ALICANTE. Los cuatro grupos políticos que ejercen la oposición en el Ayuntamiento de Alicante, PP, Guanyar, Cs y Compromís, preparan sus estrategias en el desarrollo del pleno extraordinario convocado este jueves a instancias del PP "para el análisis y balance de la crisis institucional generada en el equipo de gobierno, la paralización de la gestión municipal, la viabilidad de un gobierno con solo seis concejales y abordar las soluciones pertinentes", como figura en el punto único del orden del día de la sesión. El objeto de la propuesta convierte de facto a ese pleno en un anticipo de lo que puede acontecer en el llamado debate sobre el estado de la ciudad de Alicante que, como avanzaron este lunes fuentes de Alcaldía, podría desarrollarse finalmente el 22 de diciembre, día del Sorteo Extraordinario de Navidad. En principio, así sucederá salvo que exista un cambio de última hora que pudiese llegar a forzarse a iniciativa de la oposición, ya que el PSOE defendió la fecha de la convocatoria pese a las críticas del resto de partidos.
En principio, los portavoces de los cuatro grupos se centran en ese primer debate, en el que cada uno de ellos dispondrán de 19 minutos para exponer sus planteamientos. Habrá una intervención inicial de 15 minutos y otra de réplica, reducida a otros cuatro. Se trata de una duración similar a la que se aplicó para el desarrollo del debate del estado de la ciudad de 2016, cuando se acordó que cada grupo tendría 20 minutos para su intervención inicial. Los concejales no adscritos, Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos) y Nerea Belmonte (ex de Guanyar), por su parte, contarán igualmente con dos turnos de palabra pero de sólo cuatro y un minuto.
Al margen de los tiempos, todo parece indicar que las cuatro fuerzas de la oposición aprovecharán esos dos discursos para poner de manifiesto la -a su juicio- inviabilidad de mantener un gobierno compuesto por sólo seis concejales. En esa línea, en último término volverán a reclamar la renuncia del primer edil, Gabriel Echávarri, al cargo tanto por la exigencia ética de no ocupar la máxima responsabilidad institucional viéndose inmerso en dos investigaciones distintas (el supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio y el despido presuntamente irregular de una funcionaria interina, familiar del portavoz del PP, Luis Barcala) como por el presunto bloqueo de la gestión municipal que estaría propiciando al frente de un Gobierno con sólo seis ediles de los 29 que conforman la corporación.
El PSOE, lógicamente, también dispondrá de los mismos tiempos para defender su posición. En principio, la responsabilidad de hacer uso de esos 19 minutos debería recaer en la vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno, Eva Montesinos, aunque no se descarta que el propio primer edil pueda ejercer las prerrogativas que le confiere el cargo y decida intervenir.
En el pleno ordinario precedente se votará una segunda reprobación del alcalde, una propuesta para supervisar la limpieza y otra para 'vigilar' todos los contratos municipales
Como ha informado Alicante Plaza, la sesión extraordinaria se desarrollará al término del pleno ordinario de noviembre, que arranca a las 9:30 horas. Esa sesión ya se antoja especialmente agitada por varias de las propuestas planteadas por los grupos de la oposición. Entre los puntos que se someterán a debate figura, de hecho, la propuesta de reprobación del alcalde formulada por sus exsocios de Gobierno de Guanyar. Pero también la iniciativa registrada por el PP para crear una comisión de control y seguimiento del desarrollo y ejecución del proyecto de reurbanización de las Cigarreras, cofinanciado por la Unión Europea como Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI). El concejal, Israel Cortés, justificó este lunes la necesidad de este control debido a que "el colapso y la paralización de la gestión municipal se ha acentuado después de que el alcalde se haya atrincherado en el gobierno municipal con otros cinco concejales socialistas, a pesar de que el resto de grupos políticos estamos reclamando su dimisión".
El grupo municipal de Cs, por su parte, también propone el debate de una declaración institucional para que se active la comisión para el estudio y análisis de la contrata de limpieza y recogida de la basura (creada en 2014 pero, según Cs, sin que haya llegado a convocarse) para velar por la eficacia y el cumplimiento del servicio. Además, plantea una moción para que se constituya una comisión no permanente de vigilancia de la contratación, constituida por todos los grupos políticos, que debería reunirse cada dos meses para supervisar todos los contratos, incluidos los menores.