denuncia de compromís-los verdes, liberales, cbm y cs

Admiten a trámite el contencioso contra la prórroga de la gestión del agua en Benidorm 

PP y PSOE fueron los únicos en votar a favor de la prórroga de la concesión

23/06/2017 - 

BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ya ha asignado a los profesionales que les defenderán en el contencioso iniciado por Compromís-Los Verdes, Cs, CBM y Liberales contra el acuerdo plenario votado a favor por el PP y PSOE para prorrogar la gestión del agua potable y alcantarillado a la actual concesionaria. Esta misma semana han hecho la asignación de letrados, que serán el abogado y el secretario municipales, según recoge un decreto de Alcaldía.

La lucha de estos partidos políticos ha tenido ciertos "contratiempos", cuando PP y PSOE rechazaron el recurso de reposición en sesión plenaria. O cuando, tras recibir la demanda, Fiscalía les derivó a la vía administrativa para que fueran los que cogieran el guante, ya que no veían "elementos suficientes para considerar los hechos como constitutivos de infracción penal". 

Tras esto, anunciaron que se irían al Contencioso, ya que el propio escrito de Fiscalía admite que "puede haber situaciones de arbitrariedad y que pueden haber primado intereses particulares y arbitrarios". Finalmente, el Juzgado Contencioso Administrativo nº2 de Alicante será el que se haga cargo del caso.

Como se decía, PP y PSOE votaron a favor de la prórroga de la gestión del agua y alcantarillado hace alrededor de un año. Lo hacían hablando de crear en un futuro una entidad mixta, pero ni una cosa ni la otra terminaron por ganar a los denunciantes, que querían que saliera a concurso público. Así, el pleno de noviembre se aprobó una interpretación del acuerdo aprobado en verano y que venía a ratificar la continuidad del contrato. Además, desestimó los recursos presentados, tanto de la oposición como por parte de la empresa Aguas de Valencia.

En aquel momento, el ahora concejal del bipartito, y en ese momento en la oposición, Arturo Cabrillo, llegó a decir que la prórroga en sí mismo era un "acto de ilegalidad" ya que se había hecho sin el informe de intervención. Por su parte, la edil popular Lourdes Caselles repitió en varias ocasiones que este documento existía y recogía que "era de interés público" y que había informe de ingeniería favorable para la creación de una empresa mixta.

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