Las antiguas chimeneas industriales del sector de Benalúa Sur que quedarán protegidas. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La reanudación de las obras del Plan Parcial Benalúa Sur, ahora en manos de una agrupación de interés urbanístico (la AIU Nuevo Sector Benalúa Sur 2) constituida por varios de los propietarios de suelo en el sector, no eximirá al antiguo agente urbanizador (Nuevo Sector Benalúa Sur SL) de los compromisos alcanzados cuando resultó adjudicatario de esos trabajos, en el año 1999. Entre ellos, la aportación de 900.000 euros que debían destinarse a la construcción de un centro social en el sector, en función del convenio firmado en 2003 entre el Ayuntamiento (gobernado entonces por el PP de Luis Díaz Alperi) y las empresas harineras (Bufort y Cloquell) localizadas en ese ámbito.
Esa es, al menos, la posición que pretende hacer valer ahora el nuevo equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) en el proceso de liquidación del contrato con los antiguos urbanizadores, todavía pendiente desde que el PP acordó su resolución y retirada de la condición de agente urbanizador en 2014 ante los retrasos en la ejecución de las obras (la empresa que las asumió inicialmente, Prasa, dejó sin terminar más del 62% de los trabajos).
El litigio pendiente forma parte de las alegaciones presentadas por los antiguos promotores contra la reanudación de las obras. Nuevo Sector Benalúa Sur SL argumentó en el proceso por el que se readjudicó el desarrollo del sector que el nuevo urbanizador -es decir, los propietarios agrupados en la AIU- debían asumir ese compromiso. Tanto la AIU como el Ayuntamiento rechazaron esa alegación al considerar que el convenio firmado hace casi 16 años no podía obligar a terceros y que sigue siendo quien lo suscribió quien debe "hacer frente a lo comprometido en el convenio aprobado". Es más, el Ayuntamiento desliza que exigirá el "cumplimiento de tal obligación" cuando se liquide el antiguo contrato. Así consta expresamente en el anuncio del acuerdo de aprobación del nuevo Plan Parcial Benalúa Sur publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Generalitat.
En ese anuncio, se concreta además que los nuevos urbanizadores deben seleccionar a un contratista para abordar las obras en un plazo de cuatro meses y que, además, deben incluir como carga de urbanización una partida de 100.000 euros para llevar a cabo la rehabilitación de las chimeneas industriales catalogadas como elementos protegidos incluidas en el sector.
