Personal de la anterior adjudicataria monta un palco en la Rambla, en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Nuevo compás de espera en la polémica contrata para el montaje de infraestructuras festivas (conocida popularmente como 'de las sillas') del Ayuntamiento de Alicante. La empresa Alavés, Montajes y Realización S.L., una de las tres que participaron en la licitación, ha recurrido la adjudicación a la UTE formada por las mercantiles Sit Down MM S.L., APQ Stage Ibérica S.L. y Fiestas Infantiles Pequeñín S.L., lo que supone la paralización del proceso.
En una de las propuestas aprobadas de urgencia este martes, la junta de gobierno local acordó suspender la tramitación del expediente administrativo (como indica la ley cuando el acto recurrido es la adjudicación), hacer suyos los informes evacuados por los servicios afectados por el recurso (Infraestructuras y Contratación), y remitir al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales los citados informes y copia del expediente de contratación.
La adjudicación de la contrata, así, queda en suspenso hasta que el citado tribunal administrativo resuelva, lo que podría producirse en un plazo de uno a dos meses. La elección de la oferta de la UTE Sit Down ponía fin a los pagos fuera de contrato a la anterior contratista, la empresa Isjoma S.L., que también se había presentado al nuevo concurso, en UTE con una segunda mercantil, Novofest. El contrato se adjudicó por 1,3 millones de euros para dos años, con posibilidad de prorrogarlo otros dos.
Precisamente, Alavés e Isjoma protagonizaron la polémica por el supuesto amaño de la contrata vencida, todavía bajo el escrutinio de los juzgados. La segunda se hizo con el contrato en 2009, con el PP, para seis años por 4,6 millones de euros. La primera, se consideró perjudicada y presentó una denuncia sobre las supuestas anomalías en el proceso, ya que su oferta era cerca de un millón de euros más económica. La Fiscalía Anticorrupción encontró indicios de que el pliego de condiciones pudo haber sido redactado en realidad por personal de la empresa adjudicataria, y el juzgado de Instrucción número 8 abrió diligencias e imputó a dos exconcejales del PP -Andrés Llorens y Juan Zaragoza- y los técnicos que intervinieron en la adjudicación. La causa sigue abierta.
