Desde el grupo municipal de Ciudadanos Alicante hemos condicionado la negociación de los presupuestos a la dimisión del alcalde. Es decir: que vamos a votar no si Echávarri persiste en su empeño de seguir en el cargo. Hay quien no entiende esta postura, similar a la condición que ha puesto Cs en el Congreso pidiendo la dimisión de la senadora popular Pilar Barreiro, ex alcaldesa de Cartagena, imputada en la trama Púnica, para poder negociar los presupuestos de la nación con el Gobierno de Mariano Rajoy. La misma postura que tuvimos en Murcia, cuando en septiembre de 2017 dimitió el presidente de la Región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, mezclado también en Púnica y en el llamado “caso auditorio”: una condición que impuso Cs para sostener la gobernabilidad de la región vecina.  Cabe recordar que Echávarri está procesado, junto a dos de sus asesores, por el presunto troceamiento de contratos en el llamado caso Comercio. Y que arrastra una imputación por despedir a una funcionaria interina que es cuñada del portavoz del PP, en un acto que se asemeja a una vendetta política como él mismo se encargó de matizar en una conocida red social.

 Nos ha reclamado algún grupo político,  que demos prioridad a otras cuestiones de calado más presupuestario, pero la verdad es que todo tiene su consecuencia económica, pues tener un alcalde en este estado afecta también a las arcas municipales. Y es que tener que soportar un gobiernito que representa a una minoría, 6 concejales de 29, tiene sus costes económicos como acabamos de ver con los aumentos de sueldo de los asesores del PSOE. Y, en última instancia,los Presupuestos son fruto de un tripartito que gobernó el Consistorio de enero de de 2017 a noviembre. El PSOE, Echávarri, tiene un grave problema con su exsocio, Guanyar (la marca blanca de IU).