Sí a la tasa turística valenciana

VALÈNCIA. Cuentan quienes han estado en Ibiza este verano que la isla estaba a rebosar, que no cabía un alfiler, cuando se cumple un año de la implantación de la tasa turística en Baleares –allí llamada ecotasa–, que no parece haber espantado a los de fuera. Ha aumentado el número de turistas, ha aumentado su gasto medio, ha aumentado la inversión pública en promoción e infraestructuras turísticas y hasta los hoteleros que se oponían a la tasa han subido sus precios.

Todo ha aumentado menos la polémica, que ha desaparecido, con la pintoresca excepción de unas cuantas quejas presentadas por turistas del resto de España, incluida Cataluña, según reveló el Diario de Mallorca. 

El éxito ha sido tal, que el Gobierno bipartito que preside la socialista Francina Armengol ha decidido aumentar el importe de la tasa a partir de 2018, y no poco. Lo va a duplicar, hasta una tasa media de 3 euros por persona y día, con lo que espera recaudar el año que viene 120 millones de euros. Expresado en colegios que se podrían construir, que es como a Mónica Oltra le gusta medir el dinero público, 25 nuevos centros. Cada año.

El homólogo de Armengol en la Comunitat Valenciana, el también socialista Ximo Puig, reiteró el pasado mes de agosto que el Consell no se plantea implantar la tasa turística, declaración sorprendente en un mandatario que no hace más que quejarse de los apuros financieros de la administración que preside. 

El Consell de izquierdas tiene que atajar el déficit sin reducir el gasto porque recortar es de derechas, así que todo pasa por aumentar los ingresos. Tiene varias vías. Una es seguir reclamando y esperando –sine die– del Estado una mejora de la financiación autonómica, que es para el agujero de los gastos de sanidad, educación y servicios sociales; otra es subir los impuestos a los valencianos, como hizo su predecesor, y una tercera es poner un impuesto que paguen los millones de turistas que disfrutan de unas infraestructuras y servicios públicos de primera sin otra contribución que la mitad del IVA de sus consumiciones.

Sin castigar (más) a los valencianos

Aumentar la recaudación sin castigar a los votantes debería ser el sueño de cualquier gobernante. En la autopista Málaga-Estepona las tarifas suben hasta un 61% en verano y Semana Santa para usuarios no habituales. Es decir, que los turistas ocasionales compensan en verano y Pascua las bajas tarifas del resto del año y las que tienen siempre los usuarios habituales, los malagueños. No hay noticia de que los turistas dejen de transitar por ella. Es una pena que a quienes licitaron el tramo valenciano de la AP-7 no se les ocurriera esa fórmula.

Ximo Puig y el responsable de Turismo de la Generalitat, Francesc Colomer, no lo ven así. Hace tiempo que dijeron que no se aplicaría la tasa si el sector hotelero no daba su visto bueno, como si los empresarios, que por cierto han subido este año un 10% sus precios, tuvieran que decidir sobre algo que afecta a todos los valencianos. Los argumentos contra la tasa son los mismos que intentaron frenarla en Cataluña y Baleares, donde ahora está todo el mundo satisfecho, empezando por los alcaldes catalanes que se reparten buena parte de la recaudación para mejorar su oferta turística.

Los argumentos a favor son contundentes. La llamada tasa turística allí donde existe la pagan los turistas sin que haya ningún indicio de que nadie haya dejado de acudir a un destino por un recargo menor de lo que vale una cerveza. Y en todo caso, si esto fuera así, quienes dejarían de visitar la Comunitat serían aquellos turistas de bajo presupuesto, los que menos gastan. 

La recaudación, que en la Comunitat Valenciana podría estar por encima de los 40 millones de euros anuales, se destinaría a mejorar infraestructuras, servicios y promoción turística, mejoras que, sin esa tasa, la Generalitat no acometerá o si lo hace será a costa de otras inversiones. En colegios, por ejemplo.

A tiempo para empezar en 2018

El debate sobre la tasa turística apenas ha existido en la Comunitat Valenciana, acallado por la supuesta presión del sector hotelero, mientras buena parte del sector turístico se muestra a favor en privado. Los dueños de apartamentos turísticos ni se han pronunciado, de tanto trabajo –e ingresos– que tienen, pero sus clientes también tendrían que pagarla.  

Aunque en la Conselleria de Hacienda siempre lo tuvieron claro, el Gobierno de Puig no fue valiente al principio de la legislatura, que es cuando hay que adoptar medidas más controvertidas para que lleguen maduras a las siguientes elecciones. En 2019 es impensable que se imponga la tasa porque estaremos en precampaña electoral. 

El proyecto de Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2018 está en el horno y sin la tasa, como revela este domingo en una entrevista la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando. Pero los grupos parlamentarios aún están a tiempo, vía enmienda a esa ley, de introducirla para el año que viene.

Las críticas que provoque su puesta en marcha se ahogarán cuando el próximo verano aumente el número de turistas y a final de año se hayan invertido 40 millones de euros adicionales en el sector turístico, lo que duplicaría el presupuesto de la Agència Valenciana de Turisme. La polémica ya no será la tasa, sino cómo se reparte, que hasta las diputaciones querrán mojar. 

Si el éxito llegara al nivel del de Baleares, hasta puede que Puig se sintiera tentado de duplicar la tasa en 2019. Que le pregunte a Armengol.