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comisión por la aplicación de la ley de memoria histórica 

El PSOE recurre la sentencia y defiende la 'purga' del callejero mientras busca pacto con la oposición

24/11/2017 - 

ALICANTE. Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alicante están de acuerdo: se debe actualizar el callejero de Alicante en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Ahora bien, todos difieren sobre cómo hacerlo y se emplazan a una nueva reunión, el próximo 5 de diciembre, para estudiar una nueva propuesta -que corresponde elaborar a la propia Concejalía de Memoria Histórica- capaz de suscitar el respaldo mayoritario para que pueda elevarse al pleno de ese mes, como establece la sentencia del juzgado de lo Contencioso número 4 que da la razón al PP y anula el cambio de denominaciones acordado hace un año. 

Ese es el balance de la reunión de la comisión municipal para la aplicación de la Ley, reunida este viernes en el Salón de Plenos, con la representación de todos los partidos, además de la Comisión Cívica por la Recuperación de la Memoria Histórica, y de la Asociación Cultural Alicante Vivo. A la convocatoria, no han acudido los representantes de las Juntas de Distrito, según fuentes municipales. En la comisión han intervenido los técnicos del Departamento de Memoria Histórica y Democrática para explicar el procedimiento seguido, y con posterioridad se ha abierto un debate y análisis por todos los miembros de la comisión, de la tramitación e incidencias sobre el cambio de denominación de las vías públicas.  

El edil de Memoria Histórica, el socialista Fernando Marcos (que toma el relevo a María José Espuch, de Compromís), ha señalado la necesidad de "acabar cuanto antes con la infamia que es tener en nuestra ciudad calles con nombres de personas que representan un período tan negro de nuestra historia reciente". Durante su intervención en la comisión, ha desvelado que -al contrario de lo que se había comunicado en un principio- el Ayuntamiento sí ha recurrido la sentencia de primera instancia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para defender la legitimidad de las nuevas denominaciones de esas 46 calles, en el caso de que no exista un acuerdo político y social suficiente como para que se pueda adoptar una nueva decisión en el pleno. Si se alcanza ese pacto político y social, el recurso se retirará, según han señalado portavoces de Memoria Histórica. 

Las diferencias llegan a la hora de definir cómo debe ser esa nueva propuesta. Marcos ha defendido la posibilidad de que se promueva el cambio del mayor número de calles posibles. El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha sostenido que su grupo podría aceptar que se dejasen sobre la mesa las seis calles que el PP y Ciudadanos (Cs) consideran que no deben incluirse (Calvo Sotelo, Primo de Rivera, Manuel Senante, Martínez de Velasco, Ruiz de Alda y Vázquez de Mella), pese a que, ha dicho, "sí existe una justificación técnica para su retirada". En cualquier caso, ha reclamado que no se demore la adopción del nuevo acuerdo "como parece que es la voluntad del PP, que solo cambió el nombre de una calle desde la aprobación de la Ley de Memoria, en 2007". También ha lamentado que se decida recurrir la sentencia porque eso conlleva retrasar la ejecución del cambio. "Hoy nos hemos quedado sorprendidos cuando Pedro Boj, asesor del grupo socialista, ha anunciado que el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia. Tampoco nos ha gustado que no haya asistido a la comisión ningún letrado de la asesoría jurídica, un papel que ha parecido que asumía el asesor Pedro Boj cuando él no es un técnico municipal", ha insistido Pavón.

Por último, el líder de Guanyar ha expuesto que elementos como la Cruz de los Caídos, el Monumento a los Caídos de la Vega Baja y la vidriera del espacio de atención al público del Banco de España deben ser objeto de las medidas que contempla la Ley de Memoria Histórica para la eliminación de símbolos franquistas, bien mediante su retirada o traslado, "claramente viable en los casos de la cruz", como se va a hacer en Callosa de Segura con el aval de la propia Generalitat, y la vidriera, bien mediante su contextualización a los objetivos que persigue la Ley si la retirada fuera inviable". "Podría ser el caso del monumento a los caídos de la Vega Baja, todo ello independientemente del valor patrimonial que puedan tener dichos elementos", ha recalcado. "En su momento no lo planteamos porque entendíamos que lo prioritario era cambiar las calles franquistas, pero hoy lo hemos expuesto abiertamente en la comisión", ha concluido Pavón.

La portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, ha considerado que se debe trabajar para buscar el consenso con el tiempo suficiente y sin que se recurra a "un cambio de cromos". En este sentido, ha señalado que "todos los nombres son revisables" y ha insistido en que lo importante es que se trabaje bien para no cometer los mismos errores que han provocado la anulación del acuerdo del pasado mes de noviembre. "Nos extrañan las prisas de Compromís que incluso quería llevar a este próximo pleno el cambio de calles con nombres franquistas", ha dicho. "Desde Cs tenemos la impresión de que no han entendido nada de todo lo que ha ocurrido. Y, sobre todo, no han entendido que la Memoria Histórica está para generar consensos y reconciliaciones", ha abundado. De ahí que haya reiterado que "hay que repetir el proceso de reasignación de nombres sin prisas, sin sectarismos, y con el máximo consenso posible".

La portavoz adjunta del PP, Mari Carmen de España, ha incidido en que "las prisas no son buenas" y ha abogado por trabajar a partir de ahora para decidir qué calles son susceptibles de cambio. "Nuestro planteamiento es que los trabajos de la Comisión de Memoria Histórica se ciñan a determinar qué calles infringen la Ley y, en consecuencia, elaborar el dictamen de propuesta de eliminación de calles que se elevará al Pleno para su debate y votación", ha explicado. Además, "en ningún caso será labor de esta Comisión el estudiar o proponer las denominaciones de las calles que deban sustituir a las eliminadas por aplicación de la Ley de Memoria Histórica". En este sentido, lamentado que "de nuevo, la precipitación hace perder la cabeza a Compromís para poder cumplir con la Ley, porque en lugar de consensuar su aplicación, tal y como se señala en la sentencia judicial, han optado por ignorar la participación ciudadana".

Por último, la edil de Compromís, María José Espuch, ha reclamado que se lleve a pleno una nueva propuesta de renomenclatura de calles en la que se podría excluir las seis vías que han generado mayor controversia, pero ha insistido en que ese cambio debe hacerse cuanto antes "porque desde 2007 los alicantinos ya llevamos mucho tiempo soportando esa indignidad". Espuch ha insistido en que PP y Cs, "en especial el PP, han demostrado claramente que el recurso presentado contra la reposición de las calles franquistas aprobada en Junta de Gobierno Local fue un atajo legal, una argucia para retrasar el cambio, ya que no quieren en el fondo que se aplique la Ley de Memoria Histórica de hace diez años y se democratice el callejero de nuestra ciudad". 

Para la edil de Compromís, es necesario que la propuesta se eleve a la consideración del pleno de modo que "los grupos municipales comoel PP puedan o no quedar retratados si se oponen a la democratización del callejero". Por último, ha insistido en que, durante su etapa en la concejalía de Memoria Histórica, se siguieron los trámites legales, primando los criterios democráticos, la participación social y el interés por introducir una feminización del callejero, a través de la creación de una comisión específica compuesta por representantes de todas las fuerzas políticas y de colectivos sociales de la ciudad, sin precipitación ni procedimientos extraordinarios, y por ello, ha mostrado su "total confianza en que así se reconocerá en un futuro".

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