Cristóbal Montoro. Foto: EFE/ J.P.GandulVALÈNCIA. La disputa política cada día más intensa sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, con los presidentes Ximo Puig y Alberto Núñez Feijóo como principales protagonistas, tiene un reverso en el debate técnico, donde la discrepancia no es tan intensa ni con los mismos bandos que en la política. Tiene lugar en el Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano formado por técnicos de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas que debe elaborar una propuesta de nuevo modelo.
Este órgano tiene previsto celebrar la que será su última reunión la próxima semana después de esperar tres meses en vano a que el ministerio que dirige Cristóbal Montoro presentase la propuesta del Gobierno, como se comprometió a hacer, para que pudiese ser estudiada y debatida desde el punto de vista técnico.
Hartos de esperar, los representantes de varias Comunidades Autónomas, entre las que destacan Galicia, Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana y La Rioja –aquí no hay discrepancias–, plantearon un ultimátum: o se presenta una propuesta o no volvemos. La respuesta del Gobierno ha sido cerrar los trabajos del Comité Técnico en una última reunión la próxima semana, con la promesa de presentar, ya después de Semana Santa, la propuesta del Gobierno.
El Comité Técnico tuvo su sesión constitutiva el pasado 2 de noviembre y ha celebrado con mucha discreción reuniones aproximadamente cada 15 días. Reuniones cada vez más frustrantes para los representantes de las 14 CCAA –todas, excepto País Vasco, Navarra y la intervenida Cataluña–, que han visto como la representante del Ministerio y presidenta del Comité, Belén Navarro –secretaria general de Financiación Autonómica y Local–, ha ido retrasando desde mediados de diciembre la presentación de la propuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
La tardanza del Gobierno choca con los discursos de Rajoy y Montoro, que aseguran tener prisa por reformar el sistema de financiación –que debería haberse cambiado en 2014– y culpan al PSOE de no sentarse a hablar. De momento, no hay ninguna propuesta sobre la que hablar.
Tampoco tiene mucho más que evaluar el Comité Técnico Permanente de Evaluación, que arrancó con la petición a las CCAA de que presentasen sus propuestas, que Gobierno evaluaría para plantear entonces la suya. Las CCAA cumplieron y presentaron sus propuestas a finales de noviembre. El 15 de diciembre se esperaba la de Montoro, pero ni cumplió ese día ni en las siguientes reuniones, en las que los expertos han estado debatiendo cuestiones técnicas colaterales sin poder estudiar una propuesta concreta.
Está por ver si la propuesta que el Gobierno promete ahora para abril se presenta ante el Comité Técnico, que tendría que reabrirse para evaluarla y mejorarla desde el punto de vista técnico, o directamente al CPFF, órgano donde el debate sería más político que técnico.
Lo más probable es que sea lo segundo, dado que el PP ha demostrado que prefiere un acuerdo político antes que técnico, como ya demostró con la aprobación del nuevo Cupo vasco. De hecho, Rajoy y todo el PP llevan meses repitiendo un argumentario en el que exigen al PSOE que se siente a negociar el nuevo sistema de financiación, cuando son el Gobierno y las CCAA los que tienen que acordarlo antes en el CPFF para después ser convalidado en el Congreso.
Hay una segunda razón por la que Montoro preferirá el CPFF al Comité Técnico, y es que mientras en el plano político hay un creciente enfrentamiento entre las CCAA que deja al Gobierno como árbitro, en el Comité Técnico hay bastante consenso entre los representantes autonómicos con planteamientos que no gustan al Ministerio. Por ejemplo, la necesidad de un reparto diferente de los impuestos que otorgue más dinero a las CCAA y menos a la Administración Central y a los Ayuntamientos.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
