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Illueca: "Aquí no hay temas personales ni políticos. La decisión sobre la subasta es estrictamente técnica"

Foto: Eva Máñez
1/10/2017 - 

ALICANTE. Acaba una semana marcada por la quiebra de la subasta que había convocado el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para desprenderse del 15,07% de las acciones del Hércules y la deuda que mantiene la Fundación con él. Hablamos con Manuel Illueca director general del IVF.

- Señor Illueca, qué ha pasado para que ocurra lo anterior porque el período de pujas se cerró con una única oferta, pero que era aceptada…

- La subasta no llega a buen puerto porque la única oferta que teníamos sobre la mesa, la del señor Ramírez y la sociedad Kuntajara, al final fue retirada en la notaría al no querer satisfacer los gastos que se contemplan en el punto 14 de la bases de la misma.

- ¿Hablamos, por tanto, de retirada, no de incumplimiento de las bases?

- Sí, claro. Tras escuchar sus explicaciones en notaría y en los días posteriores, llegamos a la conclusión de que él no entendió bien el citado punto 14 que establece que los gastos pendientes corren por cuenta del adjudicatario. Al conocer el importe de los mismos nos manifiesta que no los satisface, por lo que no tuvimos más remedio que declarar quebrada la subasta.

- Ramírez sostiene que ese punto 14 es oscuro...

Son cosas que pasan en la vida. A veces las cosas se entienden mejor y otras peor. A nosotros no nos lo parecía, pero a él se lo ha parecido y por eso no tenemos ningún problema en explicárselo y devolverle los 25.000 euros: una vez sabe cuál es el contenido de esa cláusula, pues puede elegir libremente si puja o no.

- Sus asesores jurídicos destacan la litigiosidad de ese punto y que si el IVF no le reconoce como adjudicatario buscará la tutela de la Justicia.

No lo contemplo, no hemos firmado ningún contrato. El IVF saca un activo a una subasta, fijando las condiciones que, además, también nos corresponde a nosotros interpretar y él no las cumple.

- Cien mil euros de gastos...

- Es normal que a personas que no están familiarizadas con este tipo de transacciones les parezca una cifra elevada. No es habitual participar en operaciones con sumas así y con ello no me refiero a los 508.000 euros de la oferta porque esa cifra se corresponde con lo que Kuntajara estaba dispuesto a desembolsar por un derecho de crédito cuyo importe, con costas e intereses de demora, asciende a más de 20 millones de euros. Es respecto a esta cantidad sobre la que se calcula el arancel del procurador, pero no porque lo decida el IVF; es lo que establece el colegio de procuradores.

- Independientemente del importe, Ramírez defiende que se trata de un cobro indebido, porque a la entidad que usted representa no le corresponde ponerse en la posición del procurador para cobrarle a él…

- Es que eso no es así. Nosotros no nos ponemos en la posición del procurador, exigimos que se nos libere del pago de esos honorarios con carácter previo a que se otorgue la escritura. Que el señor Ramírez llegue a un acuerdo con él. Mire, la gente debe tener claro que quien tiene la responsabilidad de organizar la subasta es el IVF, porque se pone sobre la mesa un activo de su titularidad. Nosotros decidimos el importe y las condiciones. A partir de ahí, no va a decirnos nadie lo que incluimos o dejamos de incluir en la misma.

Hay unas condiciones y él es libre de presentarse o no. Que lo ha hecho creyendo que los gastos estaban ya incluidos, pues, como le dije ayer, no hay problema: le devolvemos el depósito que hizo; que recuperado el mismo sigue interesado en hacerse con la titularidad del lote, pues, como ya sabe las condiciones, solo ha de remitir una carta con su oferta y yo elevaré petición al consejo general para que se pronuncie. Créame que yo mismo defenderé la transacción si lo anterior se produce.

- ¿Adjudicación directa?

- Adjudicación basada en el resultado de la subasta y no en lo que se me decía antes. Aquí no hay ningún tipo de negociación entre las partes. Aquí, una institución pública pone un bien a la venta y tras dos subastas tenemos, en el caso de que Ramírez mantenga su interés, una oferta que obviamente respetará los términos y condiciones en los que se ha planteado la enajenación ya por dos veces. Lo que no puede él es decirnos cuáles son esos términos y condiciones: tenemos un activo y este señor puede adquirir ese activo, si lo considera interesante económica, social o deportivamente; lo que no puede es decirnos el precio. Somos muy libres de establecer el precio y las condiciones.

- Lo que se le decía antes es el ya famoso pacto de 300.000 euros que tanto el empresario como el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, han sostenido en varias ocasiones, pero usted dice que no ha existido…

- Y lo seguiré diciendo. No ha habido ni habrá ningún pacto ni acuerdo para transferir la titularidad de estos activos por 300.000 euros. Desde el principio hemos defendido que la venta de estos activos se debía llevar a cabo por medio de un procedimiento transparente, presidido por los principios de publicidad y concurrencia. Ha habido una tasación de los bienes y derechos por parte de un experto independiente y una subasta.

Calculábamos que los importes iban a estar entre los 400.000 y los 600.000 euros y así ha sido.

- Volviendo al momento de la notaría. Habiendo solo un interesado, mucha gente se pregunta si no se podía, al menos, haber intentado llegar a un acuerdo consensuado antes de declarar la subasta quebrada, porque no deja de haber un interés en vender por su parte, en el marco de una política de desinversión que no solo se refiere al Hércules.

- No puede ser; no podemos apartarnos de la publicidad y la concurrencia. Tiene que haber unos mínimos de transparencia, unas garantías…, tenemos que cumplir la ley; no olvide que aquí estamos hablando de que los alicantinos han perdido 18 millones de euros que se le dieron a la Fundación del Hércules, un activo (esa deuda) que no es cualquier cosa.

- ¿A qué cree que responde que no haya más ofertas?

- Hemos hablado con distintas personas, abordado con ellas las contingencias del Hércules, y la situación del club es la que es. Por lo que yo he podido sondear, les desanima la decisión de recuperación: los siete millones de euros que penden sobre la entidad y que, en el momento en que el Tribunal General de la Unión Europea la confirme, tendremos que acudir a cobrar hasta el último euro de manera efectiva e inmediata y eso lo saben los inversores.

Ramírez tiene un conocimiento superior a los demás respecto a la situación del Hércules y por eso ha dado el paso, algo que a nosotros nos parece perfecto; pero como comprador ha de cumplir las condiciones que ponemos nosotros, que somos los titulares del activo: bajo ningún concepto vamos a vender por debajo de esa tasación.

- Hablemos de esa valoración, porque ha traído mucha cola. Si Ramírez considera el precio una salvajada, ha habido también quienes le han reprochado lo contrario, que no se venda el derecho de crédito por su importe, lo que supondría los 20 millones que mencionábamos antes si tenemos en cuenta los intereses de demora y costas.

- El deudor de ese derecho de crédito que tiene ese importe es la Fundación del Hércules, que no tiene capacidad ninguna para hacer frente al pago. La tasación se encarga a una empresa consultora que se centra en las acciones del club, todo y su delicada situación, no en el importe de la deuda en virtud de cuyo impago están embargadas. Nos presenta una horquilla de precios y en la primera subasta vamos al rango superior (casi 600.000 euros) y en la segunda estamos en el término medio.

- ¿Y no se podía haber hecho más atractiva la subasta incluyendo el estadio José Rico Pérez?

- Se podía, pero es que en este momento, teniendo en cuenta la situación del club, el valor por el que se podría enajenar ese bien inmueble al que el Hércules que encarna el fútbol en Alicante está, obviamente, ligado de manera íntima, es inferior al que se le podrá adjudicar cuando el club encuentre la estabilidad que necesita. Hemos hablado del valor de las acciones o de la deuda de la Fundación, pero como hemos dicho muchas veces y no me cansaré de repetir, el Rico Pérez es el principal elemento patrimonial que permitirá recuperar un dinero público perdido con una operación que nunca se debió conceder.

- Le veo positivo, ¿cree que habrá una solución?

- Soy optimista; el Hércules y el Elche son peritas en dulce. Dos grandes clubes no ya valencianos, de España con sede en dos plazas futbolísticas de primera línea y en una provincia con enormes potencialidades. A poco que encontremos el inversor que no solo aporte dinero, también tenga una hoja de ruta clara para su gestión, habrá muchas opciones de tener clubes de primer orden nacional e internacional. Aquí intentamos cuadrar el círculo: hablamos de un agujero patrimonial importante para el IVF, que le recuerdo que tiene un capital de 212 millones; estamos ante nada menos que 33 millones de euros de dinero público que hay que recuperar por culpa de unas decisiones que no se debieron tomar. Ahora ya no queda otra que tratar de limitar las pérdidas pero, que las aficiones lo tengan claro, hacerlo cuadrando el círculo, buscando también la viabilidad para los clubes.

- Volviendo con el estadio y su futuro, ¿tenemos claro ya cuál es la situación?

- Muy claro, cesión de su uso al Ayuntamiento de Alicante para que lo puedan disfrutar todos los alicantinos. En breve espero que podamos cerrar un convenio al respecto, que deberá ser aprobado por el pleno municipal. Siempre hemos defendido que, estando en manos públicas y más concretamente de la ciudad, el Hércules debe tener la oportunidad de arrendarlo.

- ¿Cree que Ramírez cambiará de postura?

- Se ha formado una tormenta en un vaso de agua. Aquí no hay ni temas personales ni políticos. La resolución de la subasta también es una decisión meramente técnica. Me remito a lo dicho: una institución pública titular de un activo que pone a la venta fijando un precio y unas condiciones. Si se aceptan, bien; y si no se aceptan, no pasa nada, seguiremos como hasta ahora.

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