ALICANTE. El Hércules podría perder su derecho al uso y disfrute del estadio José Rico Pérez si el nuevo propietario de la instalación "no manifiesta expresamente que quiere continuar con el contrato de arrendamiento vigente".
Así lo dejaba claro Miguel Hernández, administrador concursal de Aligestión Integral este jueves en el transcurso de la Junta General Ordinaria de Accionistas del club blanquiazul.
La entidad cuenta con un contrato de arrendamiento por 25 años del estadio que pertenece al conjunto de bienes y derechos de Aligestión Integral que van a salir a subasta en las próximas semanas, en la primera quincena de enero, dentro del proceso de liquidación de esta mercantil propiedad entre otros de Enrique Ortiz. El problema estriba en que el postor que se haga con ese bien inmueble tiene derecho a hacerlo libre de cargas, por lo que el citado contrato de arrendamiento sería papel mojado.
No obstante lo anterior, desde el Hércules se han apresurado a adelantar que iniciarían otra batalla legal para el caso de que el nuevo propietario no quisiera continuar con el arrendamiento, al tiempo que Carlos Parodi, presidente de la entidad apuntaba que también se abría la posibilidad a negociar un arrendamiento menos gravoso para las arcas del club blanquiazul y es que en la actualidad se paga anualmente el siete por ciento de los ingresos brutos por temporada, corriendo también por cuenta del Hércules los gastos de mantenimiento.
El estadio ya fue puesto a la venta el pasado mes de junio, mediante la fórmula de 'venta directa' pero, aunque Miguel Hernández no ha querido precisar si se llegó a recibir ofertas, la realidad es que no las hubo.
Tras esa venta fallida, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) manifestó su intención de acudir a la ahora inminente subasta, como acreedor de Aligestión que es por 'culpa' del tristemente famoso aval de 18 millones de euros prestado a la Fundación, declarado el pasado verano ilegal por la Comisión Europea que reclama al Hércules 6,9 millones de euros. Con la adquisición del estadio y su posterior venta, el banco del Consell compensaría parte de esa deuda millonaria.
Aligestión Integral se declaró en concurso de acreedores en 2012, precisamente para esquivar las reclamaciones del IVF, si bien no pudo 'remontar el vuelo' y entró hace justo un año en fase de liquidación.