MONFORTE DEL CID. Tres décadas después, el Ayuntamiento de Monforte respira tranquilo tras la resolución favorable del Supremo en el caso Walaig. Según la sentencia, el consistorio no deberá pagar 13 millones de euros al Sepes (la Entidad Estatal del Suelo) por el polígono fantasma que nunca llegó a construirse en su término municipal. Un hecho histórico que libra a las arcas públicas locales de la ruina y que, en palabras de su alcaldesa, María Dolores Berenguer, “abre una nueva etapa para la ciudad”.
A principios de los 90, el Sepes y el Ayuntamiento de Monforte firmaron un convenio por el cual el primero se comprometía a urbanizar los terrenos que había adquirido en el municipio (en total, un millón de metros cuadrados de polígono industrial). El consistorio, por su parte, lo eximiría de pagar el IBI. Sin embargo, en 2003, cuando el PP accedió al gobierno local y el Sepes no había mostrado aún voluntad de construir el polígono, el Ayuntamiento decidió romper el convenio y asignar las obras a otra empresa, Intersa Levante. Fue entonces cuando la entidad estatal interpuso tres querellas: por la propia anulación, por la nulidad de la adjudicación y por paralizar la construcción.
Tras años perdiendo juicios, en 2017, el letrado Fernando Mullor, secretario del Ayuntamiento, decidió asumir el caso para estudiarlo y diseñar una defensa que, finalmente, ha dado la victoria a Monforte en los tribunales. Gracias a su trabajo, en 2019, se eximió al municipio de pagar unos 11 millones de euros a Intersa. Ahora, el consistorio se ha liberado de un pago de 13 millones (más intereses) al Sepes. “El Juzgado ha apreciado nuestra prueba en la que Intersa le reconoce al Sepes los terrenos”, arguye la alcaldesa. Y agrega que es esta primera empresa la que debe abonárselos o devolvérselos, no el Ayuntamiento. A este, no obstante, se le condena a pagar unos proyectos que se hicieron en su día, cifrados en 400.000 euros.
