Antonio Rodes, director de la SPTCV, con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en la presentación de la VolvoALICANTE. Las cuentas anuales de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) correspondientes al año 2016 no han podido ser auditadas. Según el informe de auditoría adjunto a las cuentas publicadas por la Generalitat, el auditor, Leopoldo Pons Auditores, no puede emitir opinión sobre las cuentas porque tanto en Ciudad de la Luz (participada al 100% por SPTCV) como en el aeropuerto de Castellón (participada al 41,8%) podrían darse deterioros superiores a los reconocidos, que el auditor es incapaz de fijar. Es decir, que las provisiones previstas por dichas sociedades para cubrir los citados deterioros podrían no ser suficientes.
Según el informe, los 95,5 millones de euros del coste de adquisición de los estudios se encuentran totalmente deteriorados en las cuentas, y los estudios tienen concedidos créditos por importe de 185,36 millones de euros, que a 31 de diciembre del pasado año "se encuentran vencidos y figuran en el activo corriente". La SPTCV tiene provisionados para riesgos y gastos a largo plazo 113,76 millones de euros, cantidad que "coincide con el patrimonio neto negativo" de la sociedad participada. Sin embargo, la valoración de los activos de Ciudad de la Luz (construcciones e instalaciones cinematográficas, que ahora revertirán al Consell al aceptar Bruselas la 'dación en pago') podría estar más deteriorada de lo que se reconoce en las cuentas: en este sentido, el auditor recuerda que el informe de auditoría sobre las cuentas anuales de los estudios incluyen una salvedad sobre la valoración, dado que se ha considerado una amortización lineal.
Fruto de esa salvedad, "podrían ponerse de manifiesto pérdidas adicionales a las ya reconocidas", de forma que la provisión de gastos (los citados 113,76 millones) podría no ser suficiente para cubrir las responsabilidades que puedan surgir de Ciudad de la Luz. A esta circunstancia se suma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, validada por el Supremo, que anula el proceso de expropiación para construir los estudios y obliga a devolver el suelo a sus propietarios o a indemnizarlos en caso de que no sea posible. El auditor señala que "las cuentas anuales no recogen provisión alguna por dicha compensación económica", y que además esta no ha sido determinada, por lo que carece de elementos suficientes para cifrar dicha compensación.
En cuanto al aeropuerto de Castellón, la SPTCV posee el 41,86% de Aerocas, con un coste de adquisición de 8,62 millones de euros que se encuentra totalmente deteriorado. Asimismo, tiene un crédito concedido por 41,72 millones de euros, vencido, que figura clasificado en el activo corriente. Los fondos propios de Aerocas, según la memoria de la SPTCV, presentan un saldo negativo de 62,9 millones de euros (las cuentas de Aerocas no estaban auditadas a la fecha del informe sobre SPTCV). Así, el auditor señala que "no podemos evaluar la recuperabilidad de los créditos y saldos a cobrar" reconocidos, que ascienden a 41,7 y 5,11 millones de euros respectivamente.
Aún resta otra salvedad que el auditor no deja de señalar, pese a no emitir opinión sobre si las cuentas de la SPTCV reflejan de forma fiel el estado contable de la sociedad: el hecho de que tampoco puede pronunciarse sobre los posibles conflictos de intereses de los miembros del consejo de administración de la sociedad pública. El informe señala que "no hemos obtenido evidencia de auditoría" al respecto, porque "uno de los miembros" del consejo no ha realizado la pertinente comunicación sobre situaciones de conflicto de intereses.
