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Aqualia desiste en su recurso contra la prórroga del servicio del agua y alcantarillado en Benidorm

8/04/2018 - 

BENIDORM. La prórroga del contrato del servicio del suministro de agua y alcantarillado en Benidorm aún sigue dando que hablar después de dos años de su aprobación en pleno con los votos del PSOE y PP. Ahora Aqualia ha desistido de su recurso contra aquella decisión plenaria, según un escrito presentado por la empresa en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante, que es la que lleva el caso y al que ha tenido acceso este diario. 

Los abogados de la empresa lo hacen apenas un mes antes de que se fuera a celebrar la vista oral frente al juez, que tendría lugar el 15 de mayo del presente año, en el caso de que éste no estime su archivo como así piden. Asimismo, la mercantil pide que no haya condena en costas a ninguna de las partes, y suplica su archivo antes de la mencionada vista.

El documento está fechado el 27 de marzo de 2018 y no explica los motivos por los cuales desiste en el procedimiento. Este diario ha intentado ponerse en contacto con la empresa sin éxito.

De esta manera, sería una segunda recurrente que se queda por el camino en contra de esta prórroga de 10 años aprobada en favor de la actual concesionaria, Hidraqua. Hay que recordar que además de Aqualia, los grupos de la oposición se unieron en bloque, salvo el PSOE, para denunciar en los juzgados este acuerdo. Algo que finalmente tampoco siguió adelante después de que el juez lo considerara caduco y les invitara a acudir a otras instancias a las que nunca llegaron por el alto coste que supondría en un futuro.

Frente a este acuerdo, además hubo otro recurso por la empresa Aguas de Valencia. En su momento, un decreto de Alcaldía, firmado por la teniente de alcalde Ana Pellicer, desestimó el recurso y sus alegaciones. En su momento, el documento hacía referencia a informes de Contratación y del secretario municipal para basar su resolución. En concreto, explicaba que la prórroga es un derecho avalado por la ley, y por tanto "el pacto es legítimo y legal, lo contrario llevaría a la inexistencia del mecanismo de prórroga".

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