñar las inversiones sostenibles de este ejercicio, a desarrollar con el remanente de las cuentas municipales de 2017. Según las primeras estimaciones, la liquidación de ese presupuesto (todavía no cerrada) podría arrojar una cifra de más de 50 millones para impulsar esos nuevos proyectos.
El PP llega a la Alcaldía con cerca de 80 millones disponibles para activar obras ya proyectadas por el gobierno saliente y decidir otras
Con todas esas vías de financiación disponibles, el PP llega a la Alcaldía con cerca de 80 millones en la caja para tratar de zanjar necesidades de la ciudad. Todo parece indicar que no tendrá tiempo material para activar todos esos recursos, pero al menos sí tiene a su alcance la posibilidad de poner en marcha cerca de la mitad.
Tercer punto. El PP pretende desplegar el plan de gobierno que trazó como documento de base al registrar su moción de censura contra Gabriel Echávarri con parte de esos recursos que todavía no tienen un uso comprometido. Se incluyen medidas para luchar contra el desempleo, el impulso a los trabajos del Plan General, la mejora de la promoción turística... y el desarrollo del proyecto denominado barrio a barrio, con 10 millones para ejecutar inversiones que resultan necesarias en todos los distritos de la ciudad. Se insiste, nada de grandes proyectos. No hay tiempo. "Sería engañarnos a nosotros mismos y engañar a la gente", remarcó Barcala.
Cuarto punto. Se va a cerrar una agenda de reuniones institucionales con responsables de todas las administraciones para poner al día los proyectos pendientes y reivindicar las inversiones que Alicante necesita. Que se marquen plazos y se ejecuten obras. Según Barcala, "vamos a ser muy exigentes, al margen de la administración y del color político del que estemos hablando".
El nuevo alcalde considera prioritario solventar el problema de la limpieza viaria y evaluar si resulta necesario pagar más
Quinto punto. Se debe afrontar la situación del servicio de limpieza viaria, como actuación prioritaria y más urgente. "Hay que sentarse inmediatamente con la UTE", la concesionaria del servicio, formada por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica (de Enrique Ortiz), "para establecer de una forma definitiva por qué Alicante sigue estando tan sucia". ¿Se trata de impulsar la auditoría de la que se viene hablando desde hace más de un año y que ni Guanyar ni el PSOE han llegado a poner en marcha? Básicamente sí. "Nosotros el tipo de auditoría lo teníamos clarísimo: lo que hay que hacer es detectar qué carencias tenía el pliego en cuanto a las necesidades de Alicante, es decir, si está muy sucia tal zona y resulta que el pliego no lo contempla, y evaluarlo para valorar si hay que poner más", explicó. "Al final, no nos engañemos, la contrata se bajó 14 millones en 2013, cómo no va a haber carencias. Entonces no había más dinero; ahora sí hay dinero", abundó. "Lo que no tiene sentido es querer seguir teniendo un servicio de 2013 con una quita de 14 millones porque el resultado lo estamos viendo; lo que pasa es que es un problema que no lo ha querido afrontar nadie", señaló. "El tema de la limpieza es absolutamente básico y prioritario", concluyó.
