ALICANTE. El concurso sobre la prestación del servicio de transporte público en autobús, convocado por el Ayuntamiento de Alicante en agosto de 2022, y ya adjudicado a la UTE Movilidad Inteligente Alicante (que agrupa a varias empresas de Vectalia), queda bajo análisis de la justicia a instancia de un recurso presentado por la Asociación Gestión de Transporte de Viajeros (GTV) que agrupa a las empresas del sector en la provincia. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 acaba de activar la tramitación de esa impugnación, registrada y admitida el pasado mayo, aunque sin que haya tenido ningún recorrido efectivo hasta los meses de noviembre y diciembre, cuando se dio traslado de su presentación a las partes interesadas (un paso que, al parecer, no se había producido hasta entonces por un error informático) y se les emplazó formalmente a presentar contestación en el plazo de 20 días. Así, es ahora cuando se inicia el proceso de análisis del pliego de condiciones por el que se rigió la contratación -el objeto contra el que se dirige el recurso- con el propósito de dilucidar si, en base a los requisitos contemplados en el pliego de su licitación, pudo producirse una limitación de competencia, como sostiene GTV, y , por el contrario, niegan fuentes municipales. Por lo pronto, los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya estarían preparando el escrito de oposición a la demanda.

En concreto, GTV solicita en su recurso que el juzgado acuerde la nulidad de ese pliego en base a ocho circunstancias esenciales con las que, a su juicio, se habría dificultado la presentación de ofertas de cualquiera empresa del sector interesada en optar a la prestación por la excesiva especificidad de las exigencias contempladas en la convocatoria. Esas condiciones, según el recurso, restringirían el acceso a la licitación en contra de los principios de igualdad de trato, no discriminación y proporcionalidad.

La primera de ellas tiene que ver con el requisito de experiencia previa. La asociación concreta que el pliego solo amparaba que concurriesen empresas que pudiesen acreditar haber operado un servicio regular de transporte urbano para alguna administración en el margen de los últimos tres años precedentes al lanzamiento del concurso. Según la demanda, esa exigencia dejaría fuera a las empresas que hubiesen asumido servicios de transporte discrecional de carácter metropolitano o interurbano.

En segundo lugar, GTV apunta en su recurso que el pliego exigía que todo licitador concurrente hubiese gestionado una flota mínima compuesta por 71 vehículos en día laborable: una cifra equivalente al 71% de la flota autobuses que prestaban el servicio en el momento de la licitación. 

Se trataría de una condición que, según detalla el recurso, solo podrían garantizar cuatro operadores (Alsa, Transvía de La Coruña, Grupo Avanza y el Grupo Vectalia) entre las 3.637 empresas contabilizadas en el sector en toda España hasta 2022, según datos del Ministerio de Transporte, lo que redundaría en la limitación de la competencia. En realidad, se da la circunstancia de que fueron estos dos últimos grupos enumerados en el propio recurso los únicos que, a la postre, acabaron registrando propuesta en la licitación, como informó este diario.