ALICANTE. El informe de fiscalización emitido por la Sindicatura de Comptes sobre la actividad económica-financiera del Ayuntamiento de Alicante no sólo reprende la gestión desarrollada por lo que respecta a la aprobación de pagos sin la cobertura legal de un contrato desarrollados entre 2015 y 2016. Como ha informado Alicante Plaza, se trata de operaciones por un importe global de 43 millones: el 17% del presupuesto municipal de 2015.
Lo cierto es que, además, la institución autonómica también pone de manifiesto un presunto proceder irregular en ese mismo periodo por lo que respecta a la tramitación de los llamados contratos menores: aquellos de importe inferior a los 50.000 euros en los casos de contratos de obras, y de 18.000 euros en los contratos de suministros, servicios u otros contratos, hasta que entró en vigor la revisión de la Ley de Contratos del Sector Público, mucho más restrictiva, ya en este año 2018.
El análisis de Comptes es contundente al considerar que, en determinados supuestos "podrían haberse fraccionado indebidamente los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan". Es más, llega a concretar que esa práctica de troceo de adjudicaciones pudo haberse aplicado para la concertación de trabajos y servicios por un importe global de 2,89 millones en relación a 16 objetos distintos, que se detallan en la tabla adjunta.
La sindicatura establece que se trata de "gastos realizados por varios proveedores que no están sustentados por ningún contrato y que podrían formar parte, a juicio de la Sindicatura, de una misma unidad operativa o funcional". Así, concluye que, "en consecuencia, debería analizarse la conveniencia de su tramitación por procedimiento abierto o negociado, ajustándose a los principios de publicidad y concurrencia establecidos" en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Al margen de los contratos que se mencionan en la tabla reproducida, el dictamen establece que "en la revisión efectuada se han detectado varios expedientes de contratos menores que deberían haberse agrupado y adjudicado siguiendo un procedimiento ordinario, abierto o restringido, o bien negociado y no como contratos menores". Sobre ellos, el informe también insiste en que "se debería haber promovido una licitación, a través de la contratación acumulada o conjunta, en la que el valor estimado se obtendría como la suma de los valores estimados de los contratos menores en cada caso". En esa situación, entre otros, enumera las siguientes situaciones: dos contratos menores por 9.917 euros cada uno, adjudicados en enero de 2015 a la misma empresa para realizar actividades socioeducativas en centros sociales; dos contratos menores para obras en la piscina municipal del Monte Tossal adjudicados a un mismo proveedor en noviembre de 2015 por un importe global de 80.763 euros; o dos contratos menores por la compra de 61 tablets, el primero, y 8 unidades portátiles y 6 pantallas, el segundo, adjudicados en diciembre a la misma empresa por un importe total de 20.988.
El dictamen resalta la acumulación de encargos por trabajos de albañilería y fontanería en dependencias municipales: bloques de entre 18 y 24 contratos con un mismo proveedor
Con todo, el informe resalta esencialmente otra contratación especialmente llamativa relacionada con trabajos de albañilería y fontanería en dependencias municipales: "De la relación de contratos menores destacan tres proveedores cuyos contratos de obras a lo largo del ejercicio 2016, con un similar objeto, acumulan importes superiores al de contratación menor". Y continúa: "Al primer proveedor se le adjudican 24 contratos cuyo objeto es la realización de trabajos de fontanería y albañilería en distintas dependencias municipales, con un importe total de 139.292 euros; el segundo proveedor, tiene 20 contratos adjudicados para el mantenimiento y reparación de fontanería y albañilería en colegios, con un valor acumulado de 136.932 euros; el tercer proveedor tiene 18 contratos adjudicados para realizar obras de acondicionamiento, que suman un total de 79.130 euros".
En la relación de contratos menores susceptibles de haberse registrado un episodio de fraccionamiento, curiosamente, no se citan de manera expresa las 25 facturas de la Concejalía de Comercio por servicios concertados de manera directa entre noviembre y diciembre de 2016 que han motivado el procesamiento del exalcalde socialista Gabriel Echávarri y dos de sus asesores (Lalo Díez y Pedro de Gea) por un delito de prevaricación administrativa. El informe sí le dedica un apartado específico a ese paquete de contrataciones, pero no extrae ninguna conclusión y (a lo largo de dos páginas) se limita a enumerar el proceso administrativo seguido para su revisión, a la vista del informe emitido por el interventor municipal sobre sus dudas en relación a un posible fraccionamiento.