ALICANTE. La pugna entablada entre el equipo de Gobierno y los grupos de la oposición en torno a la fiscalización sobre la contrata de limpieza viaria y recogida de residuos alcanzó este miércoles el mayor grado de intensidad hasta ahora. La nueva sesión de trabajo de la comisión de evaluación del servicio evidenció más que nunca las diferentes perspectivas políticas desde las que cada formación afronta esa tarea.
El mejor resumen de esa distancia se apreció en la votación sobre las propuestas de nuevos comparecientes. En ese debate, PP, Cs y Vox sumaron sus votos para plantear que se solicite la presencia de todos los concejales que han ejercido como concejales responsables del área de limpieza y gestión de residuos desde que se adjudicó el contrato actual, en el año 2012, con la intención de conocer cuál ha sido la evolución en su ejecución desde que se puso en marcha. Esa es, al menos, la tesis que defendieron el edil de Infraestructuras, José Ramón González (PP); el edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs); y el edil de Limpieza y Medio Ambiente, Manuel Villar (PP). En esta línea, se aludió a la conveniencia de que se pudiese hablar, por ejemplo, sobre el proyecto fallido de la instalación de contenedores durante la primera etapa del extinto tripartito, en el pasado mandato, como apuntó González, o sobre la redistribución del servicio que se aprobó mediante un primer modificado del contrato en 2017, como añadió Villar.
Su argumentación encontró el respaldo del portavoz de Vox, Mario Ortolá, que no dudó en secundar la propuesta, mientras que los representantes de PSOE (los ediles Raúl Ruiz y Llanos Cano) y Unides Podem (Vanessa Romero) optaron por la abstención. Lo cierto es que los tres regidores habían planteado que, como mínimo, compareciese Villar para ofrecer explicaciones sobre su gestión y sobre el futuro del servicio, pero no votaron en contra de la propuesta de que se convocase al conjunto de regidores, pese a que no compartieron que se retrotrayase el análisis hasta los mandatos precedentes. De hecho, Cano emplazó a los representantes del bipartito a facilitar que la comisión fuese útil y sirviese para mejorar la prestación en el futuro, en lugar de convertirse en un espacio para el reproche político.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, votó en contra de las peticiones de comparecencia de los cinco exregidores y defendió que no podía buscarse explicaciones a la situación actual en el pasado; "menos cuando deberíamos estar hablando de que faltan ocho meses para que venza ese contrato y todavía no conocemos cómo se va a prestar el servicio a partir de entonces".
En todo caso, el acuerdo que se alcanzó por mayoría comprende la convocatoria de los exediles Andrés Llorens (PP); Víctor Domínguez (Guanyar); Miguel Ángel Pavón (Guanyar); Fernando Marcos (PSOE); e Israel Cortés (PP), además de la presencia del propio Villar, quien dijo que sí estaba dispuesto a ofrecer explicaciones, aunque planteó ser el último en hacerlo "para tratar de tener un relato cronológico". En principio, esos cinco exconcejales (al margen de Villar) deberán comparecer en la próxima sesión de la comisión, fijada para el 5 de marzo.
En la sesión de este miércoles, además, se analizó el contenido de las respuestas planteadas por los representantes de UTE Alicante, la empresa que asume el servicio, compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica. Lo cierto es que, al menos, en la valoración de esas contestaciones sí hubo cierto consenso: en mayor o menor medida, los representantes de los seis grupos políticos admitieron que en esas contestaciones no se aportaba ningún dato que permitiese comprobar cuál es el grado de cumplimiento del contrato, puesto que, como coincidieron los ediles del bipartito y la oposición, las explicaciones de la UTE se ciñen a defender que se estaría cumpliendo las determinaciones del pliego de condiciones, con sus aciertos y sus limitaciones. De hecho, tanto Ruiz como Romero llegaron a plantear que se volviese a citar al gerente de la UTE para poder interaccionar con él a la hora de formularle preguntas.
En el transcurso de la sesión, también se abordó la situación del subparque logístico comprometido por contrato para mejorar la prestación en el distrito de Playas planificado en la zona de La Condomina. Como avanzó Alicante Plaza, su construcción está condicionada ahora al requerimiento formulado por la Conselleria de Cultura para que se subsane el proyecto presentado por la UTE para que se garantice la protección de la Torre del Ciprés, una de las edificaciones defensivas que conforman el BIC de las Torres de la Huerta. Tanto Villar como el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), aseguraron que todavía no conocían el alcance del informe emitido por Cultura. En todo caso, como también informó este diario, Villar confirmó que el Ayuntamiento está aplicando retenciones en los pagos prorrateados por la construcción de esas instalaciones desde el pasado mes de octubre, de modo que no se abonarán hasta que pueda ponerse en servicio.
