Alicante 'activa' dos planes de Ortiz para saldar una demanda de 8 millones por suelo de dos institutos

ALICANTE. Uno de los entuertos urbanísticos que colean en Alicante desde el año 2011, en el que el Ayuntamiento está expuesto ya a una reclamación de 8 millones de euros, se encarrila hacia su resolución. Y lo hace con la participación ineludible de Enrique Ortiz, el polémico empresario procesado en los casos Gürtel y Brugal, al que se le atribuye más del 70% del suelo urbanizable de la ciudad. Se trata de activar el mecanismo necesario para pagar a los propietarios de los terrenos en los que se llevó a cabo la ampliación de dos institutos, el IES Virgen del Remedio y el IES Leonardo da Vinci, junto al Bulevar Norte.

¿En qué consiste ese mecanismo? El Ayuntamiento tiene que desbloquear la puesta en marcha de dos grandes planes urbanísticos promovidos por el controvertido constructor, el PAU 3 con unas 1.600 viviendas y el APA 9 con otras 1.400, para poder ceder el suelo edificable comprometido como compensación a los propietarios de aquellas parcelas.

El entuerto arranca en 2010 cuando la popular Sonia Castedo, entonces al frente del Ayuntamiento (y Alfonso Mendoza como delegado de Urbanismo), cerró un acuerdo con los dueños de seis parcelas afectadas por el desarrollo del Plan Especial Bulevar Norte para ocupar sus fincas y permitir la ampliación de los dos centros de secundaria, además de la apertura de dos viales adyacentes. En concreto, se trataba de cuatro parcelas en manos de la empresa Saprosín Promociones SL y de otras dos de propietarios particulares. 

La ocupación directa se produjo en 2011 y el Ayuntamiento licitó las obras de ampliación de los dos institutos (pese a que la construcción de equipamientos docentes es competencia de la Conselleria de Educación). Esas obras se adjudicaron a OHL en 2012 por 2,7 millones y quedaron hasta cierto punto completadas (la dirección del IES Virgen del Remedio sigue denunciando ahora deficiencias constructivas) en 2015, tras superar algunas paralizaciones. Sin embargo, desde entonces, al menos Saprosín no ha recibido la compensación establecida a cambio de sus terrenos: 16.000 metros cuadrados de techo edificable que el Ayuntamiento debe obtener como cesiones de aprovechamientos urbanísticos tras el desarrollo del APA 9 y del PAU 3.

El retraso en esa compensación llevó a Saprosín a solicitar el pago de una indemnización por valor de 8 millones en el arranque de 2016. Fuentes municipales precisaron a Alicante Plaza que el alclade, Gabriel Echávarri (PSOE), y el vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), transmitieron a la empresa entonces que no se podía asumir el pago de esa cifra. Primero, por las dificultades presupuestarias por las que sigue atravesando el Ayuntamiento, pese a la reducción paulatina de su deuda. Y segundo porque se consideraba que había un exceso en la valoración de esa compensación. Es más, los técnicos de la Concejalía de Urbanismo rebajaron la tasación que podría corresponder por ese suelo a 6 millones. 

El Pau 3 y el apa 9 han estado bajo el foco de la sospecha al haber figurado en el sumario del caso Brugal, en el que se investiga el supuesto amaño del urbanismo en favor de Ortiz

En esa disputa se convino negociar un aplazamiento de al menos un año para el pago de esa indemnización con el propósito de dar margen al Ayuntamiento para poder desbloquear los planes urbanísticos con los que se había establecido la compensación inicial.

Las mismas fuentes precisaron que ese desbloqueo es inminente. La Concejalía de Urbanismo está a punto de firmar el convenio de urbanización tras validar el proyecto de reparcelación del PAU 3, adjudicado a Ortiz e Hijos hace 19 años. El plan se extiende entre los terrenos que rodean el centro educativo del CEU-Jesús y María y que están delimitados por la avenida de Dénia, la Vía Parque, el barranco de Orgegia y Juncaret y el Complejo de Vistahermosa. Al parecer, la firma estaría pendiente de los últimos flecos como el compromiso de conservación de los ejemplares de arbolado preexistente (uno de los requisitos introducidos por Urbanismo en todos los nuevos planes parciales).

Lo mismo sucede con el APA 9, cuyo proyecto de reparcelación sería el siguiente aunque estaría "algo menos avanzado". Su desarrollo fue adjudicado a Ortiz en 2010 y se extiende desde Vistahermosa a Juan XXIII.

Los dos planes han estado bajo el foco de la sospecha al haber figurado en el sumario del caso Brugal, en el que se investiga el supuesto amaño del urbanismo en favor de Ortiz.