"La UE no es sólo un banco, es planificar para que cada euro que llegue genere un mayor impacto" 

ALICANTE. Funcionaria de carrera y profesora universitaria, Myriam Fernández (1968), asume la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos con el cometido de abrir la caja de caudales de la Unión a la Comunitat y de concienciar a la ciudadanía del imperativo de eficacia que rige en el continente. Entre sus principales preocupaciones, conseguir que el dinero comunitario se emplee en los fines para los que fue concedido y garantizar una financiación justa para mantener los servicios propios del Estado de Bienestar en territorio valenciano.         

-¿En qué consiste la estrategia EDUSI impulsada por la Unión Europea de la que han resultado beneficiadas las ciudades de Alicante y Valencia?

-La estrategia EDUSI implica la llegada de inversiones que van a permitir rehabilitar diversas barriadas afectadas por problemas de degradación y que van a incidir en cuatro ámbitos o líneas fundamentales: hacer esa zona determinada de la ciudad más inteligente, mediante las nuevas tecnologías, en fomento de las pymes, en el tejido del pequeño comercio; en regeneración urbana, con actuaciones en viviendas; e invertir en eficiencia energética.

-¿Se puede decir en consecuencia que se trata de impulsar una completa transformación de esos espacios urbanos?

-Sí ese es el objetivo principal, la idea de concentrar unas inversiones para conseguir un mayor impacto que está medido, tiene un horizonte temporal. Esta inversión, para poder ser obtenida, ha sido calendarizada. En el caso de Alicante, en este primer año serán casi 3 millones, se va a iniciar con actuaciones que puedan tener un reflejo inmediato en los ciudadanos, dirigidas a las nuevas tecnologías y a la eficiencia energética y aquellas que son de más difícil visibilidad, las de regeneración urbana, se van a iniciar ya, pero los efectos serán más tardíos por la complejidad que comportan.

-En Alicante, se trata de una aportación de 11 millones y en Valencia, 15. ¿Es así?

-Sí, se trata de una cofinanciación al 50%, así que en Alicante serán en total 22 millones. Pero a su vez van a tener un apalancamiento muy potente porque se van a crear efectos sinérgicos con otras fuentes de financiación del Ministerio de Fomento, etc., de modo que la inversión total se dispara a los 113 millones. El proyecto en concreto son 22, pero con la suma de otras inversiones, se llega a esos 113. Para Valencia son 15 millones, que en realidad se convierten en 30 con la aportación municipal.

-Parece que Europa va a ser finalmente el único 'banco amigo' al que el Consell y los Ayuntamientos van a poder pedir fondos…

-Efectivamente, en la situación actual de la Comunitat, la financiación europea desempeña un papel fundamental, pero la intención de la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos es poner de manifiesto que no se trata sólo de una vía de captación de financiación, sino una forma de hacer las cosas, una forma de entender que cada euro que se invierte puede tener una potencia, una presencia, un impacto mucho mayor si se estudian previamente las necesidades y se planifican las políticas públicas con cuidado, con atención y sobre todo escuchando a los ciudadanos. La participación ciudadana es muy importante para que las políticas públicas que se hagan sean realmente las que se necesitan. 

-¿Hasta cuándo va a estar disponible ese recurso? ¿Europa va a cerrar la caja en algún momento?

-Esperemos que el proyecto europeo, por salud democrática y por salud del mundo, dure mucho. Mientras exista la idea de la Unión Europea, la financiación seguirá existiendo. Puede acabar cambiando su fisionomía. Ahora mismo hay un debate muy importante que es si la financiación debe seguir manteniendo su estructura actual, como subvención. Los fondos estructurales hasta ahora se han concedido como vías, que con distintas partes de cofinanciación, 80-20, 50-50, pero siempre entendiéndose esas ayudas como no retornables. 

"La Generalitat ha defendido en el comité de las regiones que la subvención sin retorno debe seguir siendo la vía fundamental, especialmente para las políticas sociales, educación, sanidad, servicios sociales..."

A partir de ahora se ha abierto un debate en el cual algunas regiones, sobre todo las más ricas, entienden que los instrumentos financieros deben complementar las subvenciones. La Generalitat hemos firmado un manifiesto que se ha presentado en el comité de las regiones en el cual seguimos entendiendo que la subvención debe seguir siendo la vía fundamental, especialmente para las políticas sociales, educación, sanidad, servicios sociales... Sería incomprensible que estas políticas fueran financiables a través de instrumentos financieros, sería muy complejo. En cambio, hay otras políticas emergentes, como la innovación o la eficiencia energética, que si admiten este tipo de instrumentos y en ello estamos trabajando.  

-Entre sus funciones está la de velar por el correcto uso de esos fondos. ¿Cree que hasta ahora se han usado bien líneas como los fondos Feder, por ejemplo?

-La aplicación de los fondos europeos tiene dos necesidades: ser bien administrados, de forma eficiente y utilizando unos procedimientos pautados, y por otra parte, evitar lógicamente que se dediquen a usos no reglamentados, que es lo que provoca los expedientes sancionadores que tenemos entre manos. La Generalitat está desarrollando instrumentos para mejorar el control de las ayudas. Se ha creado una viceintervención específica que se dedica a ello, estamos sofisticando los procedimientos para tener un control más minucioso y ser más eficaces y por supuesto está lejos de toda duda que no se van a aplicar esos fondos a objetivos distintos de los exigidos por la Unión Europea. 

-También es competente sobre el control de las subvenciones concedidas por la Generalitat. ¿Qué me puede decir sobre las fondos invertidos en la construcción de Ciudad de la Luz que la UE obliga a reintegrar?

-Estamos trabajando para que el impacto en el retorno de estas ayudas que la Comisión Europea ha entendido que han vulnerado las leyes de la competencia porque no fueron notificadas en tiempo y por lo tanto rompieron las reglas de la libre competencia, estamos trabajando para que tenga el menor impacto posible en las arcas de la Generalitat. Este es nuestro mayor esfuerzo, y conseguir que las futuras inversiones que se produzcan se hagan respetando las reglas del juego, para no volver a romper las reglas en ningún sector, aeronáutico, automovilístico, audiovisual, deportivo... Cualquier ámbito va a estar muy vigilado.

-¿Y en este proyecto concreto, el de Ciudad de la Luz, ve otra posible salida que no sea el reintegro de esos 265 millones?

-Se está negociando con la Comisión el retorno a través de distintos activos. El reintegro de las ayudas puede plantearse por distintas vías. El que más le interesa a la Unión Europea siempre es el retorno de la ayuda, del líquido en su complitud. Pero puede hacerse a través de un pago en especie. Lo que sí procura siempre la Comisión es que ese pago en especie sea en efectivos útiles, que sean eficaces para la gestión de lo público.

-Y esa es la vía por la que se apuesta: sería la Generalitat la que mantendría la titularidad del complejo y le daría un uso por definir, que nunca sería el de seguir utilizándose como centro de producciones cinematográficas.

-Efectivamente, estamos estudiando cuál sería ese uso.

-¿Qué proyectos tiene en cartera la Generalitat para pedir fondos a la UE?

-Además de conseguir que los fondos estructurales sean invertidos en proyectos del máximo interés, educar a los agentes sociales, no solamente a los municipios como en las EDUSI, sino también a las pymes o incluso a las ONG, para que conozcan toda la gama de convocatoria de concurrencia competitiva a la que pueden acudir para obtener financiaciones que pueden llegar al 80% de los proyectos, ayudándoles a entender cómo configurar partenariados.

"La devolución de las ayudas reclamadas por Bruselas puede hacerse a través de un pago en especie. Lo que sí procura siempre la Comisión es que ese pago en especie sea en efectivos útiles, que sean eficaces para la gestión de lo público" 

Es importante que las distintas organizaciones se apoyen en las cámaras de comercio, universidades, en otros agentes que les pueden proporcionar aspectos de los que adolecen. Y después, la colaboración público-privada. El plan Juncker está siendo ahora mismo una gran oportunidad. La semana pasada se celebró unas jornadas sobre inversiones estratégicas en el ámbito del Mediterráneo y se puso de manifiesto la posibilidad de impulsar desde la Generalitat un Plan Juncker para invertir en infraestructuras vinculadas al Corredor Mediterráneo.

-¿Cómo se articularía esa colaboración público-privada?

-A través de la Autoridad Portuaria, de las empresas que estén interesadas en desarrollar nodos logísticos... Es un primer ensayo. Creo que a través de esta escuela conseguiremos ir rodando esta maquinaria para ir trabajando en esta colaboración público-privada.

-¿Pero hay algo cerrado sobre porcentajes de aportación que le correspondería asumir a la administración y a las empresas?

-En este Plan Juncker todavía no. Hay algunas cifras respecto a lo que aportaría la Autoridad Portuaria porque vamos a trabajar apoyándonos en el Fondo de Accesibilidad Marítimo-Terrestre. A partir de ahí, se obtendría una importante aportación, pero se está buscando inversores y en función de los posibles retornos, se harían variar esas inversiones. 

-Algunas organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio también reciben un notable respaldo económico de Bruselas. ¿Debe ser ese el destino de las ayudas? ¿Respaldar a organizaciones empresariales?

-Las cámaras de comercio tienen un papel muy importante. Los fondos estructurales tienen dos vías: los que llegan directamente a las comunidades autónomas y otros que son gestionados a través del Estado. Las Cámara de España es órgano gestor, tiene un estatus muy importante en esos fondos. El Estado les asigna una cantidad importante que deben invertir de forma territorializada. En el caso de la Comunitat, son 18 millones cofinanciados al 50%. Ese dinero ha de ser invertido en las pymes, en las empresas valencianas. Juegan un papel muy importante.

-¿Qué debe hacer un empresario interesado en obtener fondos comunitarios?

-En primer lugar conocer muy bien las reglas del juego. Recomendaría que se inscribiera en el registro de lobbys porque es la mejor forma de conocer cuáles son los agentes de su entorno, de su especialidad, con los que puede interactuar... Y sobre todo, tener muy claros sus objetivos y sus necesidades. Para tener éxito en Europa no hay que sabérselo todo, sino saber qué es lo que necesito y apostar por este proyecto con innovación y apoyándote en los aliados idóneos. 

-¿Cree que, una vez formado el nuevo Gobierno, se despeja el camino para la reforma de la financiación autonómica?

-Esperamos que sí, que podamos avanzar rápidamente. Está convocado el Consejo de Política Fiscal. Esperemos que desde ese momento se tomen decisiones que beneficien a las arcas públicas de la Comunitat. La Generalitat se ha dotado de los instrumentos necesarios para poder defender técnicamente, para ser convicentes y rigurosos con los datos que estamos proporcionando diariamente ante el Ministerio. 

-Si se abre el proceso, ¿cuál va a ser la reclamación concreta del Consell en términos numéricos? ¿Cuál es la cifra final?

-Ahora mismo los presupuestos de 2017 se han dotado 1.300 millones con una partida de salida que consideramos que son imprescindibles para cuadrar los presupuestos. Estos datos han sido calculados precisamente por la falta de financiación acumulada en los últimos años y que nos ha hecho recurrir al FLA en las condiciones que todos conocemos. 

"Los datos que continuamente aportamos lo que evidencian es que la Comunitat está soportando las políticas más costosas, las relacionadas con el bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Son las políticas que no admiten demora"

Los datos que continuamente aportamos lo que evidencian es que la Comunitat está soportando las políticas más costosas, las relacionadas con el bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Son las políticas que no admiten demora. El Estado puede perfectamente dejar de construir un tramo de AVE, o en una unidad de vigilancia o en armamento, pero el Estado del Bienestar es diario, es constante, y los ciudadanos y las personas están detrás. Por eso el esfuerzo de la Generalitat es demostrar cuántas camas se necesitan, cuantas plazas escolares, cuántos equipos de servicios sociales. Creo que lo estamos haciendo con rigor y lo vamos a seguir haciendo. 

-Se viene reiterando el mensaje, ya incluso con el PP en el Consell, de que estamos peor que otras autonomías en términos de financiación. ¿En qué sentido?

-Es por el esfuerzo que hace la Generalitat al ser la Comunitat una autonomía atrayente en términos turísticos, lo que supone que tenemos que proporcionar más servicios sanitarios, educativos, relacionados con ese Estado del Bienestar, de los que no obtenemos un reintegro equilibrado y que suponen congestionar nuestras ciudades y los servicios públicos. 

-¿Cuál es el estado de salud de la caja del Consell? Hasta hace poco se corría el riesgo de no poder afrontar devoluciones de préstamos…

-El Consell del cambio ha trabajado por sanear las cuentas, empezando por la SGR, que tenía el 50% de sus créditos de imposible o dificultoso cobro. Por otra parte, queremos impulsar un banco de la Generalitat que aparque todos estos activos tóxicos, todos estos problemas heredados del pasado, y se lance a trabajar en políticas activas, en proyectos que sean generadores de riqueza y que no nos tengan con las manos atadas resolviendo problemas jurídicos, en muchos casos heredados del pasado. 

-¿Tiene el Consell fondos para afrontar rescates de concesiones como las sanitarias?

-Lo primero que hay que hacer es conocer cuál es la situación, tener la información precisa de cuáles han sido las inversiones, los beneficios, los déficits... para poder cuantificar los servicios efectivos que han estado prestando esas concesiones y poder comprender realmente si ha sido un servicio deficitario o si ha producido los beneficios que las concesionarias manifiestan que se ha producido. A partir de ahí se harán números para ver si es o no es posible.