Alicante mantendrá la gestión privada de la zona azul y la grúa entre críticas por el desfase de datos

ALICANTE. Alicante mantendrá la gestión indirecta de los servicios de retirada, inmovilización y depósito de vehículos (ORA-Grúa) en la zona azul, cuyo contrato terminará el próximo 22 mayo tras sus 10 años de vigencia y completar dos prórrogas de un año cada una, más una prórroga de 204 días por la pandemia. La comisión de Servicios ha emitido este lunes un dictamen favorable a la propuesta promovida por el área de Movilidad Urbana para mantener el mismo sistema de control del estacionamiento en zona azul mediante gestión indirecto por criterios de eficiencia, calidad y sostenibilidad, como paso previo a la licitación del nuevo contrato, según han informado fuentes municipales, a través de un comunicado.

La propuesta de acuerdo ha contado con el respaldo de los representantes de PP (14 concejales) y Vox (4), la abstención del PSOE (8) y el voto en contra de Compromís (2) y EU-Podem (1). El acuerdo será debatido y sometido de nuevo a aprobación definitiva en el pleno ordinario del mes de febrero, que se celebrará el próximo jueves, día 29.

El equipo de gobierno defiende en su propuesta el mantenimiento del modelo actual de gestión de la ORA con gestión indirecta, en función del estudio que la acompaña en el que se acredita "la conveniencia para los intereses públicos municipales por razones de eficiencia, sosteniblidad y calidad, de mantener la gestión indirecta, como forma de gestión de los servicios públicos ORA-Grúa". Así lo afirma la propuesta de acuerdo elaborada por la concejalía de Movilidad Urbana tras comparar eficiencia, medios técnicos y costes. De la misma forma se pronuncia tanto la Asesoría Jurídica municipal como el área de Economía y Hacienda en sus respectivos informes, como informó este diario.

El informe jurídico y económico elaborado por los despachos de Broseta e Ingartek apunta que si se cambiase a gestión directa "el Ayuntamiento tendría que asumir los costes de personal, incorporando su antigüedad, en el supuesto de que se produjese la subrogación de la plantilla actual con el consiguiente incremento presupuestario y de masa salarial, lo que podría conculcar la Ley de Presupuestos del año correspondiente", mientras que con una gestión indirecta se "derivan ciertos riesgos operacionales a la empresa que pueda resultar adjudicataria del servicio y que no tendría que asumir el ayuntamiento".

El informe también llega a la conclusión de que crear una empresa pública conllevaría mayor gasto que la gestión indirecta. "Una empresa pública de gestión directa, al asemejarse en su estructura a una empresa privada, conduce a equiparar sus costes. Sin embargo, para alcanzar la economía de escala de una empresa privada, necesita alcanzar un nivel e negocio, que en ciudades de tamaño medio no es posible", sostiene el informe.

La izquierda recrimina la 'desactualización' de los informes

Con todo, la decisión no ha estado exenta de las consiguientes reacciones políticas. En primer término, la portavoz municipal del PSOE Ana Barceló, ha exigido hoy al equipo de gobierno del PP "que paralice la tramitación del expediente impulsado por la Concejalía de Movilidad Urbana para mantener la gestión indirecta de los servicios públicos de la ORA y de la retirada de vehículos".

"Es inaceptable que Barcala nos presente informes económicos externos que utilizan datos de 2019 para tomar decisiones sobre un servicio que se quiere adjudicar en 2024. No se ha hecho un estudio económico serio para poder tomar decisiones con rigor, por lo que no contamos con todos los datos para poder hacer una valoración real", ha destacado Barceló, que ha participado en la comisión de Servicios acompañada por el concejal Raúl Ruiz. Los representantes socialistas han optado por la abstención al estar en desacuerdo con el procedimiento impulsado por el equipo de gobierno, según han precisado portavoces oficiales, a través de un comunicado.

Barceló ha señalado que el estudio que ha sido presentado por los responsables municipales, encargado a una empresa externa, "está basado en datos que son, incluso, anteriores a la pandemia de covid. Por tanto, no representan las modalidades y los hábitos de movilidad actual". De igual modo, ha defendido que "es imposible determinar cuál es la mejor gestión, directa o indirecta, cuando no se han incluido aspectos determinantes sobre el futuro del servicio de la ORA". "No se entiende que se recurra a una empresa externa porque se justifica que el Ayuntamiento no tiene medios para confeccionar ese informe y, sin embargo, se le proporcionan datos de 2019", ha añadido.

La portavoz ha enumerado aspectos que, a su juicio, habrá que tener en cuenta en la futura prestación del servicio, como "la exención o bonificación para vehículos eléctricos o de bajas emisiones, una posible reorganización de plazas o incremento de la zona azul en nuevas zonas, o la introducción de nuevos sistemas de control con vehículos equipados con nuevas tecnologías cómo cámaras o lector de matrículas. Se trata de cuestiones relevantes que, sin embargo, no han sido incluidas en el estudio económico".

"Es decepcionante comprobar que el equipo de gobierno ha dispuesto de tiempo más que suficiente para cerrar todas las liquidaciones y, por tanto, actualizar los informes a la realidad actual, pero sin embargo se nos siguen entregando datos de 2019 y no han sido capaces de esbozar un proyecto de ciudad presente y futuro", ha subrayado la portavoz.

Por su parte, Ruiz ha señalado que Alicante "pierde la oportunidad de trazar un proyecto global para la movilidad del futuro. De esta forma, se podría valorar la posibilidad de crear una empresa pública para regular la gestión de todos los servicios de movilidad en la ciudad, incluyendo la gestión de la Zona de Bajas Emisiones, por ejemplo. En ese sentido, el concejal ha ejemplificado que ciudades como Elche, Murcia, Albacete o Gijón han apostado por esa fórmula. Sin embargo, los responsables municipales no han tenido en cuenta estos ejemplos y, no obstante, han utilizado otros de municipios  más pequeños como Don Benito o Lepe, de menos de 40.000 habitantes, para justificar el rechazo a una gestión directa".

Por último, los socialistas han defendido que la división en lotes de ambos servicios, ORA y retirada de vehículos, para el futuro proceso de licitación es un requisito exigido por la UE y avalado por la jurisprudencia en materia de contratación. "Por tanto, no cabría la licitación conjunta", apunta el PSOE.

En segundo término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha explicado su posición al señalar que "hemos votado en contra por varios motivos. Entendemos que este servicio debe ser público, para que los beneficios que genere este servicio no vayan a una empresa determinada, sino que se revierta directamente a la ciudadanía e, incluso, bajar la tasa por el arrastre de la grúa".

"Además, hemos adoptado un acuerdo cuando las ordenanzas no están actualizadas, como la de Vehículos de 2011 o la de Estacionamiento de 2012. Por otro lado, las competencias de los municipios en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad son una competencia propia, y se lleva a pleno solo tres meses antes de la expiración del contrato", ha añadido.

"Y, por último, la comisión técnica que evalúa, la comisión técnico municipal sobre la futura gestión y prestación de los servicios públicos de estacionamiento regulado en superficie y de retirada, inmovilización y depósito de vehículos, se convocó hace tan solo tres meses. Creemos que deberíamos compararnos, respecto al modelo contractual, con ciudades que tienen municipalizado el servicio como Bilbao, no con poblaciones menores como Don Benito o Lepe", ha concluido.

Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha agradecido a "los técnicos municipales que han facilitado los informes relativos" a la propuesta aunque ha señalado que "nuestra apuesta política es la de fortalecer los servicios públicos, remunicipalizando progresivamente, a través de empresas públicas o mixtas, los servicios públicos  municipales actualmente privatizados. Estos servicios deben prestarse por parte del Ayuntamiento y por tanto se debe caminar hacia una estructura consolidada y  evitar la realización de contratos externos".

Así, ha explicado que "hemos votado en contra de la externalización de la retirada de vehículos, así como de la ORA". Copé ha expresado que "el único criterio no puede ni debe ser el económico, al que aluden la mayoría de informes presentados y se deberían haber hecho estudios comparativos con ciudades de tamaño similar al nuestro para poder valorar la gestión en ciudades que gestionan directamente estos servicios. Estaremos atentos a la actualización de reglamentos y tarifas que se pretenden poner en marcha para adecuar las normativas, sobre todo para evitar incrementos desmesurados", ha añadido.

En este sentido, ha recalcado que "mientras no haya un fortalecimiento del servicio de transporte público que pueda desincentivar  el uso del coche particular, será necesario abordar estos servicios pero es conveniente dar pasos para recuperar la remunicipalización de estos servicios".