Alicante quiere evitar una huelga en la limpieza de colegios con un tope legal en el ahorro   

ALICANTE. El tripartito en situación de minoría que gobierna en el Ayuntamiento de Alicante considera que puede haber encontrado la fórmula mágica para volver a licitar el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales con mayores garantías laborales para la plantilla a cargo de su prestación (unos 420 trabajadores). El reto: legalizar la prestación del servicio y evitar una nueva amenaza de huelga por temor a despidos que afectaría a las condiciones higiénicas de 53 colegios de la ciudad. Justo la que se llegó a convocar con el primer pliego, el pasado diciembre.

Dos meses y medio después de haber retirado ese concurso (en el último día de plazo para presentar ofertas), PSOE y Compromís (Guanyar sigue sin ser partidario de la licitación) parecen dispuestos a elevar una nueva propuesta a Junta de Gobierno a lo largo de esta semana con el propósito de regular una concesión por la que el empresario Enrique Ortiz (a través de su empresa Ortiz e Hijos) lleva ingresados ya casi 14 millones sin la cobertura legal de un contrato (caducó en junio de 2015).

¿En qué consiste esa fórmula? En primer lugar, se trata de incentivar la continuidad de los empleados con un cláusula que bonifique con una puntuación extra a los licitadores que se comprometan a mantenerlos en sus condiciones actuales más allá de la obligación legal de subrogación que, según el tripartito, ya les ampara. Y, además, se trata de limitar el posible ahorro de las empresas que pujen por asumir el contrato con un tope legal que atenúe las posibles rebajas. Según fuentes municipales, el objetivo es evitar en la medida de lo posible que la competición empresarial por ofertar el precio más bajo acabe derivando en un recorte en gastos de personal que, a la postre, implique despidos.

En realidad, el pliego retirado en diciembre ya preveía cierto límite. En concreto, se descartaban las bajas que superasen un 5% sobre el precio de licitación del contrato (33,4 millones por dos años), lo que, en cierto modo, constreñía que se pudiese valorar el factor coste como criterio objetivo principal para decantar la adjudicación. La propuesta, en principio, contaba con todos los parabienes de los técnicos municipales. 

Con la nueva propuesta que se quiere abordar ahora los términos cambian: habrá límite, pero no sobre el precio, sino sobre el umbral que se considera baja temeraria. Según fuentes del tripartito, las ofertas que presenten una oferta con una rebaja superior al 5% de la media de todas las ofertas, quedarán descartadas (salvo que estén debidamente justificadas). La medida, según las mismas fuentes, contaría ya con el beneplácito del interventor municipal, que había llegado a emitido un informe con reparos respecto a la primera revisión del pliego (no sólo observaciones transmitidas de manera verbal, como se había llegado a trasladar desde el tripartito) en el que advertía de que, tal como estaba redactado, se podía limitar la libre concurrencia de las empresas. Según las mismas fuentes, en la discusión del porcentaje de rebaja de esa baja temeraria se llegó a sopesar que fuese de hasta el 10%.