ALICANTE. La negativa del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a llevar a cabo una adjudicación directa para el caso de que quede desierta la segunda subasta del 15,07% de los títulos del Hércules y el derecho de crédito de 15,4 millones de euros que mantiene el banco del Consell contra la Fundación, ha obligado a Enrique Ortiz y a Juan Carlos Ramírez a replantearse su postura de no pujar.
Es más, tal y como adelantaba este lunes la COPE Alicante, el presidente del club blanquiazul se ha comprometido con el alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, a presentar una oferta a lo largo de esta semana, pese a que hay de plazo hasta el martes 19 de septiembre.
Desde el consistorio y a preguntas de Alicante Plaza, confirmaban que este domingo, en el palco del José Rico Pérez, hubo "una conversación informal" entre Ramírez y Echávarri (Ortiz estaba también en la zona noble del coliseo blanquiazul, pero no participó) respecto a este asunto. Fuentes de Alcaldía insistían en el interés que mantiene el primer edil en el futuro del club y en la necesidad de encontrar soluciones a los diferentes problemas que atraviesa para que exista una estabilidad (Portillo también apuntaba en esa dirección este lunes), pero no quisieron abordar qué respuesta dio el empresario vasco que, también este lunes, declinaba hacer a este medio cualquier tipo de valoración relacionada con la subasta en general y con el citado compromiso en particular.
Aspiraban a una adjudicación directa por 300.000 euros
Juan Carlos Ramírez y Enrique Ortiz no quisieron pujar en la primera convocatoria al parecerles desproporcionado el precio de casi 600.000 euros fijado por el IVF y mantenían la misma opinión respecto al de 508.000 que se ha establecido para la segunda. Ahora bien, el que el banco del Consell no esté dispuesto a llevar a cabo una adjudicación directa, algo que adelantó Alicante Plaza la semana pasada, supone un serio contratiempo que les obliga a pujar por la cantidad mínima, si desean controlar el club sin usar a la Fundación como intermediaria y capitalizar la entidad sin recurrir a la fórmula de préstamos participativos como hasta ahora.
La deuda con Hacienda y el arrendamiento del Rico Pérez
Si Juan Carlos Ramírez ha expresado en más de una ocasión que solo cuando sea el dueño de la mayoría accionarial cerrará un acuerdo (avalado por él) con la Agencia Tributaria para reordenar el pago de la deuda de 4,3 millones de euros que mantiene el Hércules con ella, la situación irregular del pago de este crédito de carácter privilegiado supone también un obstáculo para la administración si desea arrendarle el estadio al club.
Se trata de un problema que ya se ha puesto sobre la mesa y que también estaría llevando a los políticos a animar a Ramírez y Ortiz a que pujen, toda vez que son los únicos que han mostrado interés en hacerlo (aunque por un precio sensiblemente inferior).
Mientras el club no cuente con un certificado positivo del fisco no podrá contratar con la administración pública. Ahora mismo, el IVF se ha subrogado automáticamente en el contrato de alquiler suscrito por el Hércules con Aligestión en 2007, pero ha solicitado al juez de lo mercantil su cancelación para poder ceder el uso al Ayuntamiento de Alicante y que este, a su vez, subarriende la instalación al Hércules.