Anticorrupción solicita 10 años de prisión para Alperi y Castedo por el amaño del PGOU

ALICANTE (EFE /AP). La Fiscalía Anticorrupción solicita sendas penas de 10 años, 2 meses y 2 días de prisión para los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, por favorecer, supuestamente, al empresario Enrique Ortiz en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

Según han informado a Efe fuentes próximas al caso, el ministerio público les acusa de delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en esta causa derivada del llamado 'caso Brugal'. El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones ha presentado esta mañana, en el Juzgado de Instrucción número 5 su escrito de acusación provisional contra los dos políticos, el propio Ortiz y los otros seis procesados en estas diligencias, entre los que se encuentran los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, socios en el despacho Salvetti, además del promotor ilicitano, Ramón Salvador, el hermano de Ortiz, Virgilio, y dos empleados del conocido empresario.

Además de las penas de cárcel, Castedo y Díaz Alperi se enfrentan a peticiones de inhabilitación de 29 años y 3 días para empleo o cargo público que implique los cargos de alcalde, teniente de alcalde o concejal de cualquier corporación local.

En cuanto al empresario Enrique Ortiz, el fiscal pide inicialmente para él penas que suman ocho años y tres días de prisión por un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación.

El escrito de la Fiscalía se suma a los ya presentados por las dos acusaciones populares, ejercidas por EU y por el Ayuntamiento de Alicante. La representación legal de la coalición coincide con la petición de penas que formula Anticorrupción y también expone a los dos exalcaldes a penas de diez años de privación de libertad, aunque reclama una condena superior para Ortiz, de 13 años. El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, pide penas más reducidas, de cuatro años de prisión para los dos exalcaldes y de cinco para el empresario, aunque eleva su solicitud en multas con sumas millonarias, como ha contado Alicante Plaza.

Relación de amistad y dádivas

El escrito del fiscal Briones, que consta de 560 páginas, desgrana la relación de "íntima amistad" que mantenían los políticos con el empresario, aunque ellos procuraban que no "trascendiera al exterior". Según el relato de hechos que se recoge en el escrito, Ortiz ofreció presuntamente a los políticos entre 2008 y 2010 dádivas que "no se materializaban en actos puntuales por cada trato de favor urbanístico recibido, sino en un ofrecimiento permanente en cuanto pensara que sería del agrado de aquéllos, o dando satisfacción a los intereses conforme le eran demandados", sostiene.

Al respecto, la acusación pública considera que "el acceso" de Ortiz a la información reservada sobre el ordenamiento urbanístico de la ciudad "le benefició, adelantándose a su adquisición, en futuras recalificaciones de suelo", y reitera que "el amparo que le fue dispensado desde la máxima estructura política municipal le franqueó la ordenación, a su interés, de muchas de sus apetencias urbanísticas en suelos en los que, o bien era ya propietario o partícipe, o bien lo fue a consecuencia de la adquisición ventajosa de terrenos".

Sobre Sonia Castedo el fiscal motiva su acusación de tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación al considerar que en los plenos de abril de 2009 y mayo de 2010 acordó la aprobación provisional del PGOU -anulado en el pleno municipal de febrero de 2015, antes de que se produjese el cambio de gobierno- siendo "plenamente consciente de que con tal decisión se consumaba, ahora de modo oficial y definitivo desde el Consistorio, el apoyo sistemáticamente brindado por ella a lo largo del tiempo a Enrique Ortiz" desde sus cargos de concejala de Urbanismo primero y alcaldesa después.

La acusación pública cifra el importe de esas supuestas dádivas en 453.157 euros a favor de Díaz Alperi por un viaje en jet privado a la isla de Creta, aportaciones de capital a la empresa de uno de sus hijos o sobornos en efectivo. En el caso de Sonia Castedo, la cifra estimada por el fiscal rondaría los 260.000 euros por diversos viajes de ocio, un coche o una chaqueta, entre otras elementos. Según el fiscal, a esas entregas deben sumarse "las dádivas no cuantificables como la contratación laboral" de amigos y familiares de Alperi y Castedo en las empresas de Ortiz. Según Anticorrupción, los dos políticos deberían haberse abstenido de todos los expedientes que afectaran al constructor por su amistad con él.

Por el contrario, señala, se prevalieron presuntamente de sus cargos para proporcionarle información reservada, vulnerando "sistemáticamente" la confidencialidad de los trabajos de revisión del Plan General "en favor de los inmensos intereses urbanísticos" del promotor. Esa supuesta "connivencia" permitió al empresario y a sus empleados "marcar las pautas que más le beneficiasen y minimizar cuanto pudiera perjudicarle", adelantarse a la adquisición de terrenos que iban a ser recalificados en un futuro, siempre según la versión acusatoria. 

En esta presunta trama de corrupción desempeñaron, según el fiscal, un papel fundamental otros dos acusados, los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, el primero antiguo concejal socialista y el segundo hermano de la exalcaldesa. Para Gutiérrez y José Luis Castedo, Anticorrupción reclama penas de diez años de cárcel, multas e inhabilitación tras acusarles de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

La fiscalía pide provisionalmente para los otros cuatro acusados (dos empresarios y dos directivos de las sociedades de Ortiz, uno de ellos su hermano Virgilio) penas de entre tres meses y un año y medio de prisión por delitos de corrupción de autoridades o funcionarios.