El alcalde y edil de Comercio, Gabriel Echávarri, junto al asesor delegado del área, Pedro de Gea. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE (EFE). El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha decidido elevar al Consell Jurídic Consultiu (CJC) tres bloques de facturas, que ascienden a 189.700 euros, relativas al área de Comercio, que dirige el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri. Esta decisión se ha tomado a raíz de que Intervención mostrara "reparos sobre cómo se habían tramitado", a través de contratos menores.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz municipal, Natxo Bellido, de Compromís, quien ha explicado que la Junta de Gobierno ha aprobado hoy iniciar un expediente de declaración de nulidad de los citados procedimientos de contratación, al amparo de los artículos 106.1 de la ley 39/2015 y 34 del RD 3/2011.
Al mismo tiempo, se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidación relativo a gastos del ejercicio 2016 del servicio de Comercio, Mercados y Consumo, para garantizar el pago de los citados 189.700 euros.
La adjudicación de servicios como campañas de publicidad en medios de comunicación, la organización de los premios de comercio o las campañas en Mercados municipales, a través de contratos menores (no superiores a 18.000 euros) es lo que ha levantado dudas en el servicio de Intervención del Ayuntamiento, como ha detallado Bellido.
Según ha explicado, "había controversia" entre sendos informes de la citada área y de la Asesoría Jurídica del consistorio, por lo que se ha decidido elevar las facturas al CJC de la Generalitat Valenciana. Bellido ha considerado que la decisión del equipo de Gobierno se ha tomado "con buen criterio" y ha incidido en que lo que hace el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos es "anular a efectos contables todo lo relativo a la tramitación de estos contratos menores".
Sin embargo, el informe de Intervención también señala que los servicios por los que se firmaron se han realizado correctamente bajo un precio "a valor de mercado", por lo que se debe proceder a realizar el pago de los mismos, lo que se consigue con el citado expediente que ha aprobado la junta de gobierno. Ahora será el órgano judicial autonómico el que revelará "si se ha tramitado de forma correcta o si ha habido alguna irregularidad administrativa", una decisión -la de elevarla al CJC- que, según el portavoz municipal, la han tomado "de oficio" en el seno del tripartito (PSPV-PSOE, Guanyar Alacant y Compromís).
Al alcalde, como responsable del área de Comercio, corresponde ahora decidir si toma algún tipo de medida al respecto, como ha señalado Bellido. "Si Intervención tenía reparos es que igual alguna cosa debería haberse tramitado de otra forma, pero lo que está claro es que hay que pagarlo y si el alcalde considera oportuno tomar alguna medida, deberá anunciarlo él", ya que es un área de su competencia, ha subrayado Bellido cuando se le ha preguntado si por si estas "medidas" se refería al asesor delegado de Comercio, Pedro de Gea.
Si el CJC decide que todo es correcto, se cerrará el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito y se repondrán los contratos menores, ha detallado. Por su parte, fuentes de Alcaldía han indicado que "se trata de adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que los procesos administrativos se realicen correctamente". "Ante las discrepancias existentes entre los servicios jurídicos e Intervención sobre la tramitación de un expediente administrativo, se ha decidido elevar la preceptiva consulta al CJC para asegurarnos", han incidido.
