ALICANTE (EP/AP). La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante ha acordado el procesamiento del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, por un delito de prevaricación administrativa por el despido de una trabajadora interina, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, en supuesta represalia por la denuncia que interpusieron los populares y que dio pie a la causa por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio cuando Echávarri estaba al frente de la misma y en la que también se encuentra procesado.
La magistrada considera que "existen indicios" de que el decreto de cese de la trabajadora "obedece únicamente a la voluntad del alcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder, dando apariencia de legalidad a su voluntad que se erige como fuente del derecho y ejerciendo sus facultades de una forma manifiestamente arbitraria".
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza ha acordado seguir adelante con el procesamiento de Echávarri pero ha archivado la causa contra el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, porque firmó el decreto de cese de la funcionaria por orden del alcalde.
La Fiscalía había pedido a mediados de marzo procesar a Echávarri al considerar que existen indicios de delito de prevaricación en el despido de la cuñada de Barcala del puesto que ocupaba como interina en la Concejalía de Cultura. El acusador público abrió diligencias a instancias de la denuncia presentada por dos activistas vecinales, que advirtieron una actitud arbitraria en la decisión del primer edil: bien por actuar ahora sólo frente a una trabajadora en particular, o bien por no haber conocido y no haber actuado frente al conjunto de trabajadores interinos que se encontrasen en las mismas condiciones que la empleada cesada.
Al respecto, el auto de procesamiento por el despido de la trabajadora municipal especifica que el 18 de abril de 2017 el PP presentaba la denuncia en Fiscalía por el supuesto fraccionamiento de contratos de Comercio y que "ese mismo día" Echávarri llamó por teléfono a Carlos Giménez para indicarle que "tenía que cesar de forma inmediata a una funcionaria interina" que identifica como "la cuñada de Barcala", según recoge el escrito del juzgado.
La trabajadora cesada había sido contratada sin cargo a plaza para la puesta en marcha de las salas de exposiciones de Las Cigarreras y el MACA, y una vez finalizado este trabajo fue destinada al museo de la Lonja y al Centro Municipal de las Artes, traslado esgrimido por Echávarri para justificar el despido.
En el momento del cese, Giménez se encontraba en Santander, por lo que el alcalde le indicó que "se encargaba él de todo", según continúa el escrito de procesamiento, en el que se narra que a continuación Echávarri contactó con un técnico de Recursos Humanos a quien dio la orden de "preparar" el decreto de cese de la trabajadora "sin indicarle al técnico la causa por la que debía ser cesada", indica el escrito.
El técnico, "extrañado por la anormalidad que suponía recibir tal orden directa del alcalde", contactó con Giménez, quien le indicó que solicitara a Echávarri la orden por escrito, pero éste se negó por lo que finalmente el técnico hizo constar en el expediente "que había recibido una orden verbal" del alcalde.
Por su parte, Giménez declaró ante la jueza que cuando se entrevistó con el alcalde para firmar el decreto de cese, Echávarri le comunicó que "tenía un expediente desde hace tiempo encima de la mesa que avalaba el despido", que incluía el apoyo "unánime" de los sindicatos, un requerimiento del Síndic de Greuges y un informe de la Concejalía de Cultura.
En ese sentido, el expediente referido por Echávarri contradecía lo declarado por el entonces edil de Cultura, Daniel Simón, quien testificó en la fase de instrucción que desde Cultura "nunca han comunicado ni al alcalde ni a otra instancia del Ayuntamiento que dicha funcionaria no era necesaria".
Al respecto, Simón aseguró al prestar declaración que "no podían renunciar a una técnico de museos, por interina que fuera, so pena de poder incurrir en irresponsabilidad que dejara sin servicio a los centros culturales municipales". Así mismo, Echávarri también refirió a un requerimiento del Síndic de Greuges que en octubre de 2016 recomendaba la sustitución de todos los interinos por funcionarios de carrera pero que "no se refería a la funcionaria cesada en concreto si no en general" a todos los interinos, según recoge el escrito del juzgado.
Ante esto, el escrito de procesamiento especifica que la funcionaria cesada era una de los 47 trabajadores interinos del consistorio, "de los que al menos tres más no desempeñaban las funciones objeto del nombramiento" siendo ella la única cesada en abril de 2017, hecho que motivó una declaración institucional del pleno de 28 de abril en el que se condenaba la adopción de medidas "de forma arbitraria o con presunto abuso de poder" por parte de Echávarri.
Ante esto, la jueza menciona en el escrito de procesamiento que la Ley contempla que un trabajador interino "podrá prestar los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras en las que desempeñe funciones análogas" y si bien reconoce que en el caso de la funcionaria cesada ya había expirado el plazo, considera a su vez que "ésta no fue la causa que se invocó en el decreto de cese".
