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ajuste de la nomenclatura a la ley de memoria histórica

Alicante defiende la purga del callejero: se aceptaron las alegaciones vecinales presentadas 

15/11/2016 - 

ALICANTE. No habrá cambio de planes en la revisión del callejero de Alicante. PSOE, Guanyar y Compromís tienen previsto aprobar este martes en Junta de Gobierno un listado de cambios para 46 vías de la ciudad que hasta ahora están rotuladas con referencias emanadas de la dictadura franquista, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Así lo defendió este lunes el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), en respuesta al rechazo que habría suscitado el cambio de denominación de algunos espacios públicos, como la plaza de Calvo Sotelo, que pasará a rotularse como Plaça de la Porta de Sant Francesc.

El primer edil sostuvo que, hasta donde él conocía, la comisión mixta creada por voluntad del tripartito (la ley no lo exige y el equipo de Gobierno tiene plena autonomía para proponer cambios en la nomenclatura viaria, según la ordenanza municipal que lo regula) para abordar qué calles debían renombrarse y con qué nuevas denominaciones ha aceptado la mayoría de las alegaciones presentadas por colectivos vecinales. En su conjunto, se presentaron cerca de setenta.

A este respecto, sobre el caso concreto de Calvo Sotelo, dijo que sólo había recibido una consulta del presidente de la hoguera que recibe ese mismo nombre y que él personalmente se preocupó de cerciorarse mediante una consulta a los servicios jurídicos municipales de que podían mantener el mismo nombre sin temor a perder posibles subvenciones municipales. Sobre el nombre de la plaza en sí, y sobre la recogida de firmas para mantenerlo, señaló que había recibido un mensaje a través de redes sociales pero que el cauce para poder oponerse al cambio de nombre era el de las alegaciones y ya está cerrado. Además, defendió que sea la Junta de Gobierno el órgano municipal que decida el cambio de denominación, pese a las críticas lanzadas por PP y Ciudadanos (C's), que ya han anunciado que impugnarán el acuerdo si no se promueve una votación en el pleno (donde el tripartito no tiene mayoría). 

El alcalde acusó al PP, en esta línea, de "querer lío y lío, y trabajar poco", y puso como ejemplo que en la reforma del reglamento orgánico del pleno, ahora en discusión, los populares no han hecho ninguna aportación.

Recado a Montoro

Echávarri también se refirió a la negociación del presupuesto municipal de 2017, en el que dijo, se está trabajando, para instar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a que no vuelva a retrasar su aprobación "por mero capricho", al igual que, en su opinión, ocurrió hace justo un año. El primer edil dijo que a finales de la presente semana espera tener cerradas las cuentas del próximo ejercicio tras los ajustes de las distintas concejalías, un presupuesto conjunto que se elevará a 253 millones de euros. A priori, la reunión que la edil de Hacienda, Sofía Morales, preveía mantener este martes con todo el equipo de Gobierno habría quedado pospuesta al encontrarse indispuesta. Este lunes tuvo que anular reuniones individuales con las concejalías dirigidas por Compromís. 

Cuando la propuesta esté cerrada, se hará el trámite de aprobación previo para enviarlos después al Ministerio de Hacienda, en Madrid, donde deberán recibir el visto bueno antes de la aprobación definitiva en un pleno. Este paso intermedio en Hacienda es obligado debido a que el ayuntamiento alicantino sigue sometido al plan de ajuste del departamento de Montoro.

"Le pido a Montoro que, por favor, este año se deje de caprichos y tonterías como el año pasado, cuando nos tuvo parados tres meses por mero capricho. Vamos a dejarnos de bromas ya, señor Montoro, porque Alicante es una ciudad muy seria, estamos cumpliendo los deberes, lo estamos haciendo bien y vamos a ver si nos los aprueban rápido y los tenemos cuanto antes", urgió.

La aprobación de los presupuestos de 2016 se demoró durante varios meses debido a que, inicialmente, Hacienda impuso a la administración local la reducción del 2% de la cuantía dirigida a gastos corrientes y de personal, una exigencia que al final no tuvo que aplicarse pero que demoró la luz verde de las cuentas hasta los últimos días de febrero.

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