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Gobierno y sindicatos excluyen de estos beneficios a las cCAA que hayan incumplido el déficit

Los funcionarios valencianos, marginados del acuerdo estatal: ni 35 horas ni más plantilla

10/03/2018 - 

VALÈNCIA. Cornudos y apaleados. La Comunitat Valenciana ha vuelto a quedar perjudicada por no cumplir con los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, una situación que se deriva del pésimo sistema de financiación autonómica, según reconocen la mayoría de los expertos y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Antes fueron los intereses de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y esta vez ha sido el acuerdo a tres años firmado este viernes entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los representantes de los sindicatos mayoritarios del sector público (CCOO, UGT y CSIF). El pacto incluye un alza salarial que puede llegar al 8,79% en términos acumulados, una mejora de las condiciones laborales y la vuelta a la creación neta de empleo en la Administración. 

Pues bien, del alza salarial se beneficiarán todos los empleados del Estado, pero de la posibilidad de negociar la reducción de jornada a 35 horas semanales queda excluida, de momento, la Comunitat Valenciana, que también ve limitado el aumento de plantilla por la tasa de reposición en puestos no prioritarios: el 75% frente al 100% de las comunidades cumplidoras con el déficit.

35 horas

La capacidad de negociar las 35 horas semanales en las administraciones se limita en el acuerdo a las CCAA "que cumplan déficit, deuda y regla de gasto, siempre que no afecte al objetivo de temporalidad máxima del 8%". La Comunitat Valenciana no cumple desde hace años estos objetivos, a pesar de haber liderado la reducción del déficit, porque es la autonomía más castigada por el actual sistema de financiación autonómica.

Cristóbal Montoro. Foto: EFE

Los funcionarios valencianos sí se beneficiarán del resto de condiciones laborales pactadas: se recupera el cobro del 100% del salario en caso de baja por incapacidad temporal y se podrá negociar la acumulación de un 5% de la jornada anual para tareas de conciliación destinada al cuidado de familiares, aunque esas horas deberán recuperarse. También se posibilita el establecimiento de una jornada continua especial cuando se tienen a cargo menores o discapacitados.

Tasa de reposición

En cuanto a la creación de empleo, el acuerdo implica eliminar el límite a la tasa de reposición para las administraciones que hayan cumplido déficit, deuda y regla de gasto, que podrán reponer el 100% del personal en todos los sectores donde se produzca una vacante. 

Las administraciones que no hayan cumplido alguna de las tres condiciones, como es el caso de la valenciana, tendrán una tasa de reposición del 100% para los sectores prioritarios y del 75% para los no prioritarios (hasta ahora era del 50%), más una bolsa del 5% adicional para los sectores que consideren necesario reforzar. 

Hace justo un año, Ximo Puig visitó a Cristóbal Montoro para pedirle que levantara las restricciones en la tasa de reposición vigentes desde 2012 porque estaban provocando problemas en algunos ámbitos de la Generalitat, como FGV o el personal que gestiona las ayudas de Dependencia. La respuesta ha tardado un año en llegar y, aunque mejora la situación que había hasta ahora, está lejos de solucionar el problema.

Foto: EFE

En los municipios habrá una tasa adicional del 5% si entre 2013 a 2017 han tenido la obligación legal de prestar un mayor número de servicios públicos por el incremento de su población y bajo determinadas circunstancias. En el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía autonómica y policía local la tasa de reposición se eleva al 115 %. Además, se amplía el acuerdo de hace un año para la estabilización del empleo temporal -inicialmente pensado para sanidad, educación y justicia por tener las mayores tasas de interinidad- a los servicios de administración, generales y de investigación, así como a otros servicios públicos.

Subida de sueldo

En cuanto al sueldo, se pacta por primera vez un acuerdo salarial ligado a la evolución del producto interior bruto (PIB) y del déficit público. Según justificó Montoro en el acto de la firma, "hay crecimiento económico y es el momento de que reviertan sus beneficios a quienes están protagonizándolo, que son funcionarios públicos y trabajadores en la mayoría de las empresas". El ministro animó al sector privado a que "tome buena nota" ahora que también negocia su acuerdo salarial marco.

La parte fija del incremento salarial será del 1,75% este año, del 2,25% en 2019 y del 2% en 2020, lo que supone una subida nominal del 6% que está garantizada. A ello se suma la parte variable ligada al PIB, que será de un 0,25% adicional para 2019 y del 1% para 2020 siempre que el crecimiento de la economía sea igual o superior al 2,5%.

En caso de que el crecimiento sea menor al 2,5%, el incremento salarial disminuirá proporcionalmente. En 2020, se añade un 0,55% adicional por el cumplimiento del objetivo de déficit público. Asimismo, dentro de la parte variable el acuerdo prevé fondos adicionales equivalentes a 800 millones de euros para homologaciones retributivas o aportaciones a planes de pensiones, que permitirán añadir subidas del 0,2% en 2018, del 0,25% en 2019 y del 0,3% en 2020. Con ello, alza salarial puede llegar al 8,79% si se cumplen las previsiones.

Más FLA, más intereses

Por otra parte, el pleno del Consell aprobó este viernes un acuerdo por el que la Comunitat Valenciana solicita la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2018. En este caso, como en el acuerdo del Gobierno con los sindicatos, no poder cumplir los objetivos de déficit también penaliza a la Comunitat, ya que tiene que pagar intereses al Estado, al contrario que las CCAA que sí cumplen el déficit. 

"El Consell se ve obligado a solicitar esta adhesión a los préstamos del FLA, que debe retornar con intereses a diferencia de otras comunidades, que gozan de una financiación por derecho, como consecuencia de que el Gobierno central ha incumplido su compromiso de que a finales de 2017 habría un nuevo modelo de financiación autonómica", se quejó la Generalitat en un comunicado. 

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