ALICANTE. Los promotores de la provincia pasan revista a la gestión urbanística de la ciudad de Alicante. Una delegación formada por una veintena de empresarios del sector mantuvo este martes un almuerzo de trabajo con el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), a modo de primera toma de contacto con el propósito de trasladar al equipo de Gobierno (PP y Cs) cuáles son sus principales inquietudes. Y, al tiempo, cuestionar al concejal responsable del departamento sobre los objetivos fundamentales que persigue el bipartito por lo que respecta a la regulación de su actividad.

Así, en primer término, los empresarios trasladaron al regidor una de sus revindicaciones habituales: la necesidad de que se agilicen los tiempos de resolución de las licencias que, no obstante, admitieron se han conseguido mejorar respecto a la situación que se había generado en 2016. 

En cualquier caso, en esta ocasión también plantearon peticiones de carácter específico, como la posibilidad de que se pueda compatibilizar la concesión de licencias de edificación mientras se desarrollan obras de urbanización en un determinado sector, ya que así se conseguiría acortar los plazos de ejecución de las promociones de vivienda y, por tanto, anticipar su entrega a los compradores. Además, también interesaron la conveniencia de que se simplifiquen los trámites para las comprobaciones a la hora de conceder las licencias de primera ocupación, de modo que las revisiones técnicas puedan superarse por fases.

En segundo lugar, los empresarios preguntaron sobre los planes de los que dispone el bipartito para regular la concesión de los certificados de compatibilidad de los apartamentos turísticos, después de que el anterior equipo de Gobierno, del PP, crease una comisión mixta para abordar la elaboración de una posible ordenanza específica. También inquirieron sobre cómo se pretende aplicar el trámite de la declaración responsable para poder iniciar determinadas obras. E, igualmente, quisieron saber qué intenciones tienen PP y Cs respecto al catálogo de protecciones, sobre el que exigieron claridad respecto a los edificios a catalogar y la volumetría admitida en el vigente Plan General (PGOU).