ELCHE. El curso político no podría empezar más candente en el Partido Popular ilicitano. A pesar de las continuas declaraciones realizadas por el nuevo equipo y por su presidente, Pablo Ruz, de que iba a trabajar unir al partido, la cosa está cada vez más complicada. Las grietas no sólo se han vuelto a abrir, si es que estaban cerradas, sino que cada vez se ensanchan más. A pesar del paso atrás de cara al público de la aún portavoz del grupo municipal Mercedes Alonso tras el proceso electoral, ella y sus tres ediles fieles, Vicente Granero —portavoz adjunto—, Erica Sánchez y Justino Delgado, piensan seguir dando guerra. Ahora que ha llegado el momento decisivo para la reestructuración que podía avivar la batalla interna, la de portavocías y dedicaciones exclusivas, el asunto se complica. Ruz ya ha enviado al alcalde una instancia con los cambios de portavoces en el grupo del PP, él y Martínez-Pujalte por Alonso y Granero respectivamente. Un cambio que aún no es oficial y que aún tardará.
Después de este movimiento, rápidamente los alonsistas, los nuevos díscolos con la dirección actual, ya han salido al paso para aseverar que el paso dado por Ruz no es vinculante. Piden “colaboración y respeto” del partido hacia el grupo municipal en este proceso de transición. “El Comité Ejecutivo no tiene competencias para el cambio o cese de portavoces del grupo municipal. Su regulación legal existente se encuentra en el ROF, el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de las entidades municipales”, explica Granero, haciendo referencia a esta ley del año 1986 y de ámbito estatal. En el punto 24 del Capítulo II de este reglamento señala lo siguiente:
Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente (en este caso, el alcalde) y suscrito por todos sus integrantes,que se presentará en la Secretaria General de la Corporación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de portavoz del grupo, pudiendo designarse también suplentes.
Según esta normativa, algo en lo que inciden los tres concejales, para proceder por tanto al cambio de portavoces son necesarias las firmas de los nueve ediles que tienen representación en el pleno por parte del PP. Una condición que obviamente no se cumple ya que hay cuatro ediles en contra —Alonso inclusive—, frente a los otros cinco, capitaneados por Ruz. Los alonsistas ya han señalado en varias ocasiones que no están de acuerdo con los ceses que se están produciendo, y por tanto, a día de hoy, es prácticamente imposible que los nueve ediles se pongan de acuerdo con esta propuesta de portavocías municipales.
Por otra parte, Granero insiste en que los portavoces siguen siendo los mismos, que siguen trabajando en el grupo municipal “con total normalidad” y juega la baza de los votos en las últimas elecciones: “33.000 votos nos avalan”. Añade que “no vamos a consentir atropellos a todo el trabajo realizado por el grupo municipal durante estos más de dos años en los que hemos hecho una oposición firme y fiscalizadora y debe seguir adelante”. También inciden estos ediles en la separación de competencias y respeto recíproco que debe haber entre grupo municipal y el partido, sin injerencias. Además, esgrimen que no han recibido ninguna notificación con respecto al cambio de portavoces del grupo o las dedicaciones exclusivas.
Respecto a situaciones similares vividas en el Ayuntamiento, uno de los ediles, Justino Delgado, explica que durante la escisión de Esquerra Unida y cuando se formó Compromis, una mayoría de concejales de EU intentaron deponer a Àngels Candela, de Compromís, pero el Secretario Municipal lo echó para atrás.
Tal y como está ahora de tenso el partido, la pelota pasa a Carlos González, que tendrá que dar el visto bueno o no de esa instancia que da cuenta del cambio de portavoces y que está firmada por el Secretario General del partido, José Navarro. El primer edil, desde su neutralidad, ha hablado con las dos partes implicadas puesto que le preocupa la situación en el partido y la influencia que esto pueda tener en el gobierno de la ciudad, “tiene que haber una buena oposición para que haya un buen gobierno”, esgrime, y espera que se resuelva pronto este “escollo”. En cualquier caso, el alcalde trasladará esa notificación al Secretario Municipal, y afirma que si no entra por el registro un documento que lleve las nueve firmas de los concejales, cosa que a día de hoy es imposible puesto que tienen que votar los integrantes del grupo municipal, tendrá que solicitar un informe jurídico para aprobar o no estos cambios que pide el Presidente del Partido Popular y dar cuenta de los mismos en el próximo pleno, que se celebrará el 25 de septiembre.
Así pues, y salvo alguna novedad que no entra en lo previsible, puesto que cada una de las dos partes sigue considerando que tiene la razón, todo hace pensar que tendrá que ser ese informe jurídico el que dicte sentencia sobre el asunto. Lo que está claro es que Pablo Ruz ya intuía que se podía llegar a una situación similar, y por eso incidió durante su campaña en la mayor relación que tiene que haber entre el partido y su dirección con el grupo municipal, que a día de hoy sigue comandado por Mercedes Alonso, a pesar de sus últimos movimientos. La cuestión es si unos estatutos internos locales o nacionales están por encima de una normativa reguladora de ámbito estatal.
