La Sareb negocia directamente con Alicante, Elche y Santa Pola la cesión de viviendas sociales

VALÈNCIA. Alicante, Elche y Santa Pola. Son los tres ayuntamientos alicantinos con los que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) está negociando acuerdos para la cesión de viviendas para el alquiler social ante el bloqueo de las negociaciones con el Consell para lograr un pacto a nivel autonómico. Unas negociaciones que también se están produciendo con València y Castellón.

Los contactos con los municipios los comunicó este jueves en València el presidente de la sociedad, Jaime Echegoyen, que explicó en una jornada organizada por Valencia Plaza que están "en conversaciones con los ayuntamientos de Elche, València, Santa Pola, Castellón y Alicante para la firma de convenios de colaboración para la cesión de vivienda social". "Con la Generalitat, por el momento, no hemos podido alcanzar un acuerdo, pero está en disposición de adquirir vivienda", afirmó.

Justo tras la ponencia de Echegoyen fue el turno de la consellera de Vivienda de la Generalitat, María José Salvador, a quien correspondió la clausura de la jornada. La dirigente socialista se pronunció al respecto en su discurso: "Sareb se resiste a mejorar las viviendas que tiene vacías", argumentó, y agregó que "un elevado numero de ellas están okupadas".

En efecto, se trata de dos aspectos que han impedido el acuerdo entre las partes, si bien la Sareb, preguntada al respecto, destaca que son las mismas condiciones con las que sí ha llegado a pactos con 11 autonomías y 6 ayuntamientos en el resto de España.

La entidad tiene reservado un parque de 4.000 viviendas destinadas para fines sociales en todo el territorio nacional, de las que 2.360 ya están comprometidas. Pero ninguno de los convenios alcanzados radica en la Comunitat pese a ser un territorio en el que posee una de las más amplias bolsas de inmuebles 'heredados' de la banca.

Según la entidad que preside Echegoyen, las condiciones de todos los pactos alcanzados son prácticamente las mismas. En primer lugar, la adecuación de cada vivienda puede ascender como máximo a 7.000 euros y se costea al 50% entre la Sareb y la administración que firma el convenio.

Además, la Sareb suele percibir una contraprestación fija mensual de 75 euros en el caso de las viviendas okupadas y de 125 euros cuando se trata de viviendas vacías. "Con dicha contraprestación la Sareb hace frente a los gastos de seguros, comunidad y reparaciones extraordinarias. A cargo de las administraciones corren otros cargos. Por ejemplo, los ayuntamientos suelen asumir el IBI", detalla la entidad.

En ambas cuestiones económicas -los costes de reparación y de alquiler- estriba una barrera para la administración valenciana. Según explica la conselleria a Valencia Plaza, la Generalitat "tendría que invertir mucho en unas viviendas que nunca van a ser suyas", todo cuando la administración "está destinando una importante cuantía en la rehabilitación de su parque público".

Por norma general, según agrega la Sareb, el convenio suele establecer que un máximo del 50% de las viviendas estén okupadas por familias sin título de alquiler o propiedad, "en cuyo caso la administración se encarga de la regularización de estas situaciones". La Generalitat también ve este criterio como un inconveniente, al contar también con okupas en sus viviendas públicas que atender en un primer término. Precisamente la administración ha sido pionera en tratar de regularizar a los okupas de las viviendas públicas.

Por lo que respecta al número de viviendas cedidas, la Sareb indica que puede variar en función de las que posea en el territorio y las que precise la administración, y que también se puede jugar "con los años de vigencia del convenio". "Salvo estas dos cuestiones, las condiciones suelen ser bastante estándar en los convenios firmados", aseguran.

Tras la estela de Carmena

Dado el escenario, podría darse la circunstancia de que, en el caso de la Comunitat, las ciudades se adelanten al gobierno autonómico a la hora de firmar un pacto con la Sareb. Madrid fue el primer precedente, donde el ayuntamiento de Manuela Carmena firmó con la Sareb un convenio que no fue posible con la Comunidad de Madrid.

En el caso de València, fuentes municipales trasladan a este diario que los contactos se están produciendo directamente entre la sociedad y la alcaldía, de modo que está en manos de Joan Ribó cumplir con los requisitos que fija la Sareb y lograr para la ciudad un acuerdo que, al menos hasta la fecha, no ha sido posible para la Comunitat.

No obstante, según detalla la Sareb, las conversaciones más avanzadas hasta la fecha para lograr un acuerdo municipal son las que se mantienen entre la sociedad y los ayuntamientos de Alicante y Elche.