La juez da la razón a Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante al ratificar que cumplen los requisitos legales exigidos para poder abrir en festivos, en el mismo régimen del que ya disfruta El Corte Inglés. El fallo, que es recurrible, rechaza posibles indemnizaciones
ALICANTE. Los tres centros comerciales de Alicante que impugnaron la primera delimitación de horarios comerciales aprobada por el Gobierno del PP de Sonia Castedo en 2013 logran una primera victoria en los juzgados. La titular del juzgado de lo Contencioso número 4 acaba de reconocer su derecho a abrir los domingos y festivos en el mismo régimen del que ya disfrutan los comercios asentados en el Centro tradicional y El Corte Inglés al confirmar que también cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Comercio para acogerse a esa posibilidad.
Ahora bien, la sentencia, con fecha de 7 de noviembre y conocida este martes, rechaza la segunda de las pretensiones manifestadas por las tres grandes superficies (Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante) en su recurso: la juez descarta establecer una indemnización por posibles daños y perjuicios por "desviación procesal".
La resolución era más esperada por el Ayuntamiento. El alcalde y edil de Comercio, Gabriel Echávarri, había manifestado en reiteradas ocasiones que muy probablemente la sentencia sería favorable a los intereses de los centros comerciales porque así lo indicaban todos los informes. De hecho, venía recalcando que el Ayuntamiento debía aprovechar el compás de espera hasta que hubiese pronunciamiento judicial para negociar desde una posición de fuerza las condiciones sobre las que debía regirse la nueva propuesta de delimitación de horarios comerciales a través de la declaración de lo que se conoce como Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT).
El debate ha experimentado varios giros desde el inicio del actual mandato. En primer lugar, el tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) acordó dejar sin efecto la ZGAT aprobada por el PP (la misma que la sentencia tumba ahora) en cumplimiento de un compromiso electoral compartido por las tres formaciones: apoyo al pequeño comercio y a los trabajadores, de modo que no se les forzase a trabajar obligatoriamente domingos y festivos sin percibir remuneración adicional a cambio. El segundo movimiento fue justo a la inversa. Echávarri planteó en el pleno de marzo una propuesta en favor de la liberalización total para garantizar la igualdad de oportunidades tras lograr un acuerdo al menos con El Corte Inglés por el que se comprometía a ampliar plantillas para cubrir sus necesidades de personal en festivos y a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. En virtud de ese acuerdo, la plantilla de los grandes almacenes sólo quedaba forzada a trabajar 13 festivos.
Esa segunda propuesta no prosperó en el pleno. Echávarri sólo logró el apoyo de su partido, el PSOE, y de Ciudadanos (C's). Sus socios de Guanyar y Compromís votaron en contra y el PP, que en principio había anunciado su voto a favor, acabó rechazando la propuesta con el argumento expuesto más tarde de que se les había vendido un consenso con el sector comercial que en realiadad no existía, según las explicaciones facilitadas por su portavoz municipal, Luis Barcala, a Alicante Plaza.
La tercera y última propuesta es la aprobada hace dos semanas en el Consejo Local de Comercio. Con ella, se volvía a la situación de partida, la única que ha llegado a estar en vigor en realidad, en cuanto al ámbito territorial: con ese acuerdo sólo dispone de libertad para abrir en festivo los comercios del Centro tradicional, incluidos los de la Avenida de Maisonnave. Todo, eso sí, con el añadido del compromiso por la conciliación para las plantillas, esta vez rebajado al límite de los 11 festivos laborables, en lugar de trece.
La sentencia abre ahora un escenario incierto en el que sólo se da por sentado que habrá recurso por parte del Ayuntamiento. Como publicó este diario, Echávarri anticipó que un hipotético fallo favorable a los centros comerciales abriría una larga batalla legal posiblemente hasta las última instancia judicial. Con ese movimiento, según las fuentes municipales consultadas, al menos se ganaría tiempo.