El alcalde de Alcoy, Toni Francés, junto al presidente de la Diputación, en una visita al ayuntamiento. Foto: APEl Ayuntamiento deberá resolver sobre la concesión de los permisos de obra en un plazo de entre nueve y diez meses, cuando se espera que Medio Ambiente haya avalado que el parque empresarial no entraña daños sobre el medio natural, en las estribaciones de la Font Roja
ALCOY. Alcoinnova completa la tramitación administrativa de su Actuación Territorial Estratégica (ATE) en Alcoy. La sociedad creada por el grupo alimentario La Española con el fin de desarrollar un gran parque empresarial en la partida de La Canal (junto a la A-77, en el acceso sur a la ciudad) acaba de presentar los últimos documentos necesarios para optar a las licencias municipales que permitan dar inicio a las obras: el proyecto de urbanización y reparcelación y su informe de impacto ambiental.
El primero de ellos debe salir a exposición pública a lo largo de esta misma semana. En principio, ese proyecto no recoge ninguna novedad sustancial respecto a lo ya conocido: contempla la urbanización de 500.000 metros cuadrados (ahora rústicos que se recalificarían de forma automática tras el visto bueno definitivo del Consell) con una edificabilidad bruta de 200.000 cuadrados (el 75% industrial y el 25%, terciaria) y una gran reserva de zonas verdes en la parte más próxima al parque natural de la Font Roja.
Desde el momento de su publicación, cualquier interesado dispondrá de un plazo de un mes para formular las alegaciones que considere oportunas. Según las fuentes consultadas, será el propio grupo promotor el encargado de analizarlas y darles respuesta, sin que -en ese paso- resulte necesaria la intervención de la administración. Cuando esas objeciones estén contestadas, los dos documentos -proyecto de urbanización y reparcelación y estudio de impacto- pasarán a manos de la Conselleria de Medio Ambiente para que lo valide o exija posibles correcciones.
A priori, los puntos más conflictivos que deben quedar resueltos son dos: la garantía del denominado vertido cero (de manera que se evite cualquier posible filtración de aguas residuales o productos derivados de la futura actividad empresarial en el subsuelo que pueda afectar al acuífero de El Molinar) y que la red de servicios (agua, gas, electricidad...) del futuro recinto no suponga una afección sobre el medio natural en su tránsito a través del pico de San Antonio, incluido en el perímetro de protección del parque natural. Según las fuentes consultadas, Medio Ambiente deberá resolver si los proyectos se ajustan a normativa en un plazo de entre cuatro y seis meses. O lo que es lo mismo, todo apunta a que el Ayuntamiento de Alcoy quedará expuesto a tener que conceder licencia en un plazo de unos nueve o diez meses.
Hasta la fecha, el equipo de Gobierno en situación de minoría que preside el socialista Toni Francés ha mantenido su oposición al proyecto en la medida en que su tramitación como ATE -es decir, directamente bajo la responsabilidad del Consell- ha escapado del control del propio ayuntamiento. De hecho, los contenciosos planteados (pendientes del Tribunal Supremo y del TSJ) contra su aprobación se han basado en la defensa del principio de autonomía municipal para tratar de frenar su ejecución en las condiciones en las que está diseñado. En esta línea, tanto en el pasado mandato como en el actual, Francés ha planteado que el proyecto es positivo y necesario para la ciudad pero ha abogado por su traslado a otro emplazamiento distinto del término municipal (la zona de Pagos) para descartar todo posible riesgo de contaminación del acuífero del que se abastece el 80% de la población de Alcoy.
El proyecto contempla una inversión directa de 80 millones de euros, que se elevan a 152 si se contempla la indirecta e inducida, además de la creación de 300 puestos de trabajo directos y de hasta 650 indirectos.
El pleno del Ayuntamiento aprobó este lunes, por otra parte, el presupuesto municipal para 2017 gracias, fundamentalmente, a las abstenciones de Compromís y Ciudadanos. La posición de los dos grupos de la oposición posibilitó que las cuentas presentadas por el PSOE (en situación de minoría, con sólo nueve concejales) prosperasen al sumar más votos a favor que en contra. Sólo Guanyar (con cinco concejales) respaldó la planificación económica propuesta por los socialistas después de que se tuviese en cuenta su propuesta para crear un plan de empleo. También se aceptaron algunas de las enmiendas presentadas por C's como la incorporación de una partida de 300.000 euros para revitalizar el Centro. Las sugerencias de Compromís, según confirmó el primer edil, se abordarán a lo largo del año. El PP, por su parte, votó en contra.
