X AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar Más información

posición municipal tras la sentencia sobre alcoinnova

Alcoy asume el aval del Supremo a la ATE de La Española y confía en 'vigilarlo' junto a la CHJ 

27/02/2017 - 

ALCOY. El Ayuntamiento de Alcoy asume la derrota en la contienda legal entablada para frenar y reorientar el proyecto de parque empresarial impulsado en el acceso sur del municipio por el grupo La Española como Actuación Territorial Estratégica (ATE): la única aprobada definitivamente hasta ahora en toda la Comunitat. El alcalde de Alcoy, el socialista Toni Francés, ha asegurado este lunes en una comparecencia pública que "para el Ayuntamiento nunca ha sido fácil la imposición de este proyecto en una ubicación como la que se ha planteado", en la partida de La Canal, en las faldas del parque natural de la Font Roja y en el área de influencia del principal acuífero del que se abastece el municipio

En esta línea, ha insistido en que "el Ayuntamiento no es un partido, ni una plataforma; tiene que gobernar en función del interés general y se debía buscar el equilibrio para buscar el beneficio de la ciudad desde el punto de vista económico y medioambiental". Ha sostenido que la ATE conocida como Alcoinnova es "un proyecto tractor, dinamizador que puede suponer un revulsivo para la comarca". "Estamos hablando de una de las empresas más importantes de la ciudad y de la provincia, por lo que se debía valorar que no se perdiese esa inversión". Eso sí, ha recalcado que también se debía combinar ese proyecto con el respeto al medio ambiente. "Se trata de una ubicación complicada. Es una zona que la Generalitat Valenciana ha estado protegiéndola durante las últimas décadas, no sólo por la existencia del acuífero de El Molinar, sino por su valor como corredor ambiental", ha dicho. 

De ahí que, según Francés, el equipo de Gobierno defendiese desde el principio que no era la mejor ubicación y que existían alternativas. Y ha recalcado que "no estábamos de acuerdo en la forma que el PP utilizó para tramitar el proyecto". "Debió ser una decisión compartida con el Ayuntamiento de Alcoy; por eso desde el principio solicitamos codecidir, poder participar en la toma de decisiones". "Esa petición no fue escuchada, no se nos dio una respuesta", ha señalado, lo que abocó al Ayuntamiento a defender los intereses de Alcoy a través de un contencioso contra la aprobación de esa ATE. 

En ese recurso, según el primer edil, se defendía la autonomía local, la capacidad de codecisión y se argüía la diferencia de trato respecto a otras ATEs como la del Nuevo Mestalla, en la ciudad de València, en la que sí se dio participación al Ayuntamiento. Con todo, ha recordado que en noviembre de 2015, el TSJ ya desestimó ese recurso, que se acudió al Tribunal Supremo (TS) y que su aval definitivo al proyecto se conoció el pasado sábado. Sobre esos mimbres, según Francés, "a día de hoy podemos seguir opinando que no será la mejor ubicación la zona de La Canal para el proyecto. Seguimos pensando que hay alternativas con mayores garantías y continuamos pensando que el PP no actuó correctamente al tomar esa decisión. Lo que no podemos seguir afirmando es que este proyecto no es legal y que no cumple con la normativa vigente". 

En suma, que los tribunales "han hablado con claridad y han determinado que la ATE se ajusta a derecho" por lo que continúa con su proceso de tramitación. "La Generalitat nunca debió actuar como actuó, sea legal o no, no se puede pisar la capacidad de un ayuntamiento para decidir sobre su territorio", ha abundado Francés. Pero ha admitido que "no queda otra cosa que hacer que respetar la decisión judicial y trabajar para que el proyecto cumpla todos los parámetros y condicionantes para que una zona tan sensible y de tanta importancia mantenga sus valores y que las actividades que se desarrollen sean seguras. Que sea el proyecto que todos queremos que sea". 

El rechazo de las alternativas

El alcalde ha mantenido que en todo momento se ha respetado la posición de la empresa, "que tiene en su propiedad unos terrenos en los que quería desarrollar el proyecto". En este sentido, ha apuntado que resulta "normal" que rechazase no sólo el emplazamiento alternativo planteado por el equipo de Gobierno, en la zona de Pagos, "sino otras ubicaciones que se le han planteado en otras zonas y que siempre ha rechazad porque no se ajustaba a sus objetivos". 

Ahora, ha detallado que el proceso no varía. Como publicó Alicante Plaza, el proyecto de urbanización y reparcelación está en exposición pública y en proceso de evaluación ambiental que debe aprobar la Generalitat, en un plazo máximo de entre cuatro y seis meses, lo que implicaría que el Ayuntamiento debería conceder entonces la licencia de obra para que se iniciasen los trabajos de urbanización. Sea como fuere, Francés ha recalcado que a apartir de ahora la instalación de cada empresa en ese futuro parque deberá contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que debe supervisar actividad por actividad

En ese escenario, Francés da por hecho que "si todo va bien, el Ayuntamiento deberá conceder licencia a final de año". De hecho, pese a que existe un segundo contencioso pendiente de resolución en el TSJ (pendiente de deliberación para noviembre) el equipo de Gobierno no tiene "mucha esperanza" en que se altere la validez del proyecto, por la contundencia del fallo previo de ese mismo tribunal y del TS. Eso sí, ha insistido en que se pueden introducir condicionantes sobre ese proyecto de urbanización y reparcelación, como ya el Ayuntamiento ya hizo en la fase de tramitación previa. Y ha dejado entrever que se seguirá en esa línea para introducir mejoras. 

Noticias relacionadas

next