El Gobierno valenciano, en una imagen del pasado 20 de octubre. Foto: GVAEntre los ingresos figuran cerca de 2.000 millones de euros que podrían calificarse de dudoso cobro
VALÈNCIA. La infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana apenas ha tenido efecto de contención en los Presupuestos de la Generalitat de 2018, cuyo anteproyecto aprobó este martes el Consell con un aumento del gasto no financiero de 960 millones de euros. Es un incremento del 6,7%, mayor del previsto inicialmente por el departamento que dirige Vicent Soler debido a las presiones de Podemos, que amenazaba con no apoyarlos si no se incluían reivindicaciones que sumaban 300 millones de euros, y de parte del Ejecutivo que también quería más fondos para el penúltimo año de legislatura, especialmente de Mónica Oltra.
El presupuesto total asciende a 19.957 millones, un 12,6% más, aunque esta cifra no es significativa puesto que los numerosos vencimientos de deuda, que serán cubiertos por el FLA, han disparado las operaciones financieras.
Volviendo a las operaciones no financieras, la vicepresidenta y consellera de Igualdad se ha salido con la suya y ha logrado el mayor aumento del presupuesto de todas las consellerias, un 13,8%, más del doble que la media. Son 145 millones más. Destaca el aumento en 47,4 millones de la dotación para la nueva Renta Valenciana de Inclusión, que a partir de 2018 sustituye a la Renta Garantizada de Ciudadanía.
En cuanto a Podemos, el Consell ha atendido todas sus reivindicaciones pero no por los importes que pedía. Por el contrario, algunas consellerias, como la de Economía, ha sufrido ajustes de última hora para compensar en parte los incrementos solicitados por la formación que dirige Antonio Estañ.
Además de las medidas sociales, el Presupuesto se dispara por medidas como el aumento de 214 millones en el gasto corriente de Sanidad que no significa más prestaciones sino que se reconoce parte del gasto real hasta ahora no contabilizado en los Presupuestos. Y crece también el Presupuesto por el coste de los intereses de la deuda, que se elevan un 3%, hasta 278 millones, la mayoría pagaderos al Estado por el FLA.
Con todo, el considerable aumento del gasto no financiero ha obligado al Consell de Ximo Puig a elevar la previsión de ingresos para cuadrar el Presupuesto de 2018 sin rebasar el déficit máximo autorizado, que es del 0,4% del PIB regional, 458 millones de euros. Y así, la tensión entre la infrafinanciación por un lado y el aumento de gasto por el otro han provocado que entre los ingresos figuren cerca de 2.000 millones de euros que podrían calificarse de dudoso cobro.
El más conocido y voluminoso es una supuesta transferencia de 1.325 millones de euros del Estado que el Consell denomina "partida reivindicativa" de un nuevo modelo de financiación autonómica, que aparece por tercer año consecutivo en las cuentas y que el Ministerio de Hacienda nunca ha reconocido, aunque ha hecho la vista gorda.
La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) volvía a cuestionar recientemente la inclusión de esta partida. Si no se llega a reconocer, como ha ocurrido en los últimos años, el gasto correspondiente pasaría a engrosar el déficit, que sumaría cerca de 1,3 puntos porcentuales al 0,4% presupuestado. No obstante, 2018 podría ser el primer año en que se cobrase, total o parcialmente, ya que está prevista la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica.
Otra partida de dudoso cobro es la de 300 millones de euros procedentes de las liquidaciones pendientes con las concesionarias sanitarias. La Conselleria de Sanidad ha calculado que estas liquidaciones le reportarán unos 300 millones de euros y la Conselleria de Hacienda ha decidido incluirlo en el Presupuesto de 2018 dado que en ese año generará el derecho de cobro. El problema es que previsiblemente las concesionarias recurrirán dichas liquidaciones, de manera que no solo no está claro que pueda cobrar esa cantidad sino que es muy improbable que lo haga en 2018. De hecho, más de la mitad de esta cantidad, 171 millones, corresponde a pleitos ya entablados con la concesionaria el Hospital de Manises, que no se han resuelto ni siquiera en primera instancia. De no percibirse ninguna cantidad, el agujero en las cuentas de la Generalitat equivaldría a casi 0,3 puntos de déficit.
A todo esto hay que añadir que el conjunto de la previsión de ingresos, la mayoría por impuestos y tasas, se basa en una mejoría de la economía muy optimista. Cuanto más crece la economía más recaudación se prevé.
El Consell basa sus expectativas en un crecimiento del PIB valenciano en 2018 del 3,1%, ocho décimas más que la última previsión del Gobierno para el conjunto de España, el 2,3%, tras la rebaja de tres décimas hace dos semanas por la crisis de Cataluña. Nunca se ha dado tal diferencia entre España y la Comunitat. La Conselleria de Economía, que ha realizado las previsiones, no ha tenido en cuenta esa revisión a la baja y ha mantenido sus previsiones.
Precisamente, la Airef advertía hace pocos días de que "la prolongación en el tiempo de la incertidumbre derivada de la inestabilidad política en Cataluña podría afectar significativamente al crecimiento de la economía, en una horquilla que podría oscilar del 2,3% al 1,5%, y, en consecuencia, a la evolución de los ingresos autonómicos distintos de los derivados del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), lo cual disminuiría para la Comunitat Valenciana la probabilidad de cumplimiento del objetivo de estabilidad en 2018, que pasaría a ser muy improbable".
Un último dato. Hace solo un mes, BBVA Research presentaba sus previsiones para la Comunitat Valenciana, con un crecimiento en 2018 del 2,7%, cuatro décimas menos que la previsión del departamento que dirige Rafael Climent.
