La Estación por dentro. Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. El abogado de la Estación de Autobuses Benidorm SL, propiedad del empresario alicantino Enrique Ortiz, ha interpuesto un recurso de reposición contra el acuerdo adoptado en el pleno de agosto con el que se trataba de dar viabilidad a la sentencia del TSJCV de 2007. Una medida que consideran que ha modificado parte del convenio que tenían suscrito en 2014 de mutuo acuerdo con el ayuntamiento, y que de ser así, se tendría que haber consensuado con la empresa.
La parte recurrente afirma que la "verdadera intención" del Ayuntamiento es "continuar retrasando fraudulentamente el cumplimiento efectivo del fallo y desatender nuestra petición de liquidación del contrato". Por este motivo, piden la "nulidad radical" de los acuerdos impugnados y "todos los actos administrativos que no se adopten en desarrollo y cumplimiento del fallo y consideraciones jurídicas de la sentencia".
Además, el letrado en su escrito explica que solicitó de forma expresa el 18 de julio la liquidación del contrato "en cumplimiento de la sentencia". Para lo que recuerda que aún no se le ha contestado a la petición.
Entre los acuerdos que se adoptaron en 2014, y que creen que se está vulnerando es que la estación vale 35,5 millones de euros. Cabe recordar que el acuerdo plenario recoge que ahora se le tasará por 25 millones de euros, lo que consideran que es una modificación en el convenio, y todo cambio se tiene consensuar con la concesionaria.
Para el abogado, "no parece razonable plantear proseguir con el expediente de resolución de mutuo acuerdo" mientras que se hace una variación en la tasación, con una reducción del 28,27%, según apuntan. Asimismo, recuerdan que la valoración del arquitecto municipal que aceptaron, de 35 millones, no se ajusta a lo que la empresa invirtió, y aseguran que lo aceptaron por la situación económica que atravesaba la ciudad.
A continuación, indican que las actuaciones posteriores del Ayuntamiento en relación a la tasación "son éticamente reprochables, moralmente inaceptables y jurídicamente impresentables". Consideran que la empresa ha sido un "simple y asombrado espectador" y calificó de erráticas las argumentaciones, con informes de Intervención de 2015, la negativa a aceptar el resultado de otra tasación en 2016. Actos que dicen haber sonrojado al letrado desde su posición de jurista.
De igual forma, para defenderse, sacan a relucir un informe del secretario municipal, que afirma que "no se pretende una valoración o tasación del Banco de España, sino un resultado concreto". Además, el funcionario público indica que el acuerdo plenario así como la tramitación de Intervención sobre la tasación "son contrarios al ordenamiento jurídico", así como las palabras del secretario diciendo que el interventor actúa de forma arbitraria en "esta materia" desde la tasación de 2014.
Por último, el secretario dice no entender "los intereses y empecinamiento de la tasadora Cohispania, ni el olvido absoluto de las tasadoras Tecnitasa y Sociedad de Tasación, ni quiero prejuzgar ni valorar la oscura actuación, con absoluta falta de transparencia por parte de la Intervención municipal, sobre todo respecto a esta secretaría en este asunto".
El abogado se basa en que la cantidad aprobada en agosto es la misma que resultó de la valoración de Tecnitasa, una valoración que se dijo en un decreto que era no fiable ni objetiva.
De todo ello, el letrado afirma que están consiguiendo que los derechos de su defendido están siendo entorpecidos, perjudicados y lesionados. Finalmente, dicen que de los hechos que figuran en el expediente se desprende que pudieran se constitutivos de prevaricación administrativa, tanto por acción como por omisión, de malversación de caudales públicos, vulneración de la jurisdicción contable y de la legislación en materia de transparencia".
