ALICANTE. La junta extraordinaria de accionistas de Samar Internacional y Compañía Española de Resinas del 16 de septiembre de 2016 abrió la 'caja de Pandora' en la familia Sala Martínez. La desafortunada (o afortunada) expresión es de Francisco Ruiz Marco, abogado de la acusación particular que ejerce Vicente Sala en el juicio por el asesinato de la matriarca del clan, Carmen Martínez, y por el que está acusado su yerno Miguel López, en cuyo concesionario, Novocar, sucedió el crimen el 9 de diciembre de ese año, tres meses después. La juez que preside el tribunal del jurado censuró al letrado por apostillar con la famosa 'caja' una de las respuestas de la testigo que estaba declarando, la que durante años fue abogada del consejo de administración de las empresas. Pero en realidad, fue lo que sucedió.

Las hostilidades por el control de las empresas que se desataron a finales de 2015 se plasmaron a lo largo del segundo semestre de 2016, en los meses previos al crimen (al que fiscal y acusación particular atribuyen, precisamente, el móvil empresarial), en numerosas decisiones cruzadas, destituciones, disoluciones de consejos, intentos de modificación de estatutos, recursos y pleitos. Movimientos todos ellos de los que Alicante Plaza informó con profusión antes del crimen, en los días posteriores al asesinato y tras la detención de Miguel López como sospechoso. La testigo, que era la abogada del consejo de administración hasta su disolución por parte de Carmen Martínez, trazó el relato del distanciamiento de la familia este miércoles con todo lujo de detalles.